El «Reglamento Fantasma»: con una norma técnica de Bruselas, con rango de ley suprema y sin debate público, ni juicio, la Comisión Europea puede arruinar la vida de un ciudadano europeo, o la de un refugiado legal y establecida ya, simplemente por expresar una opinión política incómoda o por participar de una manifestación marcada como “indebida”. Su nombre aparecerá en un anexo. Al día siguiente, su dinero desaparece y su permiso de residencia se anula y, en cascada toda su normalidad se hunde como castillo de naipes. Esto ya no es una teoría: es la nueva y silenciosa arma disuasoria de la UE. Es el principio del fin de la libertad de expresión.

Imagina que eres un ciudadano europeo, o un refugiado con permiso de residencia y trabajo pleno en, digamos, Berlín. Tienes una vida establecida, un contrato, un piso, amigos. Escribes en un blog, asistes a manifestaciones pacíficas o simplemente expresas en redes sociales, en radio y TV, tu posición y oposición a la militarización de la Unión Europea.

En resumidas cuentas, haces publica y manifiesta tu crítica a la participación directa en un conflicto como el de Ucrania, o tu activismo antimilitarista general.

Un día, sin aviso previo, tu cuenta bancaria es bloqueada. Tu permiso de residencia (si eres refugiado) es revocado o considerado nulo. Te conviertes en una persona non grata: no puedes trabajar, alquilar, recibir prestaciones, o, en muchos casos, ni siquiera permanecer en territorio de la UE. Has sido borrado del sistema. Una «muerte civil» en toda regla.

No es una fantasía distópica. Es una posibilidad real, habilitada por un instrumento legal de la UE que funciona como una guillotina silenciosa, fuera del control democrático ordinario.

El Arquitecto: la Comisión Europea y su poder de Ejecución delegada

La instancia que define este tipo de regulaciones coercitivas no es el Parlamento Europeo, ese foro de debate y representación ciudadana. Es la Comisión Europea, el brazo ejecutivo y técnico de la UE. Actúa mediante lo que se conoce como «actos delegados» o «actos de ejecución», particularmente en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). El proceso es el siguiente: el Consejo de la UE (los gobiernos nacionales) establece un marco amplio de sanciones contra un país (por ejemplo, contra Rusia por la guerra en Ucrania). Luego, autoriza a la Comisión a «completar» y actualizar las listas de personas y entidades sancionadas mediante Reglamentos.

Aquí está la clave: estos Reglamentos de la Comisión tienen eficacia directa. No son una recomendación. Son ley inmediatamente aplicable en todos los estados miembros, por encima de las leyes nacionales en su ámbito. Se publican en el Diario Oficial de la UE y, al día siguiente, todas las autoridades (bancos, policías, servicios de inmigración) están obligadas a cumplirlas. Estatutariamente, son el nivel más alto de norma jurídica de la UE: son ley en sí mismos (véase el apartado «Fuentes», al final del artículo).

La parálisis democrática: por qué el Parlamento Europeo es un carcelero gigante con los pies de barro

Y ahora, la parte que «espanta»: el control democrático sobre este proceso es casi ilusorio. El Parlamento Europeo, que es la parte de la UE  de miembros directamente elegidos por los europeos, no tiene un poder de veto real sobre estos reglamentos de sanciones individuales. Su papel es, en el mejor de los casos, de supervisión a posteriori. Puede ejercer presión política, puede adoptar resoluciones pidiendo explicaciones, puede llamar a comisarios a declarar. Pero no puede anular un reglamento que ya ha congelado los activos y expulsado a una persona.

El mecanismo es deliberadamente ágil y opaco, diseñado para responder rápidamente a crisis internacionales. La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) elaboran las listas basándose en informes de los servicios de inteligencia de los estados miembros, a menudo con una opacidad total sobre las pruebas. El estándar de prueba no es el de un tribunal penal («más allá de toda duda razonable»), sino un criterio administrativo y político. Basta con que alguien sea señalado como «dar apoyo» o «obtener beneficio» del régimen sancionador, o «socavar la integridad territorial de Ucrania». Y aquí es donde el lenguaje vago se vuelve un arma letal.

De la teoría a la pesadilla: el activista, periodista, ciudadano y el refugiado, todos en el punto de mira

Traduzcamos esto a un caso concreto. Eres un refugiado ucraniano que huyó de la guerra. Tienes protección temporal en la UE. Pero eres un activista pacifista que, desde tu nueva casa, escribes artículos criticando no solo a Rusia, sino también el envío de armas occidentales, argumentando que prolongan el sufrimiento. O eres un ciudadano europeo veterano antimilitarista que organiza protestas frente a fábricas de armamento. Bajo la lógica expansiva de estos reglamentos, un estado miembro o un servicio podría argumentar que tu discurso, al «minar la unidad de la UE» en su apoyo a Ucrania, constituye un «apoyo indirecto» a los objetivos rusos o una «desestabilización».

