En los anales de la psicología del poder existe una verdad incómoda que rara vez aparece en los titulares: el narcisista patológico no acepta límites. Cuando alguien con poder real, ya sea cargo electo o no, padece este trastorno del narcisismo, … malo, malo. Cualquier intento de frenarle se convierte en un disparador. No lo encara como una invitación al diálogo o transacción. No. Es un ataque directo a su ser y, como tal, así lo vive intensamente: toda pregunta, examen o control, auditoría, y todo lo propio en Democracia …, es interpretado como una agresión personal que debe ser contestada agresivamente.

PARTE PRIMERA: Cuando el narcisismo patológico se sienta en el Despacho Oval

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha gobernado con escalada, nunca con moderación. Ya lo advirtió durante los cuatro años de Biden: volvería para purgar a quien osara disentir. Así ha sido. Cambio drástico en el Legislativo, depuraciones de altos funcionarios del Ejecutivo, purgas en las Agencias de inteligencia y ¿dimisiones? en el Ejército.

Esa promesa se ha cumplido en su segunda legislatura. Esta lógica perversa —incomprensible para la mente democrática— es, sin embargo, la única clave que permite descifrar su comportamiento. Por extensión, en este actuar está el nudo gordiano del preocupante estado de salud de la Democracia estadounidense y si acaso también la cordura de su presidente.

La lógica del espejo: ¿cómo funciona el narcisismo en el poder?

El narcisista patológico se alimenta de una sustancia psicológica que los expertos denominan «suministro» (supply), que no es otra cosa que la sensación y satisfacción al sentir poder y control sobre los demás.

Su autoestima, frágil y dependiente del exterior, requiere una inyección constante de dominación. Cualquier intento de poner límites como una Tribunal o Organismo de control, que falla en su contra, un congresista que se opone, una Norma existente que lo restringe, etc, todo ello es interpretado dentro de su lógica invertida (la del narcisismo patológico) como una provocación deliberada, un desafío a su autoridad y, por lo tanto, una invitación a la represalia.

El ciclo es predecible. Cuando en el Poder se asienta o se ejerce desde dicha patología, al sentirse cuestionado, el narcisista experimenta una pérdida de control que le genera un malestar emocional insoportable. La única forma de restaurar su equilibrio interno es castigar al agresor percibido, demostrando que nadie puede decirle lo que no debe hacer. No se trata de política, sino de psicopatología aplicable como diagnostico al Gobierno de una nación. A la vista está en la actualidad y en las descargas de Trump iracundo desde «true social» y pasarán a los anales de la Historia «de lo más lamentable en un jefe de Estado».

Trump y los aranceles: el laboratorio del narcisismo en acción

Volviendo a la actualidad y EE.UU. 2026. El caso de los aranceles globales impuestos por Donald Trump es un ejemplo de manual de este mecanismo. Cuando el Tribunal Supremo comenzó a cuestionar la legalidad de su política arancelaria (argumentando que la Constitución otorga al Congreso, no al presidente, la facultad de fijar impuestos o aranceles a las importaciones), la reacción de Trump y su Gabinete fue instantánea. Lejos de reconsiderar su postura, Trump se sintió psicológicamente obligado a redoblar la apuesta. No solo mantuvo los aranceles existentes, sino que anunció nuevos gravámenes globales. A veces doblándolos como revancha.

En este análisis partimos de que el mensaje implícito, o como lo vive Trump, es inequívoco. Podría resumirse en, «me has hecho sentir menos poderoso, menos en control. Para recuperar mi suministro narcisista, tengo que castigarte. Tengo que demostrarte que puedo hacer exactamente lo que me dijiste que no puedo hacer». Los jueces conservadores del Tribunal Supremo, incluidos varios de los nombrados por el propio Trump, durante su primer mandato, mostraron un claro escepticismo y dieron respuesta inusualmente firme ante esta concentración de Poder ejecutivo. Sin embargo, la dinámica ya estaba en marcha.

