¿Genocidio en Gaza? Contrastes entre la retórica del PP, su posición política y la evidencia internacional
En septiembre de 2025, una Comisión Independiente de Investigación de Naciones Unidas afirmó que las acciones israelíes en Gaza «cumplen con cuatro de los cinco actos definidos en la Convención de 1948 sobre genocidio». Este diagnóstico, emitido en un contexto de intensificación de los bombardeos y la entrada de tanques israelíes, ha desatado un debate político en España, donde el Partido Popular (PP) ha cuestionado la competencia de la ONU para tal calificación y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de instrumentalizar el término con fines domésticos.
Los criterios de la Convención de 1948 y el diagnóstico de la ONU
La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio define el genocidio mediante cinco actos, cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso:
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Matanza de miembros del grupo.
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Lesión grave a su integridad física o mental.
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Sometimiento intencionado a condiciones de existencia que lleven a su destrucción física.
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Medidas para impedir nacimientos dentro del grupo.
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Transferencia forzada de niños.
La Comisión de la ONU concluyó que Israel ha cometido los cuatro primeros actos: matanzas, lesiones graves, imposición de condiciones de vida destructivas y medidas para impedir nacimientos. El quinto criterio, la transferencia forzada de niños, no fue confirmado en el informe.
Además, la Comisión afirmó existir evidencia del «dolo genocida», es decir, de la intención de destruir en parte al grupo palestino en Gaza. Esta conclusión se basa en declaraciones de altos cargos israelíes, como el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Isaac Herzog, así como en políticas que afectan sistemáticamente a civiles, al suministro de ayuda humanitaria y al bloqueo económico.
Postura del PP: ambivalencia y rechazo a la competencia de la ONU
La posición oficial del Partido Popular ha sido de ambivalencia. Su portavoz, Ester Muñoz, declaró: «No le compete a la ONU, ni me compete a mí, ni le compete al presidente del Gobierno decidir lo que es o no un genocidio», argumentando que solo la Corte Penal Internacional (CPI) puede establecerlo como delito.
El PP acusa al Gobierno de Sánchez de utilizar el término «genocidio» como marco político para distraer de problemas internos. En resumen, su postura se basa en tres pilares: reconocer el genocidio solo si una instancia judicial internacional lo determina, rechazar la competencia de la ONU para diagnosticarlo y criticar al Gobierno por polarizar el discurso. Esta posición se vio reforzada por declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien llegó a afirmar que la responsabilidad de las muertes en Gaza es exclusiva de Hamás, legitimando así las acciones israelíes.
Posturas del Gobierno Español y otras autoridades internacionales
Frente a la ambigüedad del PP, el Gobierno de España ha adoptado una postura de condena más firme, aunque matizada. El presidente Pedro Sánchez calificó la situación en Gaza como «exterminar a un pueblo indefenso», señalando que la acción militar israelí ha generado «muerte masiva, sufrimiento, destrucción de hospitales, hambruna y desplazamientos forzados de millones de personas».
Sánchez anunció nueve medidas para «detener el genocidio en Gaza, perseguir a sus ejecutores, y apoyar a la población palestina», y afirmó: «Nosotros no comerciamos con un Estado genocida». España, junto a Palestina, impulsó además una resolución en la Asamblea General de la ONU demandando un alto el fuego inmediato y la protección de civiles.
A nivel internacional, la ONU, a través de su comisión, ha afirmado rotundamente que Israel ha cometido genocidio. Por su parte, el Papa Francisco señaló que existen «características de genocidio» según expertos y pidió una investigación rigurosa para determinar si los hechos encajan en la definición técnica.
Declaraciones de autoridades israelíes que apuntan hacia la intención genocida
El informe de la ONU recoge declaraciones de líderes israelíes como prueba del «dolo genocida». Se cita una carta de Netanyahu a soldados en noviembre de 2023 en la que compara la operación en Gaza con una «guerra santa de destrucción total» («holy war of total annihilation») basada en textos bíblicos, sugiriendo que todos los palestinos podrían enfrentar el destino de Amalek, un pueblo bíblico marcado para ser eliminado, sin distinción entre combatientes y civiles.
El informe también documenta el uso de lenguaje deshumanizador por parte de altos mandos, el bloqueo sistemático de ayuda humanitaria, los bombardeos a hospitales y servicios básicos, los desplazamientos masivos y la creación deliberada de condiciones de vida que conducen al hambre.
