El Congreso de Colombia propinó una significativa derrota al presidente Gustavo Petro al archivar la reforma tributaria que su gobierno había impulsado como pieza clave para financiar el Presupuesto General de la Nación 2026. La Comisión Cuarta del Senado votó el 9 de diciembre en contra de la iniciativa con nueve votos por el “no” frente a cuatro a favor, decisión que dejó sin efecto un proyecto que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos mediante aumentos en el IVA y gravámenes a sectores extractivos, patrimonios altos y otros impuestos a servicios y bienes. El rechazo se produjo a pesar de que el Ejecutivo había accedido a recortar el monto inicial propuesto.
La caída de la ley de financiamiento representa un duro golpe que reduce significativamente la posibilida de avanzar otros proyectos emblemáticos como la reforma a la salud o la creación del Ministerio de la Igualdad. El presidente reaccionó con fuertes críticas hacia el Congreso, acusando a los legisladores de anteponer intereses políticos y “odio” por encima del interés nacional, y advirtió sobre consecuencias económicas que podrían empezar a sentirse de inmediato. Por su parte, la oposición celebró la decisión, argumentando que se blindaba el bolsillo de los colombianos y se frenaba un aumento de impuestos que, según ellos, afectaría a empresas y consumidores.
Las consecuencias fiscales del rechazo son palpables: el Gobierno enfrenta ahora un déficit significativo en las cuentas públicas para 2026, lo que lo obliga a explorar ajustes presupuestales, recortes de gasto o nuevas fuentes de ingresos, mientras se mantienen presiones para conservar sus programas sociales en medio de un escenario económico complejo. Expertos han advertido que la ausencia de una reforma estructural que aumente la recaudación podría agravar la inestabilidad fiscal, dejando al Ejecutivo con opciones limitadas en los meses que restan de su mandato.