Más allá de un hombre: la captura oligárquica del sistema

Pero sería un error reducir esta crisis a la psicología de un solo individuo. Trump es, ciertamente, el síntoma más visible de una enfermedad más profunda. La historia de Estados Unidos es, en gran medida, la historia de una oligarquía presidencialista, donde el poder real ha residido siempre en un subconjunto reducido y no especialmente representativo de la población. Es decir, el pueblo (“We The People”) elige de entre el subconjunto de sus élites económicas, académicas y de influencia. Esa ha sido de siempre la procedencia de la mayoría de los que fueron electos, ya sea para el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, e incluso las Fuerzas de Orden Público. Siendo el Ejército, si acaso, uno de los contrapoderes menos afectados por esta mecánica de sesgo, respecto de una democracia equilibrada o “ideal”.

Desde la Independencia de los EE.UU., el sistema bipartidista se instauró como un mecanismo de alternancia controlada entre Demócratas y Republicanos. Rara vez un candidato de un tercer partido ha logrado romper este duopolio, y ninguno ha llegado a la presidencia. Pero ha habido excepciones notables que alcanzaron cierto peso electoral: Theodore Roosevelt (Progresista, 1912) logró 88 votos electorales y un 27,5% del voto popular; Robert La Follette (Progresista, 1924) obtuvo 13 votos electorales; Strom Thurmond (Dixiecrat, 1948) logró 39 votos electorales; y George Wallace (American Independent, 1968) consiguió 46 votos electorales, siendo hasta hoy el último candidato no perteneciente a los dos grandes partidos en ganar votos del Colegio Electoral. Más recientemente, el independiente Ross Perot alcanzó un 19% del voto popular en 1992, aunque sin obtener ningún voto electoral (véase al respecto en la Wikipedia).

Ambos partidos aceptan las reglas democráticas, sí, pero las han moldeado para servir a los intereses de las clases dominantes. Las enmiendas constitucionales, el case law y los mecanismos de checks and balances han permitido que el sistema se mantenga funcional durante siglos, pero siempre con un fuerte sesgo en favor de los más afortunados y, desde el siglo XX, de las Corporaciones.

Mención obligada para el objeto de este análisis es la Sentencia del Tribunal Supremo, ya en el Siglo XXI, en el caso Citizens United (2010) que legalizó la compra de la política. Porque equiparó el dinero donado a las campañas, lobbies, grupos de presion, etc, con la libertad de expresión, abriendo las compuertas al gasto electoral sin límites.

De aquel fallo judicial nacieron posteriormente los SuperPACs, que no son otra cosa que comités que pueden recibir cantidades ilimitadas de dinero de corporaciones, sindicatos y multimillonarios para influir en las elecciones (especialmente las presidenciales). Aunque en teoría, para gastar esas sumas sin restricciones, estos comités deben operar de manera independiente y sin coordinarse con los candidatos a los que apoyan. En la práctica, esa norma es una ficción. Las líneas entre campañas y los SuperPACs son cada vez más tenues. Hasta el punto de que la prensa suele tratar a estos grupos como parte del aparato de campaña. Los políticos han desarrollado técnicas para sortear la ley, como el “red-boxing”, en el que filtran instrucciones estratégicas a sus SuperPACs afiliados o en sintonía. Como resultado, se consolidan favores, se crean dependencias y se tejen intereses creados que perpetúan la influencia del gran capital en la Casa Blanca.

En la práctica, los PACs y los SuperPACs, son el vehículo perfecto para que los más ricos compren resultados electorales. Las cifras son escalofriantes. En el ciclo de 2024, de los que se tienen datos consolidados, las 300 familias multimillonarias más acaudaladas aportaron 3.000 millones de dólares a las campañas federales. Lo que supuso ya solo esas 300 familias, o clanes, aportaron el 19% de todas las contribuciones declaradas. Otro dato es que se estima que, el gasto total en las elecciones federales de 2024, alcanzó los 16 billones de dólares, y de esa cantidad, la mitad provenía de apenas el 1% de los donantes

No es de extrañar, por tanto, que el 92% de los estadounidenses crea que el Congreso prioriza los intereses de los grandes donantes sobre los de la ciudadanía. Alguien le debe favores, o lealtad, a esas 300 familias o a ese 1% tan acaudalado… Así es entendible que los estadounidenses comunes sienten y dudan, acerca de ¿dónde quedó ese espíritu constitucional de «We The People» y la protección del interés común?

