El 25 de marzo de 2026, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que define “la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud racial de los africanos como el crimen más grave contra la humanidad”, por su escala, duración, brutalidad y por las consecuencias que aún persisten hoy. La resolución se aprobó con 123 votos a favor, 3 en contra y 52 abstenciones. El Nuevo Mundo avanza; el Viejo se resiste, se obstina en rechazarlo, y se condena a repetir los errores del pasado. El colonialismo no pertenece a la Historia. No es pasado. Sigue influyendo en las relaciones económicas, jurídicas y políticas del Presente.

La resolución fue presentada por decenas de países africanos, caribeños y latinoamericanos. Han exigido disculpas oficiales, devolución de bienes culturales, reparaciones, justicia restaurativa. El significado es profundo: los crímenes contra la humanidad no pueden archivarse como si pertenecieran a otro mundo, porque sus consecuencias aún estructuran el mundo de hoy.

La mayoría de la Asamblea votó a favor. Los tres países que votaron en contra fueron Estados Unidos, Israel y Argentina. Los cincuenta y dos que se abstuvieron, entre ellos estaban todas las principales naciones con una historia comprometida en términos colonialistas. Es decir, desde la Unión Europea hasta el Reino Unido, desde Canadá hasta Japón. Los cincuenta y dos justificaron su postura con tres argumentos jurídicos: no se deben crear jerarquías entre crímenes contra la humanidad; el derecho internacional no es retroactivo; no existe una obligación legal de reparar hechos que en su momento no eran formalmente ilegales.

Son argumentos que parecen técnicos, legalistas, pero en realidad son profundamente políticos. Revelan, además, que quien hoy se niega a ajustar cuentas con la Historia suele ser el mismo que reescribe las reglas para producir nuevas formas de exclusión.

Decir que no debe establecerse una jerarquía entre distintos tipos de crímenes contra la Humanidad, es formalmente correcto, pero la trata transatlántica y la esclavitud racial no fueron solo una serie de crímenes. Fueron un sistema jurídico y económico mundial que duró cuatro siglos, que organizó la división del trabajo entre continentes, la acumulación de riqueza, la construcción de los Estados modernos y de las jerarquías raciales globales. Reconocer su especificidad histórica no significa establecer una clasificación del dolor, sino reconocer la naturaleza sistémica de aquel crimen.

Decir que el Derecho no es retroactivo es un principio fundamental del derecho penal, concebido para proteger a los individuos de leyes arbitrarias, pero aquí no se trata de juzgar a individuos que vivieron hace siglos. Se trata de responsabilidades históricas, económicas y políticas de Estados e instituciones que aún existen hoy y que sobre aquel sistema construyeron parte de su riqueza. No se habla de retroactividad penal, sino de justicia restaurativa, que ya ha existido en muchos casos a lo largo de la historia: desde las reparaciones pagadas por Alemania tras el nazismo hasta las indemnizaciones para las víctimas del apartheid.

Decir que no existe una obligación legal de reparar es una afirmación políticamente reveladora, porque el derecho internacional no es inmutable: cambia con el tiempo, se construye a través de tratados, sentencias, resoluciones y relaciones de fuerza. Decir que no existe una obligación significa, en realidad, decir que no se quiere que esa obligación exista. Es una elección política presentada como una necesidad jurídica.

El voto en la ONU, por tanto, no fue solo un voto sobre el pasado. Fue un voto sobre cómo leer el presente.

El caso de Italia es perfectamente ilustrativo, la representación en la ONU se abstuvo como el resto de la Unión Europea. En los últimos años se han introducido normas que permiten prohibir la entrada de embarcaciones en aguas italianas en caso de «presión migratoria excepcional». Pero cuando la excepción se convierte en la regla, el derecho se vuelve discrecional y la discrecionalidad se convierte en suspensión permanente de los derechos. Las organizaciones de rescate en el Mediterráneo lo llevan años repitiendo: estas políticas no sirven para gestionar los flujos, sirven para impedir los rescates. El resultado es claro: más muertes en el mar, convertidas en rutina e indolencia.

