El 2026 será un año decisivo para el Perú. El 12 de abril se realizarán las Elecciones Generales y el 4 de octubre las Elecciones Regionales y Municipales. Hasta diciembre de 2025, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) registró 36 aspirantes a la presidencia de la República. Sin embargo, mientras la ciudadanía expresa su hartazgo en las calles y en redes con campañas como #PorEstosNo, las reglas electorales siguen favoreciendo a los mismos actores políticos de siempre.

Por: Melissa Rubio.

En las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, los peruanos elegirán al Presidente de la República, a los vicepresidentes, y renovarán el Congreso bicameral, compuesto por 60 senadores y 130 diputados. Además, se votará por los representantes al Parlamento Andino. Es decir, no se trata de una elección menor: se definirá el rumbo político del país para los próximos años, en un contexto marcado por la desconfianza y el descrédito institucional.

Meses después, el 4 de octubre de 2026, tendrán lugar las Elecciones Regionales y Municipales. Se elegirán gobernadores regionales, alcaldes y regidores en todo el país. La magnitud del proceso es enorme: miles de cargos locales y regionales que impactan directamente en la vida cotidiana de la población, pero que suelen estar capturados por redes políticas, clientelares o partidarias ya consolidadas.

Sistema que dificulta la renovación política

Aunque la ley electoral se presenta como garante de orden y participación, con voto obligatorio y procedimientos estandarizados, en la práctica funciona como un sistema que dificulta la renovación política. Las barreras de inscripción, la valla electoral y el riesgo de perder la personería jurídica afectan sobre todo a movimientos nuevos, mientras partidos tradicionales como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Perú Libre, Acción Popular, Avanza País, entre otros, mantienen ventajas estructurales. No es casual que muchos de ellos aparezcan señalados en la campaña #PorEstosNo, como símbolos de un poder que se recicla.

A esto se suma que las reglas han sido modificadas por quienes hoy gobiernan para proteger su permanencia. El restablecimiento de la reelección inmediata de congresistas en 2024 fortaleció a quienes ya ocupan cargos, ampliando la brecha frente a nuevos postulantes. Así, mientras se multiplica el número de candidaturas, la competencia real sigue concentrada en pocos actores con recursos, visibilidad y control institucional.

¿Voto obligatorio, nulo o en blanco?

En este escenario, el voto obligatorio no siempre fortalece la democracia. Cuando la oferta política es percibida como corrupta, fragmentada o distante, el voto en blanco, el voto nulo y campañas de castigo electoral se convierten en formas de protesta. No son apatía: son una señal de alerta frente a un sistema que no logra representar el sentir ciudadano. Sin embargo, el voto de protesta también debe ser utilizado con pinzas, ya que puede tener el efecto contrario, al beneficiar a candidatos indeseados.

Desde una mirada humanista, el desafío no es solo organizar elecciones masivas, sino garantizar que estas sean legítimas, transparentes y abiertas a nuevas alternativas. Si las reglas no se reforman y la política sigue blindada, el riesgo es claro: elecciones con cifras récord de participación formal, pero con una profunda crisis de confianza. El 2026 no debería ser solo un calendario electoral; debería ser la oportunidad para devolverle sentido real al acto de elegir.