En la última reunión del Foro de Davos ocurrió algo revelador, aunque apenas fue comentado. En medio de declaraciones solemnes, documentos finales y promesas de liderazgo global, Palestina y Gaza no aparecieron. Ni una mención. No en los discursos principales, no en el texto resultante —si es que puede llamarse así— de la cumbre. El silencio fue absoluto. Y, sin embargo, ese conflicto había sido presentado semanas antes como el detonante moral de una nueva iniciativa internacional: la llamada Board of Peace impulsada por Donald Trump.

El aparente vacío de poder en la escena internacional no es un descuido, es una puesta en escena

La Board of Peace nació envuelta en una retórica familiar: la del gran negociador que llega donde otros han fracasado, la promesa de eficacia frente a la parálisis, la paz entendida como resultado de decisiones rápidas y liderazgo fuerte. Gaza fue el marco narrativo inicial, el escenario perfecto para presentar la iniciativa como una respuesta audaz a un conflicto enquistado. Pero cuando se conocieron los detalles de la estructura propuesta, Gaza había desaparecido por completo. Con ella, cualquier referencia a Palestina, al derecho internacional humanitario o a obligaciones jurídicas reconocidas.

Una arquitectura de poder permanente 

No un plan de paz concreto, ni una mediación, ni siquiera un foro de negociación. Lo que emergió fue una arquitectura de poder permanente, diseñada no para resolver un conflicto específico, sino para gestionar el orden internacional al margen de los mecanismos existentes.

Esta Board of Peace no se presenta como una organización internacional en sentido clásico. No lo es. No tiene una asamblea representativa, ni un secretariado independiente, ni un sistema de toma de decisiones basado en el principio de igualdad soberana. Su rasgo distintivo es otro: la pertenencia se compra. La membresía permanente exige un canon de entrada de mil millones de dólares. No es una contribución proporcional ni un compromiso solidario; es una tarifa de acceso.

El mensaje es claro y deliberado. La influencia no se negocia, se adquiere. La legitimidad no emana de tratados ni de consensos, sino de la capacidad de pagar y de la cercanía al centro del poder. En este modelo, el viejo problema del veto en Naciones Unidas —imperfecto, desigual, pero al menos político— es sustituido por un veto financiero. Solo quienes pueden permitírselo tienen asiento. El resto observa desde fuera.

El poder dentro de la Board se concentra de manera explícita en una figura central. Trump no es un primus inter pares (*), ni un coordinador temporal. El documento fundacional le otorga autoridad exclusiva para admitir o expulsar miembros, fijar la agenda y dirigir las operaciones. No hay contrapesos internos ni mecanismos de revisión independientes. No es un órgano multilateral: es un directorio privado con un presidente permanente.

La composición inicial del grupo refuerza esta lógica. Entre los primeros invitados figuran aliados políticos personales, gobiernos aislados internacionalmente y Estados con historiales problemáticos en materia de derechos humanos. La coherencia ideológica o el compromiso con normas comunes no son requisitos; la lealtad y la utilidad sí lo son. No es casual que organizaciones de derechos humanos hayan descrito la iniciativa como un “club de la impunidad”.

La relación con Naciones Unidas es, desde el principio, hostil. No de manera táctica, sino estructural. La Board of Peace se presenta como una alternativa “ágil” a una ONU descrita como lenta, burocrática e ineficaz. Pero esa crítica, conocida y parcialmente cierta, oculta el verdadero punto de fricción. El problema no es la lentitud de la ONU; es la existencia de reglas que limitan al poder. Procedimientos, derechos de veto cruzados, obligaciones jurídicas, mecanismos de rendición de cuentas: todo aquello que estorba a la decisión unilateral.

La promesa de eficacia funciona aquí como coartada. Lo que se ofrece no es resolver conflictos complejos, sino evitar la complejidad. Sustituir la negociación por la imposición, el derecho por el acuerdo entre fuertes, la legitimidad por la utilidad. En ese marco, el multilateralismo no es reformado: es vaciado desde dentro.

