“El nuevo diseño le ha dado una preeminencia al Legislativo sobre el Ejecutivo, implica, entre otros hechos, que el Senado no podrá ser disuelto bajo ninguna circunstancia, lo que debilitará el accionar del Ejecutivo si no contara con mayoría parlamentaria”.

La importancia del Senado en las próximas elecciones generales

Por Javier La Rosa Calle*

Conforme se acerca la fecha de las elecciones generales, previstas para abril de 2026, se hacen más evidentes y se confirman algunas de las inquietudes que surgieron tras la aprobación de las reformas constitucionales que restablecieron la bicameralidad en el Perú, con la reaparición de la Cámara de Diputados y el Senado.

Estas preocupaciones no solo giran en torno al rediseño del sistema político, sino que también apuntan a las profundas implicancias que este cambio tendrá en el equilibrio de poderes y en la configuración misma del Estado peruano.

El restablecimiento del Senado, en particular, ha generado debates sobre el papel que desempeñará esta cámara y la influencia que podría tener sobre el Ejecutivo, así como sobre la importancia de la elección de sus miembros y el impacto de sus nuevas facultades constitucionales en la dinámica democrática nacional.

En efecto, mediante la Ley 31988, ley de reforma constitucional publicada el 20 de marzo de 2024, se reconfiguró parte de la estructura orgánica y política del Estado peruano, lo que significó uno de los cambios institucionales más importantes de las últimas décadas y que tendrá una serie de efectos a partir de 28 de julio de 2026, cuando empiece a funcionar este nuevo diseño estatal.

Creemos, que esta reforma, acompañada de otras modificaciones legislativas, no solo han rediseñado el sistema político peruano, sino que fundamentalmente han desnaturalizado una de las características centrales de cualquier régimen democrático, como son los pesos y contrapesos que deben existir entre los poderes del Estado para generar un balance equilibrado que evite las discrecionalidades y abusos entre ellos.

Consideramos, que este restablecimiento de la bicameralidad ha tenido el propósito de alterar el diseño constitucional peruano, para promover una prevalencia del Legislativo sobre el Ejecutivo, rompiendo una tradición histórica de presidencialismo atenuado que estuvieron vigentes en los últimos cincuenta años. No siendo casual, que se haya promovido una posición prevalente para el Senado que se elegirá el próximo 12 de abril.

De este modo, cuando se revisan las reformas constitucionales aprobadas, se observa que el próximo Senado tendrá una serie de facultades, entre legislativas y de control político, así podrán elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, al titular de la Defensoría del Pueblo, a los directores del Banco Central de Reserva, ratificar a su presidente, designar al Contralor General de la República.

Asimismo, tendrán la competencia para revisar y modificar los proyectos de ley propuestos en la Cámara de Diputados y aprobar el texto final. Adicionalmente, tendrán la facultad de remover a los altos funcionarios del Estado que tienen fuero especial.

No es un tema menor entonces considerar seriamente a quien se elegirá para integrar el Senado. Incluso la posibilidad de reestablecer el equilibrio democrático actualmente inexistente dependerá de si son electos representantes de sectores democráticos o se mantienen los congresistas promotores de esta regresión institucional que aspiran ir a la reelección.

De esta manera, cuando sostenemos que el nuevo diseño le ha dado una preeminencia al Legislativo sobre el Ejecutivo, implica, entre otros hechos, que el Senado no podrá ser disuelto bajo ninguna circunstancia, lo que debilitará el accionar del Ejecutivo si no contara con mayoría parlamentaria. Adicionalmente, con el nuevo esquema, se hará muy difícil que la gestión gubernamental se conduzca de manera independiente del control legislativo, subordinando el accionar estatal a intereses controversiales.

Es por ello, que deviene en trascendental elegir bien a los senadores y senadoras, que no solo sean personas competentes, sino que tengan sobre todo credenciales democráticas y la disposición a representar los intereses de las mayorías ciudadanas y no los intereses particulares sean lícitos o ilícitos.

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* Javier La Rosa Calle es abogado y profesor universitario.