Desde 2014 hasta hoy, según las organizaciones internacionales que monitorean las migraciones, las personas muertas o desaparecidas en el Mediterráneo son decenas de miles, pero la cifra real es probablemente mucho mayor. Porque no se contabilizan los cuerpos que quedan en el fondo del mar, ni a las personas que mueren en los centros de detención libios, antes siquiera de llegar a la costa. Además, en Libia, Europa está presente con financiación, acuerdos, entrenamiento y patrulleras. En los últimos años, organizaciones jurídicas y grupos de abogados internacionales han presentado ante la Corte Penal Internacional denuncias que acusan a funcionarios europeos de complicidad en los crímenes contra los migrantes detenidos en Libia. Casos de secuestros, torturas, violaciones, trabajo forzoso.

Mientras tanto, en tierra firme, dentro de las fronteras de la Unión Europea, existe otro sistema que puede considerarse una nueva forma de esclavitud: el reclutamiento ilegal de mano de obra (caporalato, un sistema ilegal de intermediación laboral). No está relegado a centros de detención libios, sino a los campos, los galpones, los almacenes de la gran distribución. En Italia, cientos de miles de trabajadores agrícolas o temporeros, en su mayoría migrantes, trabajan en condiciones de explotación extrema. Salarios de pocos euros por hora, jornadas sin horarios, viviendas infrahumanas, dependencia total del capataz para el transporte, la comida, incluso el agua. Según diversas estimaciones, el trabajo irregular y la explotación en la agricultura mueven cada año decenas de miles de millones de euros y constituyen una parte estructural de cadenas productivas enteras. Situaciones análogas se dan también en la construcción, la logística, el trabajo de los repartidores y los estibadores de la gran distribución.

En los últimos meses, en Italia, el Gobierno impulsó una reforma de la Justicia que muchos jueces y juristas interpretaron como un intento de debilitar la independencia de los fiscales, es decir, de quienes investigan la corrupción, la explotación laboral y las relaciones entre política e intereses económicos. El referéndum se celebró los días 22 y 23 de marzo. La reforma fue rechazada. No fue solo un voto técnico sobre la justicia. Este voto negativo fue también una negativa o renuncia al control de la legalidad, en un país donde las grandes investigaciones sobre el caporalato, las contratas y la explotación afectan a enormes intereses económicos.

El voto en la ONU, las abstenciones occidentales, las políticas migratorias, Libia, el caporalato, el enfrentamiento sobre el poder judicial no son hechos separados. La historia no cambia de sustancia, cambia de forma. En este sentido, la palabra «clandestino» es la prueba ya que sirve hoy para hacer lo que la ley colonial hacía, solo que con otros nombres. La resolución de la Asamblea General establece que la esclavitud fue un sistema que transformó a los seres humanos en propiedad y la violencia en norma. Hoy esa transformación ya no ocurre a través del derecho de propiedad sobre los seres humanos, sino a través de la producción de personas sin derechos. En forma del migrante que puede ser dejado morir en el mar, el trabajador irregular que puede ser explotado sin protección, la solidaridad que puede ser criminalizada, la tortura que puede ser externalizada fuera de las fronteras geográficas y jurídicas.

Reducir la esclavitud a un crimen es limitante; fue un sistema económico, jurídico y político global. Cuando un Sistema produce masas de personas desprovistas de derechos, chantajeables, explotables, expulsables, detenibles sin garantías, la pregunta que la Historia nos plantea es inevitable: ¿basta con cambiar la forma de un Sistema para decir que también ha cambiado la lógica sobre la que se sostiene?

Escribía Pier Paolo Pasolini: «La puerta de la historia es una puerta estrecha: meterse dentro cuesta un espantoso trabajo; hay quien renuncia y quien no renuncia pero lo hace mal y saca el gato del maletero y quien quiere entrar a toda costa, a codazos pero con dignidad».

Sin una reforma del orden internacional, la consecuencia lógica dice que el paso no será pacífico. Y entonces, los occidentales, ¿estamos seguros de querer asumir esta grave responsabilidad histórica?