El Tribunal Supremo: un bastión conservador para décadas

Uno de los legados más duraderos de Trump será la transformación del poder judicial. Durante su primer mandato, ya nombró a tres jueces del Tribunal Supremo afiliados a la Sociedad Federalista. A saber, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, además de nombrarse cientos de jueces federales de instancias inferiores.

La investigación y análisis académicos, de este proceder, señala que los jueces vinculados a la «Sociedad Federalista» son más conservadores, o más consistentemente conservadores que otros jueces, incluidos los nombrados por presidentes demócratas cuando hay alternancia. Los nombramientos de estos jueces son vitalicios. Lo que implica que, independientemente de quién gane las siguientes elecciones, el sesgo ultraconservador del Tribunal Supremo y de los tribunales inferiores seguirá presente durante décadas.

En su segundo mandato, Trump ha continuado utilizando el mismo «oleoducto» de talento judicial ultraconservador, aunque su relación con la judicatura y la «Sociedad Federalista» ha empeorado. Es decir, las fricciones con este grupo que le suministró la lista de candidatos en su primer mandato, a día de hoy, se ha deteriorado.

El motivo no es baladí. Incluso entre las filas más conservadoras, empiezan a sentir escalofríos profesionales. Juristas eméritos que asientan Doctrina jurisprudencial y que han dedicado su carrera a la causa conservadora, advierten la «tensión real» entre una lealtad al presidente y su juramento a la Constitución y respeto al Estado de Derecho. El propio presidente del Tribunal Supremo, John Roberts (nada menos que un conservador nombrado por el también muy conservador George W. Bush), se ha visto obligado a reprender públicamente a Trump en dos ocasiones. La última vez, por sugerir el impeachment de un juez que falló en su contra. Cuando los guardianes de la Constitución empiezan a temer por su independencia, no es un simple desencuentro político. Es un indicador del preocupante Estado de la Nación (véanse LaSexta, us.noticias.yahoo.com, y Univision.com).

El Pentágono, la deuda y la insostenibilidad del imperio

Si la esfera política muestra signos evidentes de descomposición, la económica no se queda atrás.

Empezando por el Pentágono, … Siendo el departamento con el presupuesto más abultado del mundo, ha suspendido su auditoría financiera por octavo año consecutivo. Desde que la Ley, de 2018, exige sea sometido a una auditoría anual, el Departamento de Defensa no ha logrado aprobar ni una sola de ellas. Siendo la única Agencia Federal, de las 24, que no puede rendir cuentas cabalmente de sus gastos.

La incapacidad del Pentágono para superar una auditoría financiera, implica que ni en el Departamento de Defensa (ahora renombrado (Departamento de la Guerra) se sabe con certeza en qué se gastan sus billones de dólares, ni cuál es la racionalidad del gasto. La respuesta del Congreso y el Senado, sin embargo, ha sido sistemáticamente la misma. Se sigue aprobando el presupuesto a grandes rasgos, sin una fiscalización efectiva. Hay algún rifirrafe entre republicanos y demócratas, pero solo de cara a la galería, aprobándose finalmente una situación contable anómala que se perpetúa año tras año

En paralelo, la Deuda Pública Federal ha superado los 38 billones de dólares, con un déficit proyectado de 1,9 billones solo para el año fiscal 2025, equivalente al 6,2% del PIB. Por otra parte, la Deuda privada (en manos de empresas y familias) de roza ya el 100% del PIB.

