En un mundo atravesado por guerras abiertas, crisis climática y fragmentación económica, los grandes foros multilaterales siguen reuniéndose, pero no todos gobiernan ni influyen por igual. En 2026, algunos espacios conservan capacidad operativa para el Sur Global, mientras otros funcionan principalmente como vitrinas políticas sin traducción material.

El año 2026 se abre con una constatación difícil de eludir: la arquitectura multilateral heredada del orden de posguerra ya no actúa como un sistema coherente de gobierno global, sino como un conjunto de foros con capacidades muy desiguales. Esta transformación no es abrupta ni coyuntural; es el resultado acumulado de una década marcada por el bloqueo del Consejo de Seguridad, la financiarización de la agenda climática, la politización selectiva de los derechos humanos y la emergencia de polos alternativos de poder.

En este contexto, los foros globales funcionan menos como instancias de coordinación efectiva y más como indicadores del estado real del poder internacional.

El G20, que reúne a las principales economías del mundo y concentra la mayor parte del producto global, llega a 2026 con una capacidad de acción limitada. Desde las cumbres de 2024 y 2025, el foro ha mostrado dificultades persistentes para convertir consensos generales en decisiones operativas. La agenda formal incluye la reestructuración de la deuda del Sur Global, la reforma del sistema financiero internacional y la transición energética, pero los desacuerdos estructurales entre Estados Unidos, la Unión Europea, China y el bloque ampliado de los BRICS han bloqueado avances sustantivos. Para muchos países del Sur, el G20 se ha convertido en un espacio de reconocimiento del problema sin mecanismos eficaces para su resolución, especialmente en materia de alivio de deuda y financiamiento climático no condicionado.

La Organización de las Naciones Unidas atraviesa en 2026 una de las crisis de credibilidad más profundas desde el final de la Guerra Fría. El Consejo de Seguridad continúa paralizado por el uso recurrente del veto, lo que ha impedido respuestas efectivas frente a conflictos armados prolongados como Gaza, Ucrania y Sudán. Esta parálisis ha debilitado la noción de seguridad colectiva y ha reforzado la percepción de selectividad política. La Asamblea General, por su parte, ha ganado visibilidad como espacio de expresión del Sur Global, pero carece de capacidad ejecutiva. Sus resoluciones tienen valor político y simbólico, pero no generan obligaciones vinculantes ni mecanismos de cumplimiento.

En el ámbito climático, la preparación de la COP30, prevista para noviembre de 2026 en Belém, Brasil, concentra tensiones que van más allá de la ciencia del clima. El eje del debate es el financiamiento. Los países industrializados impulsan esquemas basados en inversión privada, mercados de carbono y endeudamiento verde, mientras que los países del Sur reclaman transferencias directas, acceso a fondos sin condicionalidades macroeconómicas y un reconocimiento explícito de la responsabilidad histórica de las economías avanzadas. La COP30 se perfila como una prueba de credibilidad del régimen climático internacional y de su capacidad para corregir asimetrías estructurales.

En contraste con estos espacios, el bloque de los BRICS ampliados consolida en 2026 una trayectoria distinta. Más allá de su heterogeneidad interna, el grupo ha avanzado en instrumentos concretos: expansión del uso de monedas locales en el comercio, fortalecimiento de bancos de desarrollo propios, coordinación en infraestructura, energía y seguridad alimentaria, y una narrativa común de defensa de la soberanía frente a sanciones unilaterales. Para numerosos países del Sur Global, los BRICS representan un espacio donde las prioridades de desarrollo y autonomía encuentran mayor margen de negociación.

Las instituciones de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, mantienen su centralidad financiera en 2026, pero enfrentan un desgaste sostenido de legitimidad. Aunque se anuncian reformas técnicas y ajustes en instrumentos de crédito, no se ha producido una redistribución significativa del poder de voto ni un cambio estructural en las condicionalidades. Para los países endeudados, estas instituciones siguen siendo ineludibles, pero su función es percibida más como administración de la estabilidad financiera que como impulso al desarrollo equitativo.

En materia de seguridad y defensa, foros como la Conferencia de Seguridad de Múnich y los espacios vinculados a la OTAN han reforzado una narrativa centrada en la seguridad nacional. En 2026, estos ámbitos priorizan la disuasión, la militarización de fronteras y el uso extensivo de tecnologías de vigilancia, con consecuencias directas sobre derechos civiles, movilidad humana y protesta social, especialmente en regiones del Sur Global.

Las conclusiones que se desprenden de este panorama son nítidas. Para el Sur Global, los foros que siguen siendo útiles son aquellos que ofrecen capacidad real de negociación, financiamiento alternativo o coordinación política sin condicionalidades estructurales estrictas. En este grupo se sitúan los BRICS ampliados y otros mecanismos de cooperación Sur-Sur asociados. La Asamblea General de la ONU conserva utilidad como espacio de visibilización, construcción de legitimidad política y articulación discursiva, aunque no como instrumento de ejecución.

En cambio, foros como el G20, el Consejo de Seguridad de la ONU y, en gran medida, las instituciones de Bretton Woods operan cada vez más como instancias de gestión del orden existente. No son irrelevantes, pero su contribución al cambio estructural es limitada. Su carácter predominantemente retórico no deriva de una falta de poder, sino de su resistencia a redistribuirlo.

En 2026, el multilateralismo no ha desaparecido, pero ha dejado de ser un terreno neutral. Es un espacio de disputa donde el Sur Global debe evaluar con pragmatismo dónde invertir capital político, sabiendo que algunos foros siguen siendo herramientas imperfectas pero operativas, mientras otros funcionan principalmente como escenarios de legitimación del statu quo.