La adhesión a la Board no es neutra. Rechazar la invitación tiene consecuencias. Algunos gobiernos que expresaron reservas a integrarse (y pagar el precio) vieron cómo se activaban amenazas comerciales o se les retiraba el acceso al foro. La disidencia se penaliza; la aceptación, en cambio, implica una forma de sumisión funcional. Participar debilita automáticamente los mecanismos multilaterales existentes, porque desplaza decisiones clave a un espacio sin controles ni reglas comunes.

Es en este punto donde la desaparición de Gaza adquiere todo su significado. El conflicto que sirvió de justificación inicial no encaja en el modelo final. Gaza no es un problema que pueda resolverse mediante lealtades simples o decisiones rápidas sin coste jurídico. Implica ocupación, derechos inalienables, resoluciones internacionales, responsabilidades penales. Es demasiado complejo, demasiado normativo, demasiado humano para una estructura que necesita resultados inmediatos y adhesiones claras.

Por eso Gaza se esfumó del texto fundacional. No por olvido, sino por incompatibilidad. El interés es otro. La Board of Peace no está pensada para afrontar conflictos donde el Derecho internacional importa. Está diseñada para ofrecer un marco de legitimación mutua entre Estados poderosos, un espacio donde las acciones se redefinen como “asuntos de seguridad” y las normas comunes como obstáculos prescindibles. No promete justicia ni reparación; promete gestión.

El riesgo de este modelo no reside únicamente en su existencia, sino en su posible éxito. Si se consolida, introduce un incentivo perverso en el sistema internacional: obedecer al club resulta más rentable que respetar las reglas. La fuerza (militar, económica, tecnológica, algorítmica, o política…) deja de ser un hecho a regular y se convierte en el principio organizador. El “¡porque puedo, debo!” se institucionaliza.

Conviene, en este punto, recordar algo elemental. Las grandes estructuras multilaterales del siglo XX no nacieron del idealismo, sino del fracaso. La primara Sociedad de Naciones surgió tras una guerra devastadora como un intento insuficiente, pero necesario de evitar su repetición. Naciones Unidas nació después de una catástrofe aún mayor, la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo comprobó hasta dónde podía llegar el poder sin límites ni normas comunes. No fueron creaciones ingenuas, sino respuestas al horror.

La ONU no es perfecta. Nunca lo fue. Pero su razón de ser no fue la eficiencia, sino la contención. No la rapidez, sino la prevención. Fue concebida como un recordatorio institucional de que el orden internacional sin reglas ya había sido probado, y su coste había sido insoportable. La  Board of Peace parece decidida a olvidar esa memoria.  No la discute ni la reforma (la ONU); la esquiva. Ofrece una regresión elegante, envuelta en el lenguaje de la gestión y el liderazgo, pero anclada en una lógica antigua: la del poder que se reconoce solo a sí mismo.

La pregunta, por tanto, no es si este modelo traerá paz. La Historia ya ha respondido a eso. La pregunta es cuánto tiempo tardaremos en recordar por qué fue necesario, construir algo como Naciones Unidas, y ¿qué precio estaremos dispuestos a pagar por olvidar que existe desde hace ya ocho décadas?

Por eso conviene compartir aquí, aunque incomode, esta reflexión de un amigo que conocía bien la historia, la política exterior y el juego real entre Estados (durante una reunión de Redacción internacional Presenza a comienzos de 2022). Me ha costó admitirlo, pero vino a decir: —»En realidad el Derecho Internacional no existe; o no como existe el Derecho dentro de un Estado. No manda, no ejecuta, no siempre protege, ni obliga. Existe más bien como un pacto frágil, sostenido por la voluntad y, a veces, por la vergüenza de quienes todavía aceptan comportarse como si hubiera límites.»  No he encontrado definición mejor de ese equilibrio frágil que es la escena internacional.