De repente, tu nombre aparece mencionado en un anexo de un Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 20XX/XXX. No hay juicio. No hay abogado presente. No hay derecho a confrontar las pruebas, que suelen ser secretas por «seguridad nacional».  Las consecuencias son instantáneas y absolutas y pueden parecerse a las siguientes:

  • Congelación/confiscación de activos: Todas tus cuentas bancarias, inversiones, propiedades en la UE se bloquean. Eres financieramente ilegal. No es una «congelación» temporal. Es la paralización absoluta de tu vida económica. No puedes cobrar un sueldo, recibir una herencia, cobrar una pensión, vender una propiedad, pagar una hipoteca o incluso recibir dinero de un familiar para comer. Eres un apátrida financiero en tu propio país. Los bancos, por miedo a multimillonarias multas, bloquearán todo y cortarán toda relación.
  • Prohibición de transacciones: No puedes recibir salarios, pagar el alquiler, o comprar comida con tarjeta bancaria.
  • Prohibición de entrada y tránsito: Si eres ciudadano, se te prohíbe viajar fuera de la UE y puedes enfrentar restricciones internas. Si eres refugiado o residente, tu permiso se convierte en papel mojado. Te conviertes en un apátrida de facto dentro de un territorio donde ayer tenías derechos. Es el destierro moderno.

Tu pasaporte europeo (sea como refugiado legal o como ciudadano UE nacido en un Estado UE y de pleno derecho) se convierte en un documento sospechoso. Aunque no haya una prohibición formal de viajar dentro de Schengen, intentar cruzar una frontera activará alertas. Y para salir de la UE, el escenario es dantesco: como señala acertadamente el lector, compañías aéreas africanas, asiáticas e incluso algunas europeas de bajo coste, se niegan ya a embarcar a personas en estas listas, por el riesgo prohibitivo de sanciones y la complejidad logística. Te conviertes en un prisionero de facto en tu continente, pero sin derechos para trabajar en él.

Pero todo lo antedicho combinado genera un efecto dominó: al estar tu nombre en la lista de la UE te coloca automáticamente en listas de vigilancia global (OFAC, etc.), arruinando tu reputación internacionalmente.

Sin olvidar el aspecto de la desintegración familiar. Porque si tu cónyuge o tus hijos, aunque sean ciudadanos europeos, dependen económicamente de ti, su vida se paraliza. Una cuenta conjunta es bloqueada. Las ayudas sociales pueden ser denegadas por «estar vinculadas a una persona sancionada». El estado de bienestar te escupe. La familia se convierte en rehén de tu estatus de proscrito.

Para el caso de un refugiado con papeles, con trabajo, derechos sociales, e hijos nacidos ya en la UE, el golpe es aún más rápido y brutal:

  • El permiso de residencia se anula de facto. Aunque el documento físico no se rompa, su validez es nula porque te conviertes en una «amenaza para la Política Exterior y de Seguridad de la UE». Las autoridades nacionales de extranjería tienen la orden directa de proceder a tu expulsión, aunque el país al que huiste (p. ej., Ucrania o Rusia) sea un campo de batalla. La protección internacional se revoca por un mecanismo paralelo.
  • Los hijos, ciudadanos europeos, se enfrentan a una disyuntiva medieval: ¿Se quedan en la UE, solos y con un progenitor convertido en fantasma, o siguen al padre/madre proscritos al destierro y la miseria? Es una pena de separación familiar administrativa. Sus documentos para la salida o transito pueden no ser reconocidos, incluso por su país de origen.

Has leído bien. El resultado es una suerte de proscripción o pena medieval o destierro (Friedlosigkeit) y muerte civil moderno, impuesta por un procedimiento administrativo, sin juicio. Tu vida se desintegra por el delito de pensar y expresar disidencia sobre una política considerada tabú: la militarización en el contexto de la guerra de Ucrania y a lo que se quiera extender desde la Comisión UE.

Conclusión: un poder devastador y sin contrapesos con la excusa de los “Tiempos de Crisis”

Este mecanismo revela una fisura alarmante en el Estado de derecho europeo. En nombre de la eficacia y la unidad geopolítica, se ha creado un procedimiento que permite a la tecnocracia de la Comisión, con el respaldo en la sombra de los gobiernos del Consejo, imponer sanciones devastadoras sobre individuos con una supervisión judicial y parlamentaria gravemente deficiente.

El mensaje subliminal es claro y deliberadamente disuasorio: existen líneas rojas en el espacio público, en lo que puede decirse, representarse, filmarse o difundirse. Criticar determinados aspectos de la política de defensa y seguridad de la UE, en un contexto de guerra, puede ser reinterpretado administrativamente como una conducta sancionable. Esto afecta por igual al ciudadano nacido en Lisboa y al refugiado acogido en Varsovia. Ambos son, ante este reglamento, sujetos suspendidos de derechos.

La historia nos recuerda que los períodos de guerra y tensión geopolítica suelen ser la coartada perfecta para erosionar libertades fundamentales.  También para la arbitrariedad y la excepción clamorosa cuando así conviene a las élites. Una excepción que delata la naturaleza profundamente política y no jurídica, de todo el dispositivo descrito en este artículo.

