UN LLAMAMIENTO URGENTE POR LA LEGALIDAD Y LA PAZ

Desde el anuncio del presunto golpe militar, el 26 de noviembre de 2025, el orden constitucional de la República de Guinea-Bissau ha sido violentamente atropellado por una sucesión de actos que afrontan, de forma grave y reiterada, los principios básicos del Estado de Derecho Democrático. El Ing. Domingos Simões Pereira, Octávio Lopes, Roberto Moesba y un número indeterminado de responsables políticos fueron detenidos sin fundamento legal; cerca de treinta jóvenes ciudadanos fueron objeto de brutales palizas por haber organizado manifestaciones pacíficas; cinco magistrados del Ministerio Público fueron privados de su libertad de manera absolutamente arbitraria; y, de forma igualmente inaceptable, miembros de la Comisión Nacional de Elecciones fueron detenidos, en un ataque directo a las instituciones responsables del proceso electoral y a la propia esencia de la democracia.

A estos hechos se suman detenciones ilegales, agresiones contra manifestantes pacíficos, el silenciamiento forzado de órganos de comunicación social y la imposición de restricciones severas y desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión en las redes sociales, libertades reconocidas como pilares esenciales de la vida democrática.

Cuando el país alimentaba la esperanza de un regreso mínimo a la normalidad institucional, la invasión militar de la sede del PAIGC, el 29 de noviembre, volvió a exponer una escalada de abusos sin fundamento, sin transparencia y sin justificación alguna compatible con los principios del Derecho y de la convivencia civilizada.

Se multiplican denuncias de invasiones ilegales a domicilios, actos que constituyen violaciones directas del derecho a la inviolabilidad de la residencia y configuran prácticas de intimidación gravísimas, atentatorias de la dignidad humana y de la seguridad colectiva.

Aquellos que, por la fuerza de las armas, usurparon el poder y subyugan a los ciudadanos al margen de la ley deben comprender, de forma clara e inequívoca, que se han colocado fuera del marco jurídico constitucional y que transitan por un camino ilegítimo, insostenible y políticamente condenado.

El pueblo guineano no está callado ni es indiferente. La comunidad internacional, a través de sus instituciones, Estados y organizaciones regionales, condena enérgicamente estas prácticas antidemocráticas. Persistir en esta ruta de arbitrariedad, abuso y destrucción institucional es elegir, de forma deliberada, el aislamiento, la ilegitimidad y el fracaso histórico.

Es, por lo tanto, imperativo afirmar con absoluta claridad que es urgente liberar inmediatamente a todos los ciudadanos detenidos de forma ilegal, incluidos dirigentes políticos, jóvenes, magistrados, miembros de la CNE y todos aquellos que fueron privados de la libertad sin respeto por las garantías jurídicas. Cada minuto de detención arbitraria constituye una violación continua de la Constitución y un atentado a la dignidad humana. Se exige igualmente el cese inmediato de todas las prácticas de intimidación, persecución y nuevas detenciones arbitrarias, las cuales atentan contra el núcleo de los derechos fundamentales.

En este momento crítico para la supervivencia institucional de la República, se impone un vehemente llamamiento a la comunidad internacional. La CEDEAO, la Unión Africana, la Unión Europea, la CPLP y las Naciones Unidas están llamadas a actuar con determinación, utilizando todos los mecanismos diplomáticos, políticos y humanitarios a su disposición para salvar a Guinea-Bissau de lo peor. El silencio, la neutralidad o la hesitación no son opciones cuando un pueblo entero y sus instituciones democráticas se encuentran bajo grave amenaza. Este es el momento de la solidaridad activa y de la intervención responsable, para impedir que el país se sumerja aún más en el caos, la violencia y la ruptura constitucional.

Para aquellos que detentan, en este momento, la fuerza de las armas, ha llegado la hora impuesta por la propia Constitución de corregir el rumbo. Retrocedan mientras aún existe espacio jurídico y político para restaurar alguna forma de responsabilidad. Permitan que las autoridades electorales concluyan el proceso que les es legalmente atribuido, sin injerencias militares, intimidaciones o manipulaciones.

Tengan el valor de reconciliarse con el pueblo guineano, de devolver a las instituciones el respeto que se les debe y de poner fin inmediato a esta espiral de violencia y usurpación.

Guinea-Bissau no pertenece a las armas; pertenece a la Ley, pertenece a su pueblo, pertenece al futuro que este país merece. Que cada ciudadano, cada institución y cada voz consciente se movilice en la defensa intransigente de la legalidad, la dignidad humana y la libertad. La Historia no absolverá a los que elijan el lado equivocado, pero honrará para siempre a los que defiendan el Derecho, la Justicia y la Democracia.

Y que resuene, con la fuerza de todo un pueblo, este compromiso inquebrantable: ningún poder es legítimo si se construye sobre el miedo, ningún futuro puede nacer de la violencia y ninguna autoridad puede justificar la agresión a la vida humana. La paz debe prevalecer sobre la fuerza, la integridad física de cada ciudadano es un derecho sagrado e inviolable, y el regreso inmediato a la legalidad no es solo una exigencia moral, es el único camino posible para salvar al país, preservar vidas y restaurar la esperanza de un futuro digno.

Por la Paz, la Justicia y los Derechos Humanos

Bissau, 30 de noviembre de 2025