La censura no siempre llega desde los Estados autoritarios. A veces se instala en el corazón mismo de las instituciones que dicen combatirla. Cuando una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos bloquea un informe jurídicamente fundamentado sobre uno de los derechos más básicos del pueblo palestino —el derecho a regresar a sus hogares—, no estamos ante un desacuerdo técnico. Estamos ante un acto de cobardía institucional con consecuencias éticas profundas.
La renuncia de Omar Shakir, hasta entonces director regional de Human Rights Watch para Israel y Palestina, no fue un gesto impulsivo ni una pataleta política. Fue un acto de coherencia profesional frente a una decisión que, según su propio testimonio y el relato documentado por Al Jazeera English, quebró la integridad del trabajo de la organización. Shakir no denunció un error metodológico ni una discrepancia jurídica legítima. Denunció la censura de un informe ya revisado internamente, listo para su publicación, detenido por temor a las consecuencias políticas de su contenido.
El informe en cuestión abordaba el derecho al retorno de los refugiados palestinos expulsados de sus hogares desde 1948 y en décadas posteriores. Un derecho reconocido en el derecho internacional, reiteradamente afirmado en resoluciones de Naciones Unidas, y sistemáticamente negado en la práctica. El trabajo del equipo de Human Rights Watch analizaba esa negación prolongada como una posible forma de crimen contra la humanidad, al tratarse de una política sostenida de exclusión y desplazamiento forzado.
Según lo reconstruido por Al Jazeera, el informe había atravesado meses de revisión interna, incluidas evaluaciones legales. No fue detenido por errores fácticos ni por fallas jurídicas demostradas. Fue bloqueado, según explicó Shakir en su carta de renuncia, porque la dirección temía que su publicación fuera interpretada como una amenaza al carácter judío del Estado de Israel. Es decir, no se cuestionó la solidez del derecho invocado, sino la incomodidad política que su aplicación generaba.
En ese punto se produce la fractura ética. Una organización de derechos humanos no está llamada a calibrar sus informes en función de sensibilidades estatales o de presiones externas, sino a aplicar el derecho internacional de manera consistente, incluso —y sobre todo— cuando sus conclusiones resultan incómodas para actores poderosos. Cuando el cálculo reputacional se impone sobre el análisis jurídico, la misión misma de la organización queda en entredicho.
Omar Shakir lo expresó con claridad al explicar que había perdido la confianza en la integridad del proceso interno y en el compromiso de la organización con una aplicación principista del derecho. No habló de conspiraciones. Habló de hechos: un informe detenido en la víspera de su publicación, sin objeciones técnicas formales, tras haber superado los filtros habituales. Habló de una línea roja cruzada.
La renuncia de su asistente investigadora y el malestar expresado por decenas de trabajadores dentro de Human Rights Watch refuerzan la gravedad del episodio. No se trata de un conflicto individual, sino de una señal institucional preocupante. Cuando una ONG global evita pronunciarse con claridad sobre el derecho al retorno palestino por temor a reacciones políticas, lo que se erosiona no es solo su credibilidad en ese caso concreto, sino la confianza en su independencia futura.
Es legítimo debatir cómo se formulan los informes, qué lenguaje jurídico se utiliza y cómo se contextualizan históricamente los derechos. Lo que no es legítimo es silenciar un trabajo completo por miedo a cómo será recibido por determinados lobbies, gobiernos o donantes. Ese silencio no es neutral. Favorece siempre al poder establecido.
Defender a Omar Shakir no es un gesto personalista. Es defender la idea de que el trabajo en derechos humanos exige una ética de la incomodidad, no de la conveniencia. Exige asumir costos, no evitarlos. Exige decir lo que el derecho establece, incluso cuando hacerlo implica enfrentar campañas de desprestigio, presiones políticas o amenazas a la carrera profesional.
El derecho al retorno no es una consigna radical. Es un derecho humano. Tratarlo como un tabú político es aceptar que hay derechos que pueden ser suspendidos indefinidamente cuando incomodan a los poderosos. Esa lógica, trasladada a cualquier otro contexto, sería inaceptable. En Palestina, parece haberse vuelto rutina.
La pregunta que deja este episodio no es solo qué ocurrió dentro de Human Rights Watch, sino qué ocurre cuando incluso las organizaciones de derechos humanos comienzan a autocensurarse. Si el miedo a la reacción política dicta qué informes se publican y cuáles se archivan, el sistema global de derechos humanos entra en una zona de peligro real.
La renuncia de Omar Shakir expone esa fisura con una claridad incómoda. Y su gesto, lejos de debilitar la causa de los derechos humanos, la fortalece. Porque recuerda algo esencial: sin independencia, sin valentía y sin coherencia, la defensa de los derechos se convierte en un discurso vacío. Y porque, en tiempos de exterminio, desplazamiento forzado y negación sistemática de derechos, la neutralidad no es prudencia. Es complicidad.
