Brasil volvió a colocar la palabra participación en el centro del Estado. No como consigna retórica ni como gesto simbólico, sino como arquitectura política. El tercer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se ha propuesto reconstruir —tras años de desmontaje institucional— los canales que permiten que la sociedad incida en la toma de decisiones públicas. No se trata de una innovación improvisada, sino de la reactivación consciente de una tradición democrática brasileña nacida con la Constitución de 1988 y profundizada durante los primeros gobiernos del Partido de los Trabajadores.

La apuesta es clara: sin participación efectiva, no hay buena gobernanza. Y sin buena gobernanza, la democracia se vacía de contenido, incluso cuando conserva sus rituales formales.

Una herencia interrumpida

Durante sus gobiernos anteriores (2003–2010), Luiz Inácio Lula da Silva impulsó un modelo de gobernanza que combinaba representación política con deliberación social organizada. Consejos nacionales, conferencias sectoriales y diálogo permanente con movimientos sociales permitieron que millones de personas influyeran en políticas públicas de alcance nacional, desde la seguridad alimentaria hasta la salud y los derechos humanos.

Ese entramado fue severamente debilitado tras el impeachment de Dilma Rousseff y prácticamente desmantelado durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Consejos cerrados, conferencias canceladas y una lógica de poder abiertamente hostil a la participación marcaron una ruptura profunda. La llegada de Lula en 2023 no inaugura, por tanto, una etapa desde cero, sino un proceso de reconstrucción democrática.

Reconstruir los lazos del Estado con la sociedad

Uno de los primeros gestos políticos del nuevo gobierno fue reinstalar y fortalecer los mecanismos federales de participación social. En 2023 se creó el Consejo de Participación Social y un sistema interministerial destinado a articular de manera permanente a la Presidencia con organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y actores comunitarios.

Estos espacios no funcionan como audiencias ocasionales. Su lógica es la de la interlocución estructurada: agendas periódicas, seguimiento de demandas y articulación con ministerios sectoriales. El mensaje político es inequívoco: la sociedad no es un actor externo al Estado, sino parte constitutiva de su funcionamiento democrático.

Brasil participativo: tecnología al servicio de la deliberación

Una de las innovaciones más relevantes del actual gobierno es la plataforma digital Brasil Participativo. A través de este instrumento, la ciudadanía pudo intervenir directamente en la elaboración del Plan Plurianual 2024–2027, que define las prioridades estratégicas del Estado brasileño.

No se trató de una consulta ornamental. Miles de propuestas ciudadanas fueron sistematizadas y una proporción significativa se incorporó efectivamente al plan. Aunque la decisión final sigue siendo gubernamental, existe trazabilidad entre deliberación pública y política estatal, un elemento clave para hablar de participación efectiva y no meramente consultiva.

Gobernar con participación, no delegarla

El modelo que Lula impulsa hoy no replica el presupuesto participativo municipal de los años noventa, emblemático en ciudades como Porto Alegre. La escala federal impide una traslación directa de ese mecanismo. En su lugar, se consolida un esquema de participación sectorial y programática: consejos de salud, educación, derechos humanos, medio ambiente y seguridad alimentaria que influyen en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas.

Este diseño asume una premisa central de la buena gobernanza: la participación no sustituye a la representación, pero la corrige, la orienta y la legitima. El Estado conserva la capacidad de decisión, pero renuncia al monopolio de la definición de prioridades.

Tensiones, límites y realismo político

Sería un error idealizar el proceso. La participación bajo Lula no está exenta de tensiones. Movimientos indígenas, organizaciones ambientalistas y colectivos territoriales han señalado déficits en consultas previas y desacuerdos en torno a proyectos de infraestructura o explotación de recursos. La coexistencia entre desarrollo, protección ambiental y derechos colectivos sigue siendo uno de los nudos más complejos de la gobernanza brasileña.

Además, estos mecanismos dependen en gran medida de la voluntad política del Ejecutivo y enfrentan resistencias en un Congreso fragmentado y en sectores del aparato estatal poco permeables a la deliberación social. La experiencia histórica demuestra, además, que son reversibles. Precisamente por eso, su reconstrucción tiene un valor político mayor: evidencia que la participación importa, porque incomoda al poder concentrado.

Buena gobernanza como proceso, no como eslogan

El Brasil de Lula ofrece hoy un ejemplo relevante —aunque imperfecto— de cómo la buena gobernanza puede construirse mediante lazos institucionales entre Estado y sociedad. No a través de promesas abstractas de transparencia, sino mediante mecanismos concretos de incidencia, deliberación y corresponsabilidad.

En un contexto global marcado por el avance del autoritarismo, la tecnocratización del poder y la desafección ciudadana, la experiencia brasileña recuerda una verdad incómoda para muchas élites: gobernar bien implica compartir poder. No todo el poder, pero sí el suficiente como para que la democracia deje de ser un ritual vacío y vuelva a ser un proceso vivo.

La buena gobernanza no se decreta. Se teje. Y en el Brasil de Lula, esos lazos —frágiles, discutidos, pero reales— han vuelto a ponerse en movimiento.