Cuesta creerlo, pero ya es un hecho: desde febrero de 2026, ciudadanos británicos pueden ser rechazados en la frontera de su propio país. El cambio legal ha entrado en vigor sin apenas debate público. ¿Qué motiva un giro tan radical y cómo encaja este endurecimiento en una tendencia más amplia de «securitización» que erosiona derechos fundamentales en Europa?

La ciudadanía cuestionable y la obsesión por la seguridad

Desde el 25 de febrero de 2026, en virtud del nuevo Border Security Act, las autoridades fronterizas británicas pueden denegar la entrada al Reino Unido a ciudadanos con pasaporte británico en determinados supuestos. No se trata de turistas ni de extranjeros sujetos a visado, sino de nacionales plenos. La sola formulación del hecho resulta inquietante; su aplicación práctica, aún más.
Hasta hace muy poco, el pasaporte británico era algo más que un documento administrativo: funcionaba como la prueba material de un vínculo político y civil incuestionable.

Ser ciudadano con pasaporte UK implicaba, de manera automática e incondicional, el derecho a entrar o retornar al país. Ese carácter ya no es absoluto. Lo que antes representaba una pertenencia indiscutida hoy puede no ser suficiente para cruzar la frontera de entrada a tu propio país.

Un cambio legal silencioso, pero radical

El núcleo del cambio reside en lo que el Ministerio del Interior de UK denomina “verificación reforzada de residencia y vínculos efectivos”. En términos claros: el Estado se arroga la facultad de evaluar si un ciudadano mantiene una “conexión suficiente” con el país. Si considera que esa conexión se ha debilitado o roto, puede impedir su entrada, aun portando un pasaporte válido.

Históricamente, la ciudadanía británica garantizaba el derecho de retorno sin condiciones. La nueva legislación introduce excepciones que rompen ese principio y lo hacen de forma administrativa, discrecional y preventiva. No hay juicio previo, ni condena, ni delito probado. Basta una evaluación negativa en frontera.

¿Quiénes están en riesgo?

El primer grupo afectado son los ciudadanos con doble nacionalidad que llevan más de tres años residiendo fuera del Reino Unido. La tenencia de vivienda, empleo o vínculos familiares en otro país puede considerarse asentamiento permanente en el extranjero. En ese supuesto, el agente fronterizo puede denegar la entrada como ciudadano y exigir un visado como visitante o pruebas adicionales que acrediten que dicha condición no se cumple.

El segundo supuesto afecta a expatriados con deudas administrativas en el Reino Unido: antiguos impuestos municipales, sanciones, incidencias con Hacienda. Lo que antes era una cuestión civil ahora puede convertirse en motivo de inadmisión en frontera.

El tercer escenario resulta especialmente perturbador: ciudadanos retornados que, a juicio de la autoridad, podrían depender de fondos públicos. Es decir, volver sin empleo, alojarse temporalmente con familiares o haber percibido prestaciones en otro país puede ser interpretado como un nuevo riesgo y gasto para el erario UK actual, sin haber contribuido recientemente…. La lógica se invierte: ya no se presupone el derecho, se examina y decide en función de la “carga potencial” para el Estado del retornado. La cobertura deja de ser un derecho.

Por último, se introduce un criterio algorítmico de “presencia irregular”: si una persona pasa menos de 183 días al año en el Reino Unido durante un periodo prolongado, el sistema puede considerarla residente principal en otro país, aunque mantenga nacionalidad británica.

La gran pregunta: ¿y los jubilados británicos en España?

Una cuestión crucial, especialmente para España, es el destino de los miles de jubilados británicos residentes aquí. Empadronados, con propiedades y participando en la vida local, conservan fuertes vínculos con el Reino Unido: pensiones, familia, historia. Pero bajo la nueva lógica, podrían ser considerados ciudadanos «débilmente conectados». ¿Podría negárseles la entrada para visitar a sus hijos o recibir atención médica?

De la ciudadanía al riesgo: la “securitocracia”

Este giro no es un fenómeno aislado. Se inscribe en una tendencia más amplia que puede describirse como securitocracia: un marco mental en el que la seguridad —interior y exterior— se convierte en el criterio rector de la legislación, desplazando derechos y libertades fundamentales.

En este paradigma, la disidencia política, la crítica organizada, la movilidad humana o la autonomía individual pasan a leerse como potenciales amenazas. Activistas, periodistas, ONG o ciudadanos incómodos pueden ser clasificados administrativamente como “de riesgo”. En la Unión Europea existen ya listas de personas y entidades consideradas contrarias a la Política Exterior y de Seguridad Común, con consecuencias graves —congelación de cuentas, restricciones de movimiento, anulación de documentos— aplicadas sin juicio previo.

Esta suerte de «destierro medieval» reaparece así bajo una forma tecnocrática de acto administrativo: no hay juicio, se expulsa de la comunidad de derechos. En el caso de ciudadanos británicos de nacimiento, esta exclusión puede ser revocable si logran demostrar vínculos continuos con el país. Para los nacionalizados, sin embargo, la situación es más frágil y puede implicar incluso la pérdida de la doble nacionalidad. Esta deriva, silenciosa pero radical, debería interpelarnos a todos.

Una mentalidad prebélica normalizada

La securitización desplaza el gasto público hacia defensa y seguridad, en perjuicio de otras partidas, lo que implica más inversión en tecnovigilancia ciudadana y la adecuación de infraestructuras para escenarios de conflicto. En Europa, la amenaza rusa se da por supuesta —convencional o híbrida— y, a partir de ella, se reordenan presupuestos, prioridades, redes logísticas y marcos discursivos tanto internos como de acción exterior. Quien discuta esto y tenga peso o lo adquiera públicamente, sea persona física o jurídica (una ONG o grupo de acción), pasa a ser un obstáculo para las prioridades de la PESC. El siguiente paso es que la Comisión de la UE incluya a esas personas o entidades en la lista de sancionados.

Estas sanciones, instrumentos administrativos concretos, incluyen la congelación de activos, la prohibición de recibir fondos y la restricción de entrada, sin necesidad de juicio previo. Además, el recurso judicial es lento y costoso, y la Comisión puede reinterpretar las causas para sancionar a los afectados, incluso tras la revisión judicial.

Cualquier pensamiento alternativo que conciba la seguridad desde la diplomacia, la desmilitarización o la convivencia y negociación con el “otro” para afianzar una realidad sin amenaza. En este marco mental que se va imponiendo, pensar en la Paz parece ingenuo; cuestionar la escalada, sospechoso.

Cuando el pasaporte deja de significar pertenencia

Denegar la entrada a un ciudadano con pasaporte es un gesto simbólico de enorme calado: declara que la nacionalidad ya no es un vínculo estable, sino una condición revocable. Para quienes construyeron su vida bajo esa promesa, el mensaje es deshumanizador: no se les expulsa, pero se les hace sentirse extranjeros en su propio origen.

Lo más inquietante es que estas transformaciones avanzan sin apenas debate, como si ya hubiéramos aceptado que la seguridad excusa todo y está por encima de cualquier criterio rector de la vida personal y el «contrato social», una Constitución y cuerpo de leyes derivado, o la jurisprudencia. Es inicio de la erosión silenciosa de la ciudadanía.

¿Eres un ciudadano británico afectado o conoces a alguien que lo sea? Consulta los enlaces y recursos adjuntos para conocer tus derechos y cómo prepararte. Este caso invita a reflexionar: ¿hasta dónde estamos dispuestos a permitir que la securitización redefina –y restrinja– los derechos civiles más fundamentales?

Fuentes: