El sistema de Naciones Unidas advirtió a Chile sobre la ilegalidad internacional de indultar a agentes estatales condenados por violaciones a los derechos humanos. Lejos de ser un debate técnico, la propuesta abre una grieta ética, jurídica y humana que reubica al poder político frente a sus propias víctimas.
La advertencia no fue ambigua ni diplomática en exceso. A través de sus Procedimientos Especiales, el sistema de Naciones Unidas expresó “profunda alarma” ante los anuncios del Ejecutivo sobre la posibilidad de otorgar indultos particulares a funcionarios de seguridad sancionados por su actuar durante el año 2019. No se trata de una opinión aislada ni de una lectura ideológica. Es una señal institucional, precisa, que apunta a un límite: hay decisiones que un Estado simplemente no puede tomar sin violar el derecho internacional.
El mensaje es claro. Existe una prohibición tajante frente a medidas de gracia en casos de esta gravedad. No es una recomendación, es un estándar. El derecho internacional de los derechos humanos no deja espacio para ambigüedades cuando se trata de tortura, tratos crueles o violaciones graves cometidas por agentes del Estado. Indultar en ese contexto no es clemencia. Es impunidad.
La advertencia va más allá. Subraya que estas decisiones erosionan la independencia del Poder Judicial y vulneran el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Esto no es un detalle técnico. Es el corazón del problema. Porque cuando un tribunal condena, no solo sanciona. Reconoce. Nombra el daño. Devuelve, en parte, la dignidad que fue arrancada.
El indulto interviene en ese momento.
Lo desarma.
Lo vuelve frágil.
Y en ese gesto, el Estado no solo modifica una pena. Interviene en el proceso de reparación de quienes fueron dañados.
La propia advertencia internacional introduce otro elemento que debería incomodar profundamente a cualquier democracia: el riesgo de crear espacios de “impunidad de hecho”. Esa expresión no es retórica. Describe con precisión lo que ocurre cuando una condena existe en el papel, pero pierde su efecto en la realidad.
Y ahí es donde la propuesta deja de ser un debate político más.
Porque lo que está en juego no es solo el destino de quienes fueron condenados. Es el sentido mismo de haberlos condenado.
Frente a este escenario, el mandato del sistema universal es inequívoco: los Estados tienen el deber de asegurar que los responsables rindan cuentas sin excepciones. Sin excepciones. Esa frase debería bastar para cerrar cualquier discusión honesta.
Pero la discusión no se cierra.
Se abre.
Y se abre porque la propuesta de indultar a agentes estatales condenados no surge en el vacío. Surge desde una narrativa que busca reconfigurar a los victimarios como víctimas. Que sugiere persecución donde hubo sanción judicial. Que intenta desplazar el eje desde el daño causado hacia la incomodidad de quien fue condenado.
Esa operación no es nueva.
Pero sigue siendo peligrosa.
Porque introduce una grieta en la percepción colectiva de la violencia estatal. Desdibuja responsabilidades. Relativiza el abuso. Y, sobre todo, instala una idea inquietante: que el poder puede, en última instancia, protegerse a sí mismo.
Aquí es donde el problema deja de ser solo jurídico.
Se vuelve humano.
Detrás de cada una de esas condenas hay personas que atravesaron un proceso largo, muchas veces desgastante, para obtener algo mínimo: que el Estado reconociera que lo que les ocurrió fue injusto.
No es fácil denunciar al Estado.
No es fácil sostener esa denuncia en el tiempo.
No es fácil enfrentar la duda, la exposición, el desgaste emocional.
Y, sin embargo, muchas personas lo hicieron. Llegaron a juicio. Obtuvieron una condena.
Y en ese momento —ese momento preciso— ocurre algo fundamental: el Estado deja de ser solo el agresor y comienza, tímidamente, a convertirse en garante.
El indulto rompe ese tránsito. Y lo que produce no es reconciliación.
Es desorientación.
Desde la psicología del trauma, esto tiene nombre aunque no siempre se diga con esa crudeza: revictimización.
Porque la víctima no revive solo el hecho inicial. Revive la sensación de indefensión. La idea de que, incluso después de haber hablado, de haber probado, de haber resistido, el resultado puede ser revertido por decisión política. Revive, en el fondo, la experiencia de que el poder sigue estando del mismo lado. Y eso tiene consecuencias. No solo individuales. Colectivas.
Una sociedad también aprende de estos gestos. Aprende qué significa la justicia. Aprende qué valor tiene la ley. Aprende si las instituciones sostienen lo que declaran o si, llegado el momento, lo negocian.
Cuando un Estado sanciona a sus agentes, establece un límite.
Cuando los indulta, ese límite se vuelve difuso.
Y cuando el límite se vuelve difuso, la violencia encuentra espacio.
Por eso la advertencia de Naciones Unidas no es un trámite diplomático más.
Es una señal de alarma.
No sobre el pasado. Sobre el futuro.
Porque lo que está en juego no es únicamente si se conceden o no esos indultos. Es qué tipo de sociedad decide estar dispuesta a hacerlo. Y qué está dispuesta a sacrificar para lograrlo.
Porque en ese cálculo —frío, político, aparentemente racional— hay algo que no siempre se mide.
El costo humano.
El costo de decirle a una víctima que su dolor puede ser relativizado.
El costo de decirle a la sociedad que la justicia puede ser corregida cuando incomoda.
El costo de erosionar, una vez más, la frágil confianza entre ciudadanía y Estado.
Por eso esta no es una discusión técnica. Es una línea.
Y lo que la advertencia de la ONU deja en evidencia es que cruzarla no solo pone a Kast en el banquillo internacional.
Pone a Chile frente a sí mismo.
