Nepal se encuentra en un momento crítico tras una serie de protestas masivas lideradas por jóvenes de la llamada Generación Z, quienes han salido a las calles para exigir el fin de la corrupción, mayor transparencia en la gestión pública y la derogación de un decreto que restringía el uso de redes sociales.Según informes oficiales, al menos 74 personas murieron y miles resultaron heridas durante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Como consecuencia directa de la crisis, el entonces Primer Ministro KP Sharma Oli presentó su renuncia el 9 de septiembre. En su lugar, fue designada la exmagistrada Sushila Karki como Primera Ministra interina, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia del país.
El nuevo gobierno interino ha anunciado la creación de una comisión investigadora con mandato de tres meses para esclarecer los hechos violentos ocurridos durante las protestas, incluyendo posibles abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
Karki ha prometido corregir las “fallas institucionales” que desencadenaron la crisis y preparar el camino para elecciones generales, previstas tentativamente para el 5 de marzo de 2026. No obstante, sectores políticos y observadores advierten que la fecha podría ser postergada debido a la fragilidad del actual panorama.
En paralelo, organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo proyectan un crecimiento económico moderado para Nepal. Se estima un aumento del PIB de entre 4.4 % y 4.5 % para el año fiscal 2024/25, aunque los riesgos estructurales y la inestabilidad política podrían afectar estas previsiones.
La ciudadanía continúa exigiendo reformas estructurales, justicia para las víctimas y una reestructuración profunda del sistema político. Diversas organizaciones de derechos humanos han solicitado una investigación internacional imparcial sobre la represión de las protestas.
La situación en Nepal se mantiene en constante evolución. El éxito del gobierno interino dependerá de su capacidad para restaurar la confianza ciudadana, garantizar la rendición de cuentas y preparar un proceso electoral transparente.