Contraste, coherencia y crítica desde una perspectiva humanista
El 17 de septiembre de 2025, según El País, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ordenó “a través de los Inspectores de Educación” en la Comunidad de Madrid retirar toda simbología relacionada con el apoyo a Gaza. La Instrucción, transmitida por la Inspección de Educación, busca mantener “neutralidad política” en las aulas, aunque genera controversia al compararse con casos previos —como Ucrania en 2022— donde se permitió y fomentó la solidaridad estudiantil. ¿de qué neutralidad hablan? Habrá que ver las declaraciones y Tesis de la Presidenta de la Comunidad de Madrid respecto de Gaza, y sus declaraciones próximas o superando a las posiciones de VOX, situándose de parte del Gobierno de Netanyahu. Esta representante del PP maniobre en disonancia con el mínimo admitido por otros representantes del Partido (crímenes de guerra en Gaza).
Desde una perspectiva humanista universalista, la postura del Partido Popular como principal partido de la oposición resulta profundamente contradictoria y oportunista. Mientras la ONU, el Papa y otros organismos internacionales de peso moral y jurídico documentan evidencias claras de genocidio y exigen acción, el PP opta por la ambigüedad, el fariseísmo político y la negación de responsabilidad, priorizando su conveniencia doméstica sobre la justicia, la verdad y la solidaridad con las víctimas. Esta contradicción central de desconocer, minimizar, o negar un genocidio en curso, deslegitima su voz frente a crímenes que deberían condenarse sin demora. La “obscenidad”, indignidad y aprovechamiento político (oportunismo cómplice), aquí es el giro en la postura de oficial del PP en esta materia.
El contraste y fariseísmo del Partido Popular es evidente:
- ONU y autoridades morales admiten, sin esperar juicios definitivos, la existencia de genocidio o el riesgo grave de él.
- Gobierno español apoya resoluciones internacionales y condenas, avanzando hacia el reconocimiento, aunque sin declararlo siempre explícitamente.
- Pero el Partido Popular se refugia en la abstención, tecnicismos, la dilación y la dependencia exclusiva de instancias judiciales, negando competencia a la ONU o comisiones independientes, lo que constituye una forma de complicidad ética y política.
Además, la violencia no se limita a las armas: existe también violencia económica y estructural, incluyendo bloqueo humanitario, hambruna inducida, retención de ayuda, destrucción de servicios sanitarios, restricciones a agua y alimentos, y desplazamientos forzados. Cuando estas medidas afectan deliberadamente a civiles y grupos protegidos, exigen reconocimiento, denuncia y acción inmediata.
Qué dice la Convención de 1948 sobre genocidio — y cuáles criterios parecen cumplirse
La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948) define genocidio como la comisión de alguno de estos cinco actos, con intención de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso:
- Matanza de miembros del grupo.
- Lesión grave a su integridad física o mental.
- Sometimiento intencionado a condiciones de existencia que lleven a su destrucción física total o parcial.
- Medidas para impedir nacimientos dentro del grupo.
- Transferencia forzada de niños de un grupo a otro.
La Comisión de la ONU concluye que Israel ha cometido cuatro de esos cinco actos: matar miembros del grupo; causar daño físico o mental serio; infligir condiciones de vida que pueden llevar a la destrucción del grupo en parte; y tomar medidas para impedir nacimientos dentro del grupo. El criterio que quedaría en duda, al menos no confirmado en ese informe, es el número 5, la transferencia forzada de niños.
Además del cumplimiento de estos actos, se afirma que hay evidencia del “dolo genocida”, es decir intención de destruir en parte al grupo palestino en Gaza, basándose en declaraciones oficiales de líderes como Benjamin Netanyahu, el presidente Isaac Herzog, y ex ministros de defensa, así como órdenes o políticas que afectan sistemáticamente a civiles, al suministro de ayuda humanitaria, al bloqueo económico, etc.
La ONU ha constatado que en Gaza se cumplen condiciones de Genocidio en Gaza
Postura del PP: ambivalencia y rechazo a la competencia de la ONU
El PP (Ester Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y el alcalde de Badalona, en septiembre de 2025, es Xavier García Albiol,) ha sostenido que no le corresponde a la ONU decidir si lo que ocurre en Gaza es genocidio. En este sentido, su portavoz, Ester Muñoz, ha declarado que este tipo penal solo puede establecerse por la Corte Penal Internacional (CPI). Por ejemplo, dijo: “No le compete a la ONU, ni me compete a mí, ni le compete al presidente del Gobierno decidir lo que es o no un genocidio.”
Además, el PP acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de instrumentalizar el término “genocidio” como marco político, como parte de una estrategia de distracción de problemas internos. En realidad es al revés. El PP carece por completo de Programa político para España, ni en asuntos Internacionales ni de asuntos puramente españoles. Resumiendo, la posición oficial del PP es: reconocer genocidio solo si una instancia judicial internacional lo determina, rechazar que la ONU tenga esa competencia específica, y criticar al Gobierno por “polarizar” el discurso. Isabel Ayuso ha llegado a declarar que el problema de los muertos en Gaza es exclusivamente de Hamás, legitimando las acciones del Gobierno de Israel.
