Mientras las potencias industrializadas refuerzan discursos sobre transición energética y tecnología responsable, en el este de la República Democrática del Congo persiste una economía extractiva marcada por violencia armada, trabajo forzado y una impunidad que interpela directamente al derecho internacional.
La República Democrática del Congo vuelve a ocupar un lugar incómodo en la agenda global. No por una novedad, sino por la persistencia de una contradicción estructural: el auge de la tecnología digital y de la transición verde sigue dependiendo, en parte, de minerales extraídos en condiciones que vulneran de forma sistemática los derechos humanos. El coltán, indispensable para la fabricación de componentes electrónicos, sistemas de telecomunicaciones y equipamiento estratégico, se sitúa en el centro de esta tensión.
En las provincias orientales del país, especialmente en Kivu Norte y Kivu Sur, la extracción de coltán continúa desarrollándose en un entorno de fragmentación armada y debilidad institucional. Grupos armados, milicias locales y redes criminales controlan minas artesanales, rutas de transporte y puntos de comercialización, financiando su actividad mediante la explotación directa del recurso. En este contexto, la violencia no es un efecto colateral del negocio: es uno de sus mecanismos de funcionamiento.
Las violaciones de derechos humanos asociadas a esta economía extractiva están ampliamente documentadas. Trabajo infantil, trabajo forzado, condiciones laborales extremadamente peligrosas, desplazamientos forzados de comunidades, violencia sexual sistemática contra mujeres y niñas, extorsión y asesinatos selectivos forman parte de un patrón reiterado. Desde una perspectiva jurídica, estas prácticas no constituyen meros abusos aislados, sino violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y, en determinados contextos, posibles crímenes internacionales cuando se cometen de forma sistemática y en relación con conflictos armados.
El marco jurídico aplicable es claro. El derecho internacional humanitario prohíbe la explotación de civiles y el saqueo de recursos naturales cuando estos sirven para financiar hostilidades. El derecho internacional de los derechos humanos impone a los Estados la obligación de proteger a las personas bajo su jurisdicción frente a abusos cometidos por terceros, incluidos actores económicos. A su vez, el derecho penal internacional ha reconocido que la explotación económica puede constituir un elemento constitutivo de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad cuando se integra en un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.
No obstante, la responsabilidad jurídica no recae únicamente en el Estado congoleño. En la última década, el foco normativo se ha desplazado progresivamente hacia las empresas transnacionales y las cadenas de suministro globales. Instrumentos como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, las directrices de diligencia debida de la OCDE y las regulaciones europeas sobre minerales procedentes de zonas de conflicto establecen obligaciones claras de identificación, prevención y mitigación de riesgos. La persistencia de abusos en el este del Congo cuestiona la eficacia real de estos marcos cuando no existen mecanismos robustos de control y sanción.
Desde el punto de vista jurídico, la falta de trazabilidad efectiva del coltán no es un problema técnico neutro. Puede constituir un incumplimiento de las obligaciones de diligencia debida. Cuando empresas continúan abasteciéndose de minerales provenientes de zonas de alto riesgo sin controles sustantivos, se abre la puerta a formas de responsabilidad jurídica indirecta, incluidas la responsabilidad civil y, en escenarios más avanzados, la responsabilidad penal por complicidad en violaciones graves de derechos humanos.
A esta ecuación se suma el comercio internacional de armas. La coexistencia entre economías extractivas violentas y flujos de armamento plantea interrogantes adicionales sobre el cumplimiento de tratados internacionales que obligan a evaluar el riesgo de que las exportaciones contribuyan a violaciones graves del derecho internacional humanitario. La intersección entre armas, minerales estratégicos y conflicto convierte al este del Congo en un caso paradigmático de las fallas del orden jurídico global.
Pese a la acumulación de pruebas y normas, la respuesta internacional sigue siendo fragmentaria. Las sanciones son selectivas, las investigaciones judiciales limitadas y los mecanismos de reparación para las comunidades afectadas prácticamente inexistentes. Esta impunidad estructural no solo perpetúa el sufrimiento local, sino que erosiona la credibilidad del discurso global sobre responsabilidad empresarial, transición verde y tecnología ética.
Desde una perspectiva jurídica y política, la situación del coltán en la República Democrática del Congo expone una verdad incómoda: el problema no es la ausencia de derecho, sino su aplicación selectiva. Mientras el sistema internacional tolere que los beneficios de la economía digital y de la transición energética se construyan sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos, el lenguaje de la sostenibilidad seguirá coexistiendo con prácticas que recuerdan demasiado a las lógicas extractivas del pasado colonial.
