Desde el Espacio Día a Día por Julia Chuñil se reitera en Declaración pública suscrita por 200 organizaciones e individualidades de Chile y el exterior, el llamado a seguir movilizados por Verdad y Justicia al acercarse el 8 de noviembre, a un año de la desaparición forzosa de Julia Chuñil. Diga lo que diga la Fiscalía, Julia Chuñil es una guardiana de la vida y de la naturaleza instalada para siempre en la memoria y la dignidad de los pueblos que habitan nuestro territorio. Encontrar a Julia Chuñil Catricura es un imperativo humano, político y ético.

El clamor por verdad y justicia se ha extendido en todo el país, y desde el 6 de octubre circulamos esta declaración, recogida por organizaciones socioambientales, indígenas, de derechos humanos y memoria, o culturales, pero también colectivos políticos, feministas y territoriales que cubren un amplio espectro de la sociedad. Asimismo han adherido a esta declaración organizaciones y personas de Argentina, Canadá, Nicaragua, Bolivia, México y Nicaragua, como también de Francia, España, Suecia, Bélgica y Noruega.

Ante una Fiscalía que continúa destinando sus esfuerzos a criminalizar a los hijos de Julia Chuñil, utilizando testigos de identidad reservada, en muchos casos policías involucrados en montajes anteriores, planteamos las siguientes demandas urgentes: Nombramiento de un nuevo fiscal, investigación exhaustiva y cumplimiento del debido proceso y protocolos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto de desapariciones forzosas.

Requerimos que se proceda a investigar el patrimonio y redes financieras del empresario Juan Carlos Morstadt Anwandter, y se ponga término a las subvenciones y beneficios estatales a las empresas forestales, salmoneras, mineras y pesqueras por su rol en el despojo territorial. Exigimos finalmente que se intervenga y audite a la CONADI, y se adopten medidas de protección para defensoras y defensores ambientales, territoriales y de derechos humanos.

A continuación, el texto completo de la declaración.

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6 de octubre de 2025

El Estado sabía: silencio, encubrimiento y racismo en la desaparición de Julia Chuñil Catricura

Desde el espacio “Día a Día por Julia Chuñil”, creado hace once meses para mantener vivo el conteo del horror tras la desaparición forzada de la dirigenta mapuche, constatamos con espanto cómo en Chile la desaparición de personas se ha vuelto una práctica naturalizada.

Y es un desafío que interpela al Estado y compromete a los pueblos de Chile en la defensa de los derechos humanos, ambientales, de la justicia y de la vida.

Seguían pasando los meses del hecho denunciado, y sólo había silencio como respuesta institucional. Para que el Presidente de la República, Gabriel Boric, el fiscal nacional, Ángel Valencia, y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, reaccionaran públicamente, tuvo que conocerse un estremecedor fragmento de una conversación en la cual el empresario forestal Juan Carlos Morstadt dice: “la quemaron”. La cruda revelación del destino final de Julia Chuñil se desprende de un relato del fiscal Jaime Calfil en un oficio al juzgado de garantía, que llegó a manos de la defensa y fue difundida el 30 de septiembre por la abogada Karina Riquelme y la familia.

La indignación no tardó en extenderse. Desde el sur al norte del país, comunidades mapuche, organizaciones socioambientales y sectores populares se movilizaron exigiendo justicia. Fue esa presión social, y no la voluntad de las instituciones, la que obligó a la prensa hegemónica a romper el cerco informativo y abordar un caso que expone, una vez más, la impunidad estructural frente a la violencia racista y patriarcal en Chile.

Desaparecida por defender la tierra: Julia Chuñil y la impunidad estatal

Este fragmento de conversación que Calfil cita en el oficio, era conocido por el Ministerio Público desde hace meses. Sin embargo, ni se informó a la familia ni se adoptaron acciones relevantes respecto del latifundista, quien había hostigado y amenazado a Julia Chuñil Catricura antes de su desaparición para que abandonara la tierra en disputa.

Entrevistado por TVN, Morstadt cayó en contradicciones: primero negó sus dichos, luego afirmó no estar seguro si había sido él o su interlocutor quien los pronunció, y finalmente anunció querellas.

Mientras tanto, las abogadas de la familia denunciaron que el equipo jurídico fue bloqueado en su acceso a la causa, sin poder revisar los antecedentes ni conocer la situación legal de los hijos de Julia. En paralelo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -que en julio decretó medidas cautelares en favor de Julia Chuñil- fue informada de estos hechos. Solo recientemente, el Poder Judicial normalizó el acceso a la causa, permitiendo retomar el cauce legal y el monitoreo internacional.