Es cierto que, en la práctica, lo que si funciona son los tratados que administran la guerra, cuando ya ha empezado: cómo tratar a los heridos, a los prisioneros, a los muertos; qué no debe destruirse del todo; dónde no bombardear (salvo en Gaza); qué obligaciones tiene el invasor respecto de los invadidos. Pero incluso ese modesto mínimo importa. Porque cuando se renuncia también a esa ficción compartida, cuando se deja de fingir que el poder debe justificarse ante algo más que su propia fuerza, no entramos en una era de realismo constructivo, sino en un territorio ya conocido. Uno donde la historia no se detiene si no que se repite.

En Davos 2026, el «pragmatismo» se ha convertido en el eufemismo favorito para la capitulación. Es la excusa de quienes, viendo la regresión, eligen adaptarse por comodidad o miedo, normalizando lo anormal para perder lo menos posible en el nuevo escenario mundial,  que ya dan por asentado.

Tener memoria, aquí, no es nostalgia: es tomar partido

Esta es la línea crucial. La memoria no es mirar atrás con añoranza. Es la herramienta de diagnóstico que nos permite identificar el virus autoritario cuando reaparece un emperador con un nuevo nombre y traje nuevo y costumbre añejas. Recordemos la Paz de Westfalia (1648), el «Concierto de Europa» (1815-1914; el mundo post-napoléonico); la Sociedad de Naciones (1920), y la actual Organización de Naciones Unidas (1945; creada en principio por 51 países) como un patrón de comparación histórico para no ser engañados. En febrero de 2026, aquí se evoca esa memoria no desde la nostálgico, si no desde la vigilante experiencia, y una clara apuesta por la noviolencia en cualquier ámbito de lo humano.

«Tomar partido por la ONU» es el acto consciente de alinearse con el principio de un mundo común, interdependiente y con memoria, frente a la imposición de un nuevo orden feudal global. Este último no trae más que el desprecio por esa era multilateral disfrutada (desde 1945 al presente). Es decir, desprecio a los ochenta años de la ONU y por quienes han trabajado y luchado por ella.

El proyecto de Trump es una negación activa del principio fundacional de la ONU: «Nosotros, los pueblos…«. Lo sustituye por «Yo, el Presidente Vitalicio, y vosotros, los socios capitalistas…«. Como detalle aclarador, «La Carta» lo nombra 35 veces y le otorga autoridad para vetar decisiones y nombrar miembros. La Junta opera bajo su presidencia. Como dijera en su día el rey Luis XIV de Francia “El Estado soy yo” (L’État, c’est moi)…

Donde la Carta de la ONU habla de «soberanía y naciones», «derecho entre iguales» y «la no intervención», la Carta de la Junta de Paz trumpiana, habla de «membresía premium» y «autoridad del Fundador». Es un golpe de Estado mundial contra la idea misma de la Comunidad Internacional organizada bajo reglas comunes.

Tomar partido hoy implica traducir esta claridad en gestos concretos. Para la ciudadanía, significa exigir a sus gobiernos una rendición de cuentas clara: ¿Van a financiar, legitimar o simplemente observar pasivamente esta estructura paralela? Para periodistas y académicos, es nombrar la regresión cada vez que se presente como innovación, y dar voz a quienes son excluidos de esta mesa. Para la sociedad civil global, es documentar y denunciar cómo este modelo premia la impunidad y vacía de contenido los derechos humanos.

El multilateralismo no se defiende con declaraciones nostálgicas, sino con la acción constante de quienes insisten en que un mundo regido por reglas comunes, por imperfectas que sean, es la única alternativa civilizada a la ley de la jungla. La memoria es el antídoto, la acción, la claridad del análisis como alternativa a la narrativa sesgada, ya sea en política nacional o internacional, para nombrar las cosas por su nombre. Condición necesaria para no perdernos en la niebla del cinismo.

Fuentes: