Así va Colombia en la protección de los derechos de los líderes y líderesas sociales

Colombia cierra el año con una disminución en la cifra de asesinatos contra líderes y lideresas. Al tiempo que los grupos armados al margen de la ley, como el ELN y las disidencias de las FARC, entran en proceso de reestructuración.

Las cifras recogidas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) indican que el país tuvo una mejor cobertura en la protección de los derechos humanos en 2025, pues se registraron 173 homicidios, ocho actos violentos menos que en 2024 en contra de la vida de los líderes y lideresas. A estos hechos no fueron ajenos los firmantes de paz, quienes tuvieron que despedir a 37 compañeros que se habían reintegrado a la sociedad a través de distintos proyectos, siete homicidios menos que el año anterior.

Los números, a pesar de ser alarmantes, muestran un descenso considerable en relación al último año (2024), en el cual se contabilizaron 93 masacres cometidas contra la población en general, dejando como saldo 200 personas fallecidas. Para profundizar sobre el tema, invitamos a Camilo González Posso, director de Indepaz, quien nos brinda una radiografía sobre el asesinato de líderes, lideresas y firmantes, además de los Programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), y la lucha por el territorio entre las organizaciones al margen de la ley y el Estado colombiano.

Stephania Aldana (SA): Buenas tardes, Camilo. Gracias por el espacio para Pressenza. Expliquemos, por favor, cuáles han sido estas causas y los agentes que llevaron al asesinato de líderes, lideresas y firmantes del Acuerdo de Paz firmado en 2016, durante el año en curso. 

Camilo González Posso (CGP): Las cifras de asesinatos de líderes, lideresas y firmantes son un indicador […] que puede combinarse con otros para apreciar cómo se está desarrollando la dinámica del conflicto [armado] en Colombia y las afectaciones en las diferentes regiones. […] En este gobierno hubo algunos momentos de disminución leve en algunos indicadores; no podemos decir que se pasó a una reversión completa, a una tendencia de caída radical en estas cifras. 

Eso además tiene unas expresiones regionales muy características que muestran, efectivamente, [y] corroboran que hay una serie de regiones en Colombia donde se registran unas dinámicas violentas muy por encima del promedio nacional. Esta situación se presenta especialmente en zonas rurales donde hay presencia endémica de grupos armados, y en algunos casos son agrupaciones de narcotraficantes directamente asociadas al crimen transnacional, y en otros son fracciones herederas de este conflicto armado interno que en Colombia no termina de cerrarse, a pesar de los acuerdos de paz que se han firmado en décadas anteriores. 

Los actos violentos con mayor reiteración se presentan en departamentos como Cauca, Antioquia y  Norte de Santander, donde se evidencian de manera reiterada cifras elevadas sobre violencias y se combinan dos dinámicas. La primera está relacionada con los grupos armados organizados; mientras que la segunda proviene de un ascenso de las formas delincuenciales de violencia. Y se constata que hay una combinación entre ambas formas. Por un lado, el número de atentados que se dan contra líderes y lideresas no son ejecutados por un grupo armado que directamente comete el homicidio, sino que hay una tercerización, una contemplación. Eso es muy típico del ascenso de esa violencia criminal que no tiene una relación directa con los grupos armados, pero sí hay un propósito de destruir procesos organizativos sociales.

[Está claro que] hay una lucha por control territorial en Colombia, donde están comprometidos cerca de 300 municipios, unos con alta intensidad y otros como áreas de circulación, en los cuales se presentan estas disputas por control de recursos, de minería, de coca para cocaína y otros recursos. Pero más allá de la disputa por el control, es más preponderante la disputa por el control de las rutas para el acceso a los recursos y el transporte de estos. Así, buena parte de los asesinatos de líderes y de las masacres y asesinatos de personas están relacionados con disputas por la recuperación de las rutas. 

Entonces no son muertes de líderes como resultado de la confrontación entre grupos armados y el Estado, sino entre los grupos al margen de la ley, seguido por las organizaciones de armados ilegales contra las comunidades autónomas organizadas, y en especial contra los líderes comunales que son la base de la sociedad, al conformar las juntas de acción comunal.