Desde el espacio Día a Día por Julia Chuñil, afirmamos que el Estado en su conjunto es responsable de que aún no se encuentre a Julia, pues ya conocía las transcripciones que confirmaban la violencia ejercida en su contra.

Durante su campaña, la exministra Carolina Tohá sostuvo que en la desaparición de Julia no habían participado agentes del Estado. En reuniones oficiales, la Subsecretaría de Derechos Humanos ha objetado incluso que se hable de desaparición forzada. Hoy, el fiscal Ángel Valencia minimiza la relevancia de las palabras de Morstadt, amparándose en la “reserva” del caso, sin explicar por qué el empresario no ha sido formalizado ni detenido. En cambio, desvía la atención anunciando una investigación por la filtración del citado relato sobre un audio de Morstadt.

La fiscal Tatiana Esquivel, aún en funciones, ha sido denunciada por prácticas de intimidación y apremios ilegítimos hacia las víctimas, cargos por los cuales deberá comparecer este mes ante la justicia. Además, incurrió en falsedades para obtener la orden judicial que permitió el violento operativo policial en el domicilios de dos de los hijos de Julia Chuñil, señalando falsamente la existencia de “manchas de sangre” de la dirigenta mapuche. En un Estado que se precie de democrático y respetuoso de los derechos humanos, ya habría sido removida de su cargo.

El Ministerio Público, con una reputación gravemente deteriorada, archivó más de 11 mil causas de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la Revuelta de 2019. En el sur del país, fiscales que participaron en el montaje de la Operación Huracán siguen impunes. También siguen sin justicia el femicidio empresarial de Macarena Valdés, la desaparición de José Huenante y el asesinato de Emilia Bau. En el caso de Julia Chuñil, se evidencian sesgos racistas, clasistas y un ensañamiento judicial hacia su familia.

Ningún órgano del Estado -ni la Fiscalía, ni el Consejo de Defensa del Estado, ni la Contraloría- ha investigado la red de corrupción público-privada que involucra a la CONADI, institución que pagó millonarias sumas a Morstadt por las tierras en disputa y luego le devolvió el terreno sin exigir la restitución de los recursos públicos.

El primer informe del gobierno ante la CIDH intentó presentar que “todo funciona conforme” a las medidas cautelares. Pero la realidad es otra: la Fiscalía ha destinado sus esfuerzos a criminalizar a los hijos de Julia, utilizando testigos de identidad reservada, en muchos casos policías involucrados en montajes anteriores.

A casi un año de su desaparición, el único resultado conocido de la investigación es este relato filtrado desde la fiscalía, sobre los dichos en un audio de Morstadt, enviado al Juzgado de Garantía, que confirmaría un hecho bárbaro: el asesinato de una mujer mapuche de 72 años, defensora del territorio y presidenta de la comunidad Putreguel. Una vida sin valor para la justicia, una guardiana de la vida y de la naturaleza que se instala para siempre en la memoria y la dignidad de los pueblos que habitan nuestro territorio.

Encontrar a Julia Chuñil Catricura es un imperativo humano, político y ético.

Y es un desafío que interpela al Estado y compromete a los pueblos de Chile en la defensa de los derechos humanos, ambientales, de la justicia y de la vida.

Exigencias a once meses de la desaparición forzada de Julia Chuñil Catricura

A once meses de la desaparición forzada de Julia Chuñil Catricura y a medio siglo de neocolonialismo empresarial y estatal en Wallmapu, conscientes de los efectos devastadores de la militarización del territorio y de las altas condenas impuestas a quienes luchan por recuperar la tierra, exigimos al Estado de Chile y al Ministerio Público:

-Nombrar de inmediato un nuevo fiscal comprometido con la búsqueda efectiva de Julia Chuñil y con el principio de Verdad y Justicia.

– Investigar exhaustivamente para encontrar a Julia y garantizar a su familia el acceso oportuno a la información, conforme a las exigencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

– Cumplir con la debida diligencia y aplicar íntegramente el Protocolo Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas.

– Investigar el patrimonio y las redes financieras del empresario Juan Carlos Morstadt Anwandter, identificado en los antecedentes del caso.

– Poner fin a las subvenciones y beneficios estatales a las empresas forestales, salmoneras, mineras y pesqueras, responsables de devastación ambiental y despojo territorial.

– Intervenir y auditar la CONADI, garantizando transparencia, rendición de cuentas y el fin de la corrupción público-privada en sus procedimientos.

– Implementar medidas urgentes y efectivas de protección para defensoras y defensores ambientales, territoriales y de derechos humanos.