Posturas del Gobierno Español y otras autoridades internacionales
El Gobierno de España, por su parte, sí ha dado pasos para calificar condenas fuertes, aunque con matices. Algunas de sus declaraciones más contundentes:
- Pedro Sánchez ha calificado la situación en Gaza como “exterminar a un pueblo indefenso”, señalando que el Gobierno cree que la acción militar ha generado muerte masiva, sufrimiento, destrucción de hospitales, hambruna, desplazamientos forzados de millones de personas.
- También Sánchez afirmó: “Nosotros no comerciamos con un Estado genocida.”
- Anunció nueve medidas para “detener el genocidio en Gaza, perseguir a sus ejecutores, y apoyar a la población palestina”.
- España impulsó una resolución ante la ONU, junto con Palestina, aprobada por la Asamblea General para la protección de civiles, cumplimiento de obligaciones humanitarias y jurídicas, demanda de alto el fuego inmediato, etc.
En el plano internacional, la ONU, a través de esta comisión de investigación, ha afirmado que Israel ha cometido genocidio en Gaza, responsabilizando al Estado de Israel, y nombrando a altos cargos.
Declaraciones de autoridades israelíes que apuntan hacia la intención genocida
El informe de la ONU recoge declaraciones directas de Netanyahu y otros como evidencia de la intención genocida. Por ejemplo:
- Se cita una carta que Netanyahu escribió a soldados en noviembre de 2023, en la que compara la operación en Gaza con una “guerra santa de destrucción total” (“holy war of total annihilation”) basada en textos bíblicos. En ella se sugiere que todos los palestinos —sin distinción entre combatientes y civiles— podrían enfrentar el destino de Amalek, el pueblo bíblico marcado históricamente para ser eliminado, lo que incluye tanto a “terroristas” como a la población civil inocente, lo que constituye un indicio claro de intención de destruir parcial o totalmente a un grupo protegido.
- También se documenta que altos mandos han usado lenguaje deshumanizador hacia los palestinos, que se bloquea o interrumpe sistemáticamente la entrada de ayuda humanitaria, que se bombardean hospitales y servicios básicos, se producen desplazamientos masivos, se generan condiciones de vida que llevan al hambre, etc. Todo esto se usa como parte de la argumentación jurídica del informe.
Estas declaraciones no son casos aislados, sino que se combinan con prácticas militares y políticas que refuerzan la hipótesis del dolo genocida, según el informe de la ONU. Además, la violencia no se limita al uso directo de armas. Hay también violencia económica: bloqueo humanitario, hambruna inducida o agravada, retención de ayuda, destrucción de servicios sanitarios, restricciones al acceso a agua o alimentación, desplazamientos forzados. Todas esas formas de violencia, cuando son parte de una estrategia que impacta deliberadamente civiles y grupos protegidos, reclaman reconocimiento y respuesta.
Conclusión
El reconocimiento del genocidio no es semántica: es una obligación legal, moral y política. La ONU ha constatado que en Gaza se cumplen al menos cuatro de los cinco criterios de la Convención de 1948 y ha reunido pruebas de dolo. El Gobierno español ha dado pasos firmes en esa dirección. El Partido Popular, en cambio, responde con fariseísmos dictados por la política doméstica: niega a la ONU la autoridad que sí reconoce en otros ámbitos, y se refugia en tecnicismos para evitar pronunciarse. Esa postura es oportunista y contradictoria, y en los hechos equivale a complicidad pasiva.
Apelar al antisemitismo para desacreditar estas denuncias es un recurso manipulador y falaz: criticar las acciones de un Estado no es atacar a un pueblo ni a una religión. Al contrario, banalizar el antisemitismo real para encubrir crímenes de guerra y posibles actos genocidas es una falta grave a la memoria histórica del “Nunca más” que dio origen al Derecho Internacional.
Ningún Estado está por encima de la ley. Cuando sus instituciones —Gobierno, Ejército, servicios secretos o aparatos de seguridad— cometen o amparan atrocidades contra una población civil, deben responder ante la Convención de 1948, los Convenios de Ginebra, el Estatuto de Roma y la Declaración Universal de Derechos Humanos. La coherencia ética y jurídica exige llamar genocidio a lo que, con pruebas y testimonios, lo es. El PP debería aclararse y distinguir cuándo entrar en la refriega política cuerpo a cuerpo en temas de política nacional, y cuándo elevar el punto de vista a una perspectiva de Derecho Internacional y Derechos Humanos, reconociendo los hechos con rigor y evitando relativizaciones que comprometan la credibilidad ética del Estado y sus instituciones.