Si nos detenemos en las cifras, el mayor número de asesinatos se registra contra los líderes comunitarios. Seguido de los líderes campesinos y las lideresas campesinas, y en tercer lugar se encuentran los líderes indígenas. Este orden indica cómo se ha concentrado la violencia en nuestro país. 

Ahora bien, el tema de reincorporados tiene otra lógica. Muchos de los asesinatos de las personas reincorporadas tienen que ver con presiones de grupos armados para que los reincorporados participen en sus asociaciones, porque los reincorporados son un recurso valioso para esos grupos, ya que tienen entrenamiento militar; en cambio, los grupos nuevos como la post-FARC no tienen mandos militares importantes, tienen escasez de mandos militares, y esa gente está improvisando. Por ejemplo, en el Cauca nosotros vemos a alias “Dagoberto” y a alias “Max Max”; todos estos grupos tienen uno o dos mandos que antes eran como de tercera línea o cuarta línea en las FARC. Por eso hay tanta presión hacia los desmovilizados con mayor trayectoria, quienes también son vistos como unos rivales en el territorio. Y en los casos de asesinatos relacionados con los reincorporados, sí hay un componente directo de acción de grupos armados ilegales. 

Stephania Aldana (SA): ¿Cuál es avance en el desarrollo de los planes de desarrollo con enfoque territorial?

Camilo González Posso (CGP): Los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) fueron definidos, discutidos en La Habana y firmados en el Acuerdo del Colón, el 24 de noviembre de 2016. Dentro del documento se contemplaron 170 municipios donde habían tenido alta presencia las FARC, y donde se esperaba la llegada del Estado para beneficio de las comunidades. Entonces, los planes de desarrollo con enfoque territorial son acciones de inversión sectorial en territorio, que se combinan con las definiciones que se hicieron en la reforma rural, temas de tierras y de reforma agraria parcial y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), es decir, hay que verlos integrados. Estos son los tres elementos del Acuerdo del Colón que se dirigen a poblaciones donde había  presencia de las FARC, antes de la firma del Acuerdo de Paz.

Lo que nosotros hemos visto en relación a los PDET es que hubo una lentitud en su implementación desde el principio, es decir, hubo un retraso, una llegada tarde, y llegaron primero las mafias a restituir su poder en el control de los territorios y a su vez a oponerse. Muchos de estos municipios PDET eran anteriormente municipios ubicados en los departamentos del sur y suroccidente, el corredor amazónico, hacia regiones de la frontera con Venezuela y el Magdalena Medio hacia Antioquia. 

No obstante, tras la firma del Acuerdo de Paz se estableció un paquete de beneficios para una primera etapa, se hicieron unos procesos de consulta, de diálogo y de planeación. Eso significó varios centenares de miles de solicitudes recogidas. Luego de eso, se hicieron unas filtraciones y quedaron los planes regionales, los planes de transformación regional. Entonces se estableció una estrategia de embudo, una gran consulta, todas las aspiraciones, las diluciones de la gente, y eso se fue filtrando hasta que en el embudo quedaron unos planes subregionales.

Lo que decidió el gobierno Duque fue trasladar la responsabilidad de los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) municipales a los Consejos Municipales y concentrar la atención en los planes subregionales. Hasta allí avanzó el gobierno Duque, que llegó hasta la formulación de los planes, un proceso de planificación larguísimo, consulta, y participación, pero se fueron los cuatro años y la inversión ya por los canales previstos fue una inversión bastante dispersa y escasa. 

Por el contrario, en este gobierno [el de Petro] hubo una intención de dinamizar los planes de desarrollo junto con la reforma agraria, y se dio dentro del conjunto de elementos que tienen los PDET, el énfasis mayor lo tuvo el tema de tierras. Tierras, infraestructura, vías, supongo los asuntos de mayor peso en toda esta transformación territorial. 

