Esta columna responde al debate que se generó tras mi editorial sobre la cautela del presidente Boric frente al genocidio en Gaza. No es una crítica personal ni un gesto panfletario, sino una exigencia de coherencia basada en el derecho internacional. Cuando un Estado comete crímenes de lesa humanidad, la humanidad entera es víctima. También nosotros. Exigir más no es atacar: es defendernos de un crimen que ya nos incluye.

Hay quienes se escandalizan cuando una periodista exige más al Presidente en tiempos de genocidio. Hay quienes, como mi amigo Sergio Aguiló —a quien respeto profundamente—, creen que ya basta con que Gabriel Boric haya calificado lo ocurrido en Gaza como genocidio, que ha hablado claro, que su voz ha sido digna en el concierto de naciones. Lo que no comprenden es que este no es un debate sobre estilo presidencial, ni sobre banderas políticas, ni siquiera sobre la sensibilidad del progresismo.
Esto es otra cosa. Esto es derecho internacional. Y es humanidad.

Mi editorial sobre la “cautela” de Boric no fue un ataque político. Fue un acto de defensa jurídica, histórica y ética frente a lo que la humanidad ya ha reconocido como crimen de lesa humanidad. No es golpear al Presidente. Es recordar que, cuando se nombra el horror, se debe actuar para detenerlo.

Gabriel Boric dijo “genocidio”. No es una palabra cualquiera. Tiene consecuencias. Jurídicas. Políticas. Morales. Y si bien su gobierno ha tomado algunas medidas —como el retiro temporal del embajador chileno en Israel o la condena pública en foros internacionales—, estas acciones, si no van acompañadas de consecuencias materiales reales, resultan claramente insuficientes frente a la gravedad del crimen denunciado. Nombrar el genocidio no puede ser un acto simbólico. Nombrar es comprometerse a actuar.

Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuando un Estado —como Israel— comete crímenes sistemáticos contra una población civil, tales como asesinatos masivos, exterminio, desplazamiento forzado, hambre como arma de guerra, y bloqueo humanitario, está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad no son crímenes contra “otros”. Son crímenes contra todos.

Eso significa, de forma concreta y jurídicamente vinculante, que todos somos víctimas. Tú, Sergio. Yo. Eduardo. Cada persona que forma parte de esta humanidad. Porque estos crímenes atentan contra los principios fundamentales que nos protegen a todos: la dignidad, la vida, el amparo del derecho ante la fuerza, la humanidad como comunidad de sentido. Por eso, decir que “exigir más” es golpear al presidente es perder de vista lo esencial: no estamos en una discusión sobre un gobierno, sino sobre un abismo moral y jurídico que nos incluye a todos.

Diagrama de flujo de la verdad jurídica:

1. Un Estado (Israel) comete actos sistemáticos contra una población civil:
a. Exterminio
b. Desplazamiento forzado
c. Destrucción deliberada de infraestructura vital
d. Uso de hambre como arma de guerra
2. Estos actos constituyen crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional y la tipificación del Estatuto de Roma.
3. Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, no amnistiables, y afectan a toda la humanidad:
a. Sus víctimas no son solo los muertos, los heridos, los desplazados.
4. Todo Estado firmante del Estatuto (como Chile) está jurídicamente obligado a:
a. Prevenir
b. Sancionar
c. No colaborar con los perpetradores
5. Cuando un Presidente califica formalmente esos hechos como genocidio, activa una obligación de coherencia:
a. No puede mantener relaciones diplomáticas normales con el perpetrador.
b. No puede sostener cooperación militar, técnica o económica que pueda fortalecer al agresor.
c. Debe actuar, porque ya nombró. Y nombrar es tomar posición.
6. Cuando otros —ciudadanos, periodistas, parlamentarios— exigimos que esa coherencia se materialice, estamos ejerciendo un derecho de víctimas.
a. Porque el terrorismo de Estado de Israel, al ser crimen de lesa humanidad, nos convierte también a nosotros en víctimas jurídicas, aunque no estemos bajo las bombas.
7. Por tanto, toda exigencia, todo reclamo por mayor acción, no solo es legítimo: es necesario.

No es panfleto. Es el panfleto el que se sustenta en el derecho internacional.

Se ha dicho, como crítica, que estas denuncias tienen un tono panfletario. Que empujan al Presidente como si fuera un enemigo. Que no entienden los equilibrios diplomáticos. Pero es al revés. El derecho internacional no necesita maquillaje. Es el panfleto el que se apoya en el derecho para adquirir peso. Aquí, no hay consigna vacía. Hay una estructura legal, una lógica de coherencia, una exigencia civilizatoria.

Cuando

  • se bombardea una ciudad entera durante más de 200 días,
  • se asesina deliberadamente a periodistas, médicos, niños,
  • se bloquea la entrada de alimentos, de agua, de medicamentos,
  • se impide la huida y luego se bombardea el lugar al que se forzó el desplazamiento,
  • y todo eso ha sido documentado, nombrado y reconocido como crimen de lesa humanidad por múltiples organismos y gobiernos —incluido Chile—, entonces ya no hay espacio para la cautela. Hay que actuar. Y si no lo hace el Presidente, debe hacerlo la sociedad civil, la prensa, el Parlamento, las víctimas que somos todos. No se trata de impulsividad. Se trata de coherencia. Lo que exigimos es que Chile —mi país— esté a la altura de la palabra que ya ha dicho. Porque cuando se ha dicho “genocidio” ya no es posible retroceder a la diplomacia del equilibrio. El equilibrio entre víctimas y perpetradores es indecente.

Sergio: no es a ti a quien interpelo. Es a todos los que creen que exigir más es dividir. No. Es unirnos en la única unidad que vale la pena: la del derecho, la del dolor humano compartido, la del nunca más. Porque si frente a un genocidio seguimos optando por la cautela, el crimen ya no será solo del agresor. Será también de quienes callaron. Y de quienes, pudiendo actuar, decidieron esperar.