La «no-alternativa» al dólar no tiene una sola razón, ni es solo económica. Es también geopolítica. El estatus del dólar como divisa internacional de reserva es un privilegio que permite a Estados Unidos endeudarse en su propia moneda. El mundo entero, es decir China, Japón, los fondos de pensiones noruegos, los bancos centrales del Golfo, etc, … aceptan comprar esa deuda como si fuera oro. No porque el dólar sea sólido y dorado. Saben que no lo es. Sino porque no hay alternativa viable a corto plazo. Mientras tanto, esa falta de alternativa sostiene el tenderete de las élites, tanto las de EE.UU. como sus equivalente en el resto del planeta. En esta interesada «falta de alternativa» se esconde el verdadero poder del hegemón ultraendeudado estadounidese. Se financia a costa de los demás para ejercer de «poli-malo» de un Orden mundial que, aunque decrepito, les sigue siendo rentable a unos pocos pero muy afortunados.

A todo esto, que nadie espere que los BRICS vengan a salvar nada. Su estrategia no es confrontar, sino sobrevivir. No ofrecen una alternativa al mundo financiarizado por las élites. Solo buscan no ser devorados por él, actuando en mutuo apoyo. Una ironía que se agranda al recordar que, a día de hoy, los países miembros de este bloque representan ya más de la mitad de la población mundial (véase RioTimesOnline).

En otras palabras, el dólar no es fuerte pese a la decadencia de EE.UU. (sea relativa o absoluta, o mediopensionista). Sigue aún fuerte o se sostiene, porque esa decadencia, gestionada desde arriba, sigue siendo rentable y necesaria para una minoría excelsa. O bien, válida o útil para las élites a lo largo y ancho del planeta.

En Estados Unidos, la foto es aún más descarnada. El 1% de las familias posee ya casi el 32% de la riqueza nacional, mientras que la mitad más pobre de la población apenas atesora el 2,5% del pastel. La brecha entre los que viven de los activos financieros y los que viven de su salario se ha convertido en un abismo.

Mientras los más ricos veían crecer su patrimonio gracias a la revalorización de acciones y propiedades, los trabajadores de a pie han visto sus ingresos reales estancarse. A lo largo de 2025, los salarios reales se contrajeron ligeramente por la inflación, y el poder adquisitivo de los hogares de bajos ingresos apenas ha registrado algún incremento testimonial. El salario mínimo federal sigue congelado en los 7,25 dólares/hora desde 2009. Para un trabajador que dependa de ese sueldo, el sueño americano es eso, un sueño cada vez más inalcanzable (véase IzquierdaWeb).

Por eso, aunque la Casa Blanca esté ocupada posiblemente por un narcisista patológico, o bien otro octogenario gagá, y la democracia estadounidense esté profundamente tocada (ya partiendo de su sesgo oligárquico, desde aquel 4 de julio, de 1776). Para los expertos en esto de “calidad democrática”, hoy es una «democracia defectuosa» (véase LeGrandContinent.eu) y está en el puesto 29 del mundo.

Esto explica que el Mundo, de la mano de EEUU y la UE (disimuladamente), además de algunas otras sociedades orientales, caminemos todos hacia un régimen de tecnovigilancia social justificado en nombre de la seguridad. ¿La seguridad de qué o de quién?: de las élites que se reúnen cada enero en Davos. Son los dueños del capital global, gestores de fondos, tecnólogos que aspiran a vigilar cada movimiento y políticos bisagra. No importa el país ni la bandera. Lo que importa es que el sistema siga funcionando para ellos. Mientras tanto, el resto del mundo, que somos el 90% que sostiene esta farsa con su trabajo y su silencio, observa cómo dos jefes de Estado, uno movido por el narcisismo patológico y otro por un delirio mesiánico, arrastran el planeta al abismo (ya sabremos quien es cada cual, de estos dos insinuados).

Así, ¿hasta cuándo? Esa es la pregunta que nadie responde en Davos.

El ocaso de la democracia estadounidense, detalles, por si alguien aún duda

El cuadro que emerge es el de una Nación que ha dejado de ser el modelo democrático que una vez pretendió encarnar. Según el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit, Estados Unidos es hoy una «democracia defectuosa», con una puntuación de 7,85 sobre 10. El «Democracy Meter» de The Century Foundation sitúa al país en 57 sobre 100, una caída del 28% en un solo año (véase Trumpthe1st.com).