Podríamos decir, entonces, que los balances muestran que hay un desarrollo muy parcial de los planes de desarrollo en algunas zonas por la disputa del control de la inversión y no permitir la financiación del Estado. Y no es que el Estado no llegue. El Estado, incluso con todas sus dificultades, ha intentado llegar, pero en el territorio se han presentado disputas con los grupos armados que se han recompuesto en algunos municipios. De los 170 municipios escogidos para la implementación de los PDET, por lo menos en 100 de esos municipios hubo recomposición de grupos armados.

Unos (provenientes del) Clan del Golfo (EGC) (…), herederos de los paramilitares, y otros grupos post-FARC o ELN […].

Stephania Aldana (SA): El gobierno colombiano estuvo en conversaciones con el ELN para un posible acuerdo. ¿Cómo se describiría el alcance de este grupo armado ilegal en el país y cuál es su pie de fuerza?

Camilo González Posso: El ELN está en este momento en una contraofensiva a partir de sus posiciones en Venezuela y en la frontera. Durante los últimos tres años ha tenido un debilitamiento de sus posiciones en algunas regiones. En disputa con otros grupos; así, por ejemplo, Chocó fue desplazado hacia la frontera con el Valle del Cauca.

En toda la zona de Buenaventura, el Pacífico caucano y occidente caucano, el ELN fue confrontado por los grupos post-FARC y tuvo que replegarse hacia la Cordillera Central y hacia otras áreas del Cauca. En Nariño, el grupo armado tuvo la fractura con comuneros en el Bajo Cauca Antioqueño y hacia el sur de Bolívar, una confrontación que lo ha contenido en el sur de Bolívar. Entonces, desde finales del año pasado (2024) y principios de este año decidieron hacer una contraofensiva desde sus posiciones en Arauca y en el Catatumbo. También se evidenciaron intenciones de posicionarse en la frontera hacia Venezuela, en la frontera con La Guajira.

El ELN tiene presencia e influencia en algunos sectores urbanos, eso ha sido parte de su tradición Camilista. Sin embargo han perdido posicionamiento político. El comportamiento de ellos frente a los acuerdos, frente al secuestro, frente a operaciones brutales como la del Catatumbo, pues han llevado a que tengan un aislamiento político que se siente en el conjunto del país. No son los abanderados de la revolución, de la causa, no. Son vistos como un obstáculo para el bienestar de la gente, para la democracia.

Tampoco se puede decir que el ELN se haya degradado, se haya convertido en una fuerza narcotraficante. Esa es una imagen retórica que puede ser utilizada para la confrontación política, pero que no corresponde a la realidad. Por supuesto que hay niveles de despolitización en los frentes nuevos, con militancia, pero la cúpula de ellos y la dirigencia de los frentes está en un proceso de regionalización. […] Ellos no son una organización que espera destruir el ejército para tomar el poder, sino que es la defensa de territorios, de controles y de poderes populares en algunas regiones, pero la acumulación regional significa que tienen una estrategia de poder a corto plazo, de poder central. 

Stephania Aldana (SA): Expliquemos de forma somera a la audiencia internacional de qué se trata el paro armado que llevó a cabo el ELN

Camilo González Posso (CGP): Este paro es parte de esa dinámica [de hacer presencia en el territorio nacional], aprovechando la coyuntura de agresión de los Estados Unidos contra Venezuela y el anuncio de que vienen también por Colombia y que van a hacer operaciones en territorio colombiano, incluso bombardeos para destruir lo que Trump llamó fábrica de cocaína.

Entonces están posicionándose con esta acción absurda, porque al protestar contra Estados Unidos le bloquean la comida a la gente paralizando las carreteras. Es una cosa loca.  Entonces vamos a ver, por lo pronto acciones muy puntuales de propaganda, ejemplo de ello es poner una pipeta de gas supuestamente con explosivos o pintan una pared en algunos sitios de Colombia. Ya hemos hecho la contabilidad en otros paros armados. Yo creo que ellos pueden hacer pintas y tener alguna manifestación de asistencia en este paro en cerca de 100 municipios. Sin embargo, eso no quiere decir que tengan en esos 100 municipios un arraigo consolidado o unidades fuertes, pero es donde ellos pueden tener movilidad central. Eso se vio en este paro.

No hay ninguna simpatía nacional por ese paro. Hay un rechazo. La gente ve que eso es una amenaza, que es una alteración. La población que habita en el sur del país, donde la vía Panamericana que es interrumpida en varios trayectos, se ve afectada por el retraso en la llegada de algunos alimentos y el encarecimiento de algunos de estos. 

En ese sentido, yo creo que ellos pierden con este paro que va hasta el 17 de diciembre. Luego, ellos acostumbran a tomarse las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, pues van a ver a la mamá. Y el 1 de enero hacen explotar por allá un camión con dinamita y acaban con los policías. Esa ha sido su trayectoria desde hace 30 años por parte de ellos. En pocas palabras, el ELN no tiene la posibilidad de conformar un ejército guerrillero para desestabilizar, pero sí tiene mucha capacidad de perturbación. Y es que 10 milicianos con unos petardos en las grandes ciudades generan un pánico tremendo. Ya lo han hecho. En Bogotá, cuando han puesto artefactos explosivos en centros comerciales o el atentado a la Escuela de Caballería General Santander, ubicada en Bogotá. 

Stephania Aldana (SA): Cambiemos un poco de tema y vamos a las cifras sobre las masacres durante la época electoral. Así, en el 2022 se registraron 94 actos violentos que dejaron un saldo de 300 víctimas. ¿Tendremos números parecidos para 2026, el cual será un año electoral, por cuenta de la violencia armada y la delincuencia común? 

Camilo González Posso (CGP): Bueno, las masacres son un capítulo aparte, porque buena parte de estas tienen una lógica de violencia común, de criminalidad común, de retaliaciones de grupos locales.

Hay una parte muy importante de esas masacres. No son las mismas masacres que se dieron con la escalada paramilitar en los años noventa y principios de este siglo, que eran parte de una estrategia estatal antisubversiva y de disputa por territorios. Ahora es otro fenómeno. Yo creo que en la coyuntura electoral, los mayores factores de riesgo tienen que ver con las posibles alteraciones promovidas por las disidencias que encabeza alias “Mordisco”, que ya están haciendo un experimento en este momento de un paro armado en las zonas del Bajo Caguán, del Putumayo, del medio Putumayo y también en Guaviare. Estos sucesos pueden persistir en época electoral, en las zonas más periféricas de la selva. No obstante, el interrogante es si esa lógica se va a producir en otros territorios, particularmente en el Cauca, lo cual podría significar una alteración muy grande en época electoral, dada su capacidad de bloquear carreteras y de generar una perturbación muy fuerte en el suroccidente de Colombia.

(…) Yo creo en la hipótesis: para la coyuntura electoral estos grupos prefieren tratar de incidir en las elecciones, apoyar a ciertos candidatos al Congreso, ciertas posiciones, y para eso van a hacer lo que han hecho históricamente.

En épocas de elecciones se meten en elecciones. El ELN es uno de los más electoreros que hay. El ELN hace elecciones en Arauca, en Norte de Santander, donde puedan… Siempre ha hecho elecciones, en pocas palabras, siempre ha aprovechado el periodo electoral para meterse en la institucionalidad. Es un clientelismo armado. Entonces, por eso yo creo que sí, puede haber factores en los que incidan los armados, pero no creo que pueda darse un bloqueo, sabotaje de un impacto mayor al proceso electoral por parte de los violentos o de la violencia armada directa, sin desconocer los riesgos que implican sus anuncios de paros armados.

Por otra parte, la inestabilidad para la época electoral procede de otros factores que tienen que ver con la situación internacional, como el anuncio de Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos, y compañía de interferir en las elecciones. Él indicó que ahora ellos son parte de los procesos electorales en el hemisferio para la doctrina Trump. 

Y por último están los problemas generales de las mafias y el clientelismo que interfieren en las elecciones. Esos son problemas endémicos y estructurales que han existido. Sin embargo, desde el punto de vista estructural, yo creo que se presentan riesgos, pero que el impacto va a ser marginal.