Un mensaje que llamaba a ejercer violencia contra personas homosexuales en la página del artista Daslav Vladilo, conocido como DamiVago, fue descartado como delito por no dirigirse a una persona específica. Una pequeña muestra de algo más profundo: la discusión por los vacíos legales frente al odio digital y el desafío cultural de defender la dignidad humana.

por Esteban Medina

Lo que comenzó como una viñeta contra la discriminación terminó exponiendo una vez más la realidad que atraviesa nuestra convivencia: la facilidad con que el odio encuentra espacio en redes sociales y la dificultad de responder a él desde las instituciones. El episodio ocurrido en la página de Facebook del artista DamiVago no solo plantea un debate legal, sino una pregunta más profunda sobre qué sociedad estamos construyendo cuando la violencia en redes sociales deja de sorprendernos.

 

Captura de pantalla: publicación en X sobre comentario homofóbico recibido en Facebook, cuenta @Damivago.

 

La opinión de un juez de garantía fue clara al analizar el caso. Desde el punto de vista penal explicó que no se configura delito porque la amenaza no está dirigida contra una persona determinada. En su criterio, el derecho exige un destinatario específico para que pueda hablarse de persecución penal, y señaló que en este caso esa condición no se cumple. Lo más factible era solicitar a la plataforma que borrara el comentario, pero no una salida penal.

Para Daslav Vladilo, sin embargo, el impacto no se reduce a lo jurídico. El artista reconoce que el humor crítico siempre genera adhesiones y rechazo, pero admite que este mensaje lo “choqueó” profundamente. Lo describe como algo que fue “demasiado, una amenaza de muerte prácticamente”. Por eso decidió registrar la evidencia antes de que fuera eliminada.

Vladilo, cuya obra ha abordado temas como el machismo, la discriminación y las dinámicas tóxicas en redes sociales, sostiene que estos discursos no son nuevos. A su juicio, siempre han existido personas con pensamientos “arcaicos”, pero hoy las plataformas digitales amplifican su alcance. Lo que observa con preocupación es la confusión creciente entre libertad de expresión y derecho a agredir, que se escudan en un “es broma”, para insultar y amenazar. En sus palabras, no se trata de censurar opiniones, sino de entender que generar odio o amenazar no equivale a ejercer un derecho.

En cuanto a la vía judicial, el creador se muestra escéptico. Desde su visión los procesos suelen ser largos, desgastantes y con resultados limitados. A veces, reflexiona, es más efectivo denunciar cuentas para que sean suspendidas o es “más factible hacer una funa que ir a la justicia”. También señala que cualquier persona que se haya sentido amenazada podría denunciar, ya que el mensaje fue publicado en un espacio abierto. Sin embargo, percibe que muchas veces predomina la sensación de que “no va a pasar nada”, lo que desalienta a la gente a actuar en masa por el camino legal.

Esa percepción de ineficacia institucional, más allá de este caso puntual, abre una pregunta mayor sobre el contexto en que estos discursos circulan y se expanden. Desde una mirada más amplia, el antropólogo social Alejandro Saldías advierte que estos fenómenos no pueden leerse aislados del clima político y cultural. Con 35 años de experiencia, sostiene que en contextos de polarización algunos grupos pueden sentirse simbólicamente respaldados para expresar con mayor intensidad y libertad discursos hostiles, aunque estos no sean promovidos directamente por las autoridades. Comparando experiencias en Estados Unidos, Brasil y Argentina, señala que al ocurrir cambios de gobierno estos han coincidido con una mayor visibilidad de sectores radicalizados de derecha. Más que un fenómeno nuevo, explica, se trata de una sensación de mayor permisividad que desplaza los límites de lo socialmente aceptable.

 

Foto: grupo neonazi “Frente Nacional Criollo” marchando tras la victoria presidencial de José Antonio Kast, Santiago.

 

El debate trasciende un caso puntual. El periodista Eduardo Fuentes denunció igualmente haber recibido mensajes de odio en redes sociales, evidenciando que la violencia digital no es un fenómeno aislado ni exclusivo de un ámbito específico. Se trata de una experiencia cada vez más compartida en distintos espacios públicos.

Más allá de la tipificación penal y leyes anticuadas, la discusión que emerge es más profunda que una categoría jurídica. Cuando el odio se instala como lenguaje cotidiano, no solo hiere a quienes son su blanco directo: erosiona el tejido social y debilita la democracia misma. Si la ley marca un límite mínimo, la cultura puede aspirar a algo mayor: construir una convivencia donde nadie tema existir, amar o expresarse por lo que es. Defender la dignidad humana no es un acto jurídico o ideológico, sino una condición básica para la convivencia.