Todo lo dicho aquí aplica con rigor quirúrgico al ciudadano europeo de a pie o al refugiado (pese a tener sus papeles en regla), pero hay una especial salvedad: no rige del mismo modo para determinados perfiles privilegiados. Nos referimos a dictadores derrocados protegidos, ciertos responsables de crímenes masivos (que fueron útiles), oligarcas reciclados, jefes de aparatos represivos o figuras estratégicas de élites aliadas, jeques del petróleo, etc.

Para ellos existe una categoría tácita, nunca reconocida pero operativa y existente, de “refugiados VIP” de la UE. Personas para las que los Estados Miembros, sus servicios de inteligencia y sus mecanismos administrativos practican una indulgencia selectiva, miran hacia otro lado o negocian silenciosamente su acogida, residencia o tránsito, cuando conviene a intereses geopolíticos, económicos o de seguridad. La conclusión es inquietante: el Estado de derecho europeo no falla por exceso de dureza, sino además por su aplicación desigual. Es implacable con quien carece de poder, y sorprendentemente flexible con quien lo tiene. La arbitrariedad no es un fallo del sistema: es una de sus características estructurales.

La UE, construida sobre los escombros de la guerra y el compromiso con los derechos humanos, ha activado, quizás sin plena conciencia de su potencial efecto búmeran, una maquinaria que puede volverse contra sus propios principios. El verdadero «espanto» no es solo lo que le puede pasar a un activista hoy, sino el precedente que se sienta para silenciar cualquier disidencia incómoda en el futuro. El destierro administrativo ha regresado, vestido con el traje impecable de un reglamento publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.

EE.UU. proscribe a Francesca Albanese, alta funcionaria ONU, mediante una Orden Ejecutiva de Trum

También en Estados Unidos de Norteamérica, la jurista italiana Francesca Albanese, Relatora Especial de la ONU para los territorios palestinos, ha sido declarada persona non grata por el Poder Ejecutivo estadounidense. El 9 de julio de 2025, el Departamento de Estado la designó como «specially designated national» (SDN) bajo la Orden Ejecutiva 14203 (redit). Excepcional herramienta administrativa firmada por el presidente Trump que opera al margen del sistema judicial (una suerte de edicto presidencial sin filtro previo) (véanse EFE) y Human Rights Watch).

Esta designación, acusa a Albanese de “antisemitismo descarado y llevar a cabo una campaña política y económica contra EE. UU. e Israel” en el contexto de sanciones por sus críticas e informes sobre Israel y el llamado a la Corte Penal Internacional (véase efe.com), acusándola de promover acciones del TPI contra funcionarios, empresas y ejecutivos de EE. UU. e Israel. Este acto administrativo desencadena una suerte de muerte civil moderna. Se le veta la entrada a EEUU, se congelan sus activos en el sistema financiero dominante y se prohíbe a cualquier persona o empresa estadounidense realizar transacciones con ella. El efecto es asfixiante: queda financieramente paralizada y profesionalmente aislada, ya que entidades globales, por miedo a represalias, se pliegan a esta sanción unilateral.
La medida, condenada por la ONU como un «precedente peligroso», evidencia cómo un acto puramente administrativo del poder ejecutivo puede anular las inmunidades funcionales de un mandato internacional y reducir al ostracismo a un individuo, sin acusación formal ni derecho a defensa. Así es que Albanese padece las decisiones de la República Cesarista y Oligárquica en la que se ha convertido EEUU.
Volviendo a nuestro Continente, Europa no consiste en Reglamentos, ni sus Directivas, ni la Comisión, ni una lista de sanciones publicada en su Diario Oficial. Europa somos las personas que la habitamos: las que trabajan, cuidan, piensan, discrepan y conviven en ella. Los nacidos aquí y los que se han naturalizado y contribuyen a ella diariamente. Somos más que el castillo Kafkiano de los burócratas UE y más duraderos que sus coyunturas de miedo. Recordarlo no es un gesto retórico, sino un acto político en sí mismo.

Frente a la lógica del castigo preventivo, del silencio impuesto y de la excepción permanente, solo cabe una respuesta común: conciencia crítica, solidaridad activa y resistencia no violenta. Defender la libertad de expresión de quien piensa distinto no es traicionar a Europa; es salvarla de sí misma.

El futuro no pertenece a los aparatos ni a los tecnócratas, sino a los ciudadanos que se reconocen unos a otros como iguales en dignidad. Ese futuro no está escrito: se construye e intenciona entre todos, conscientemente, o se nos impondrá.

Fuentes:
Comparación contextual (destierro medieval ↔ sanciones administrativas modernas) o analogía con figuras históricas, como el destierro medieval o Friedlosigkeit:  hoy, cómo en el pasado, los poderes públicos pueden excluir a individuos (personas físicas o jurídicas) fuera de la comunidad política y social, a todos los efectos,  En la UE la exclusión se hace mediante sanciones económicas, congelación de activos y restricciones de movilidad, pero bajo un régimen jurídico codificado y vinculante (por ejemplo, las listas de sancionados de la PESC y su ejecución por actos de la Comisión o del Consejo).