Los expertos advierten de que el retroceso democrático no es un accidente, sino el resultado de décadas de erosión sistemática: el dominio de las élites, la captura del poder judicial, la impunidad fiscal del Pentágono, la deuda insostenible y, sobre todo, la creciente concentración de poder en la figura de un ejecutivo que se comporta cada vez más como un César antes que como un presidente.

Trump ha ampliado y «herniado» las atribuciones presidenciales hasta hacerlas irreconocibles, respecto al diseño original de la República. Ha despedido a altos funcionarios, como la comisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales, Erika McEntarfer, por una supuesta deslealtad percibida (no a su función sino a Trump; véase ElPaís). La respuesta de Trump fue inmediata.

Utilizando su red social, Truth Social, ordenó el despido «inmediato» de McEntarfer. La motivación real de la decisión fue claramente política. Según informes de la Casa Blanca, el argumento que más convenció a Trump fue que McEntarfer era una funcionaria designada por su predecesor, Joe Biden, un hecho que ya le molestaba antes de la publicación del informe (véase Infobae y CNN).

Trump, por lo demás, ha desafiado también abiertamente decisiones judiciales. Su gabinete no es solo una mera colección de fieles; es también la Administración más rica de la historia. Conformado por al menos una docena de multimillonarios, la mayoría grandes donantes de sus campañas. El «equipo de Trump» tiene un valor neto combinado (o patrimonio personal) que supera los 460.000 millones de dólares. Sus credenciales no son el currículo, ni la experiencia, sino la lealtad y una cuenta bancaria igualmente descomunal.

Conclusión: un imperio sin frenos y a lo loco

La República de Estados Unidos ciertamente no tiene rey, pero se está comportando como si lo tuviera. O bien puede verse como que tiene un César que gobierna en la cúspide del imperio sin contestación, sin auditorías efectivas y sin contrapesos reales. La combinación de narcisismo patológico en la cúpula, una oligarquía enquistada en el sistema, un poder judicial ultraconservador y vitalicio, y unas finanzas públicas insostenibles dibuja el retrato de una nación en riesgo de colapso democrático.

La República de Estados Unidos ciertamente no tiene rey, pero se comporta como si lo tuviera. Ya que, visto de otro modo, puede decirse que tiene a un César que gobierna en la cúspide del imperio sin contestación, sin auditorías efectivas y con contrapesos meramente testimoniales. La combinación de narcisismo patológico en la cúpula, una oligarquía enquistada en el sistema, un poder judicial ultraconservador y vitalicio, y unas finanzas públicas insostenibles, dibujan el retrato de una Nación en riesgo de colapso democrático. Un miedo o barrunto que sienten muchos allá.

Hasta aquí el estado de las cosas. No se trata de alarmismo. Es el diagnóstico que arrojan los datos y la observación clínica, las hemerotecas más fiables, y los medios en general. Apoyada en lo que dicen también las propias voces autorizadas o más institucionales desde EE.UU.

En cuanto a la patología con la que arrancábamos el artículo y un reel desde FB. Si algo nos enseña la psicología del narcisismo es que el patrón es predecible y la escalada, inevitable. La única pregunta que queda por responder es si los mecanismos institucionales que aún sobreviven, en el Tribunal Supremo, la Prensa, los “Nuevos Medios”, plataformas o las Redes, y la sociedad civil, serán capaces de aunar y consensuar estado de opinión, y concitar una acción clara para contener a tiempo a quien no acepta límites. O si, por el contrario, asistiremos a la transformación definitiva de la democracia estadounidense en una nepo-tecnocracia oligárquica con rasgos cesaristas (y «narcisista»).

{Se continuará en “PARTE SEGUNDA: el Oriente Medio que Occidente por sus intereses nunca abandonó“; y al final las fuentes}