El 8 de diciembre se cumple un año del asesinato de cuatro niños, Josué García (12 años), Ismael Quiñónez (13 años), Nehemías Torres (14 años) y Steven Zambrano (15 años), que murieron dentro de un cuartel militar mientras Ecuador era gobernado por Guillermo Lasso, jefe de un Ejecutivo que promovió la militarización como política pública central. No murieron por delincuencia, no murieron en un operativo riesgoso: los apresaron porque eran pobres, estaban en el lugar equivocado y se cruzaron con militares que se creían con derecho a detener a cualquiera y que los asesinaron bajo custodia estatal.

Este caso reúne todos los elementos jurídicos de un crimen de Estado: detención ilegal, tortura, incineración, omisión deliberada de auxilio, encubrimiento y protección institucional de los responsables.

El marco legal es claro: la Constitución ecuatoriana prohíbe detenciones arbitrarias, obliga a garantizar la integridad de personas bajo custodia y exige que los menores sean tratados con estricta protección especial. Nada de eso se cumplió, los niños fueron aprehendidos sin orden judicial, sin presencia de defensores ni familiares, sin causa legal y trasladados a un cuartel militar que no estaba habilitado para custodiar menores. La responsabilidad política alcanza directamente al entonces presidente Guillermo Lasso, al ministro de Defensa y a la cadena de mando militar que autorizó procedimientos ilegales. Hasta ahora ninguno ha sido citado por la Fiscalía.

Los 4 niños fueron incinerados, desfigurados y mutilados. Las autopsias expusieron lesiones, traumas y rastros de sometimiento incompatibles con versiones oficiales. Hubo golpes, hubo violencia física reiterada y hubo omisión absoluta de atención médica. La muerte de los 4 niños (que habían salido a jugar a la pelota) configura tortura seguida de muerte, delito grave bajo el derecho ecuatoriano e internacional. “Los hechos configuran un asesinato de menores cometido por agentes estatales, considerado un crimen de lesa humanidad bajo el Derecho Penal Internacional”. Este no es un caso administrativo, el Estado, representado por sus agentes armados, es autor directo de la muerte de los menores. Nada en este expediente permite sostener otra idea.

La Fiscalía imputó a 17 militares, pero la investigación se ha limitado a ejecutores directos, ignorando la responsabilidad de mando. El derecho internacional establece que los superiores que ordenan, permiten o no evitan delitos cometidos por subordinados deben ser investigados penalmente. ¿Quién autorizó el ingreso de los menores al cuartel? ¿Quién validó su custodia? ¿Quién omitió activar emergencias? Estas preguntas tienen nombre y cargo, pero el sistema judicial ecuatoriano ha evitado tocar la esfera superior del poder militar. Es la fórmula clásica de la impunidad estructural.

En este punto es necesario decirlo sin rodeos: Daniel Noboa, actual presidente, no ha hecho absolutamente nada para romper esta impunidad. No ha exigido responsabilidad política, no ha presionado a la Fiscalía para investigar la cadena de mando, no ha ordenado auditorías militares, no ha removido a altos oficiales involucrados y no ha pronunciado una sola palabra clara que reconozca el crimen de Estado. Noboa heredó un caso brutal, pero también heredó la obligación constitucional de garantizar justicia. Ha preferido el mismo silencio práctico que favorece siempre a los victimarios. Un presidente que no actúa frente al asesinato de cuatro niños bajo custodia estatal se convierte, por omisión, en un eslabón más de la impunidad.

Las familias recibieron cuerpos incinerados (con signos de violencia evidentes) y documentos forenses plagados de omisiones. No se entregaron grabaciones completas, no se transparentó la cronología real de los hechos, no se permitió un análisis independiente. Esto configura encubrimiento estatal, delito autónomo y agravado. Los informes contradictorios, las versiones cambiantes y la ausencia de registros verificables demuestran un intento sistemático por manipular la verdad. La justicia ecuatoriana nunca debió aceptar tales irregularidades, pero las ha tolerado porque este caso toca a una institución históricamente blindada: las Fuerzas Armadas.

El proceso judicial avanza con lentitud insultante. Los 17 imputados dilatan, apelan y maniobran mientras ningún superior ha sido investigado. La justicia opera con evidente parcialidad estructural, reflejo de un sistema debilitado por presiones políticas y pactos históricos entre poder civil y militar. Cuando un tribunal protege a quienes torturan y asesinan menores mientras abandona a las víctimas, ya no es justicia: es un engranaje más del encubrimiento. En Ecuador, la impunidad es política de Estado, no un error ocasional.

Los 4 niños fueron enterrados sin verdad ni justicia. Sus muertes no provocaron renuncias, no generaron reformas, no motivaron consecuencias administrativas. La falta de acción política convierte a las autoridades civiles en corresponsables del encubrimiento. Lasso, sus ministros y la cúpula militar deben ser investigados por omisión dolosa y por responsabilidad de mando. Y ahora también Daniel Noboa debe responder políticamente por su inacción, ya que guardar silencio frente a un crimen de Estado es ser parte de él.

  • La Fiscalía no ha revelado los nombres debido a la “naturaleza penal del proceso”.
  • Los medios que cubrieron el caso no publicaron identidades, solo rangos generales (“militares involucrados”).
  • Las familias han denunciado falta de transparencia, pero tampoco han recibido ninguna lista.
  • Lo único confirmado es que sí fueron imputados, pero no quiénes son, ni rangos, ni nombres.

Este caso no es una tragedia aislada: es la confirmación de que el aparato estatal ecuatoriano puede detener, torturar y asesinar a menores y luego intentar desaparecer la verdad. Los 4 niños asesinados e incinerados de Guayaquil deben ser investigados como lo que son: ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes estatales y encubiertas por autoridades que prefieren proteger instituciones antes que niños.

  1. “Lo ocurrido configura una ejecución extrajudicial de niños en custodia estatal, un crimen prohibido de manera absoluta por el Derecho Internacional y considerado una de las violaciones más graves y atroces contra la humanidad infantil.”
  2. “Se trata de una ejecución extrajudicial de menores, un crimen internacional que vulnera normas imperativas del Derecho Internacional (ius cogens) y activa la responsabilidad penal del Estado y de sus agentes.”
  3. “Esto constituye una ejecución extrajudicial de menores perpetrada por agentes del Estado, una violación grave y directa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.”

La pregunta que define al Ecuador de hoy es simple y devastadora:

¿Permitirá Ecuador que estos 4 asesinatos de niños queden impunes?

Si la respuesta es sí, Ecuador habrá renunciado a ser un Estado de derecho….

Si la respuesta es no, la justicia debe comenzar donde siempre evita hacerlo, desde arriba…

 

Bibliografía

  • Fiscalía General del Estado del Ecuador. Caso Las Malvinas: Informe preliminar de investigación por desaparición forzada. 2024–2025.
  • Defensoría del Pueblo del Ecuador. Violaciones de derechos humanos en operativos militares en zonas urbanas. Informe Especial 2025.
  • Comité de los Derechos del Niño (ONU). Observaciones sobre el uso de fuerzas militares en seguridad interna en Ecuador. 2023–2024.
  • Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Tortura. Patrones de abuso en detenciones bajo custodia estatal en América Latina. 2024.
  • Human Rights Watch. Ecuador: Uso excesivo de la fuerza y cadenas de impunidad en instituciones de seguridad. 2024–2025.
  • Desapariciones forzadas y responsabilidad estatal en contextos de militarización. Informe Regional 2024.