La lectura simplificada de las elecciones autonómicas adelantadas en Aragón que hacen desde el PP y VOX, y se repite desde sus Medios y plataformas afines, oculta una realidad incómoda: ni el Parlamento refleja fielmente a la sociedad, ni la supuesta hegemonía ideológica responde a una mayoría social clara.
En Aragón hay una mayoría que no gobierna, no legisla y apenas aparece en los titulares: es la abstención o los abstencionistas. En cada convocatoria electoral autonómica, este bloque no cuenta. Aunque está formado por ciudadanos que no acudiendo a los comicios manifiestan que están desencantados, son críticos con todo el cuadro político entero o simplemente viven desconectados del sistema polític. Incluso puede qeu no voten desde posturas anti sistema, o de éste modo de entender la democracia. El caso que la abstención, si fuese un partido, volvería a situarse como la opción más numerosa (la más no-votada). No es un fenómeno marginal ni coyuntural, sino una constante estructural en España, y en toda la UE, que cuestiona la forma en que interpretamos los resultados electorales y, sobre todo, las conclusiones que se extraen de ellos.
Sin embargo, tras las recientes elecciones autonómicas adelantadas, el relato dominante ha sido rápido y contundente: “Aragón es de derechas”, o incluso “Aragón se ha escorado hacia la derecha y la ultraderecha”. Una afirmación rotunda, cómoda para los vencedores y fácilmente digerible en el debate mediático, pero profundamente insuficiente desde el punto de vista analítico.
El primer problema de este relato es que confunde representación parlamentaria con voluntad social. El Parlamento no es un espejo de la sociedad: es un mecanismo de traducción. Al menos tenemos este… desde 1978. Pero, como toda traducción o esquema, cuadno se interpretan los resultados por sus protagonistas, o la Prensa y demás Medios, se simplifica, se filtra y se distorsiona. Siempre en favor del que toma la palabra o de la tendencia del Medio. Tras el recuento, todos suelen salir a declarar «que han ganado», o que «ni tan mal».
No en este caso en Aragón. Porque las reglas del sistema electoral, o ley D’Hondt, las circunscripciones provinciales y los umbrales mínimos, no son neutrales. Favorecen a unas opciones frente a otras y convierten una pluralidad social compleja en un mapa político mucho más homogéneo de lo que realmente es el cuerpo electoral.
La ley D’Hondt, en particular, penaliza la fragmentación y premia la concentración del voto. A ello se suma el reparto provincial de escaños, que sobrerrepresenta territorios menos poblados y diluye el peso relativo del voto urbano. El resultado es conocido: no gana necesariamente quien representa a más ciudadanos, sino quien se ajusta mejor a la lógica del sistema.
Esta distorsión se aprecia con especial claridad al observar cómo concurrieron los distintos bloques ideológicos. En el espacio conservador, derecha y ultraderecha comparecieron prácticamente concentradas en dos siglas con claras opciones de gobierno: Partido Popular y Vox. En el espacio progresista, en cambio, la oferta se presentó fragmentada en al menos cinco formaciones: PSOE —ubicado en la socialdemocracia y el centro-izquierda—, Izquierda Unida, Podemos, Chunta Aragonesista y otras opciones minoritarias de perfil progresista o regionalista.
La consecuencia es evidente. Incluso cuando la suma de votos de estas fuerzas puede ser significativa, su traducción en escaños se diluye. La fragmentación, combinada con la ley D’Hondt y una abstención elevada, reduce aún más la capacidad de representación parlamentaria de ese espacio político. No estamos ante una derrota ideológica clara, sino ante un fracaso estructural de agregación del voto.
A este escenario se añade un elemento decisivo: la convocatoria adelantada de las elecciones. El adelanto fue interpretado por el Partido Popular como una jugada táctica que debía jugar a su favor. Menos tiempo para que las candidaturas pequeñas dieran a conocer programas y candidatos, menos margen para la movilización alternativa. La lógica parecía clara.
El resultado, sin embargo, fue otro. Quien salió realmente reforzado fue Vox, que incrementó notablemente su representación y se convirtió en actor imprescindible para la gobernabilidad. El PP ganó, sí, pero quedó políticamente atado a una fuerza situada en posiciones mucho más a la derecha que los consensos básicos de nuestra Constitución. Una paradoja: una estrategia pensada para consolidar poder ha terminado desplazándolo hacia un socio que marca la agenda desde los márgenes del sistema constitucional.
Pese a ello, la interpretación posterior de los resultados por parte de la dirección nacional del PP ha ido aún más lejos. Desde la cúpula del partido se ha leído el resultado en clave plebiscitaria, extrapolándolo al ámbito estatal y presentándolo como un clamor para que el presidente del Gobierno convoque elecciones generales. Esta lectura no solo es discutible: es conceptualmente errónea. Convertir una elección autonómica, con dinámicas propias y condicionantes específicos, en un referéndum nacional es una tentación habitual en política. También es una falacia.
Todo este proceso descansa sobre una omisión fundamental: la abstención como dato político central. No votar no es necesariamente apatía. Puede ser protesta, rechazo, desconfianza o sensación de irrelevancia. Tratar a la abstención como una ausencia pasiva equivale a despolitizar al mayor bloque social existente. Es, en términos estrictos, la mayoría invisible del sistema.
Reducir Aragón a una etiqueta ideológica —“de derechas”, “conservador”, “ultra”— no describe la realidad: la empobrece. La sociedad aragonesa es plural, fragmentada y, en buena medida, desconectada de unas instituciones que siguen hablando en nombre de un “todo” que nunca estuvo plenamente presente en las urnas. Mientras no se afronte esta disonancia entre representación y realidad social, seguiremos celebrando mayorías que no lo son y gobernando territorios que, en silencio, ya han dejado de sentirse representados.
