El próximo lunes 1 de septiembre, tomarán protesta en el Senado de la República, 881 integrantes del Poder Judicial que fueron electos popularmente en la jornada electoral del pasado 1 de junio, luego de la aprobación de propuesta de reforma constitucional, promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y ampliamente apoyada por la sociedad, en el Congreso de la Unión y los Congresos estatales.

Resultado de este proceso democrático e inédito, principalmente, se incluyen las 9 posiciones de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cinco mujeres y cuatro hombres que será presidida por Hugo Aguilar Ortíz. Se cubrirán 17 magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre la Sala Superior y Salas Regionales y cinco del Tribunal de Disciplina Judicial. Finalmente 464 magistraturas de Circuito y 386 personas juzgadoras de Distrito. Lo anterior, constituye la primera parte de esta renovación judicial que en el año 2027, tendrá su segunda etapa.

Entre las características de esta Nueva Corte es que su Presidente, Hugo Aguilar Ortíz, es de raíces indígenas, quien anunció que habrá “puertas abiertas” para todos; otro detalle es que tres Ministras repiten periodo por haber sido electas, Yasmin Esquivel Mossa, Loretta Ortíz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama (la Ministra del Pueblo).

Así, termina una larga etapa que duró 30 años, de una Suprema Corte que fue impuesta de manera autoritaria por el entonces presidente, Ernesto Zedillo Ponce de León en 1995, cuando jubiló y cesó a toda la plantilla que habían colocado los expresidentes De la Madrid y Salinas de Gortari, porque eran incomodos para su mandato que daba inicio ya, con la crisis llamada, “el error de diciembre” que trajo una enorme fuga de capitales, devaluación monetaria y posterior endeudamiento.

Este periodo sombrío se caracterizó por una impartición de justicia a favor de los grandes capitales extranjeros y de las élites nacionales, a favor de la clase política privilegiada y las burocracias doradas; coincidió con el inicio y decadencia del neoliberalismo que congeló salarios de la clase trabajadora mientras ellos percibían sueldos y prestaciones estratosféricas contrarias a lo que dicta la Constitución, despojaron de sus tierras a comunidades indígenas y campesinos, desmantelaron la planta productiva nacional, siempre con la complicidad de gobiernos entreguistas que también cobraron por sus favores y de los medios de comunicación corporativos. Esta corte que era pronta y expedita para los ricos pero a los pobres sin dinero los mantenía en prisión preventiva por muchos años sin dictar sentencia, en muchos casos, inocentes y torturados para declararse culpables; esta Suprema Corte neoliberal, convirtió en su deporte favorito, liberar delincuentes y perdonar el pago tributario de miles de millones de pesos a los billonarios del país y algunas transnacionales.

Ya en su última etapa, decadente, sin credibilidad y con un gran vacío institucional, a la llegada de Norma Lucía Piña como su Presidenta, la mayoría de ministros, tomaron el papel de opositores políticos irrespetuosos, se atribuyeron funciones de los poderes legislativo y ejecutivo, invalidando toda propuesta y decreto de modificación de leyes que representaran una mejora para la gente, en total fueron 56 por “inconstitucionalidad”, a cambio de ello, emitieron 55 fallos en contra de comunidades indígenas, según declaró la Ministra Lenia Batres en julio de 2025.

Rozando los niveles del desvarío y la marrullería, en sus proyectos y durante sus deliberaciones, peraltaron y manipularon el recurso jurídico tal vez más antiguo desde el Derecho romano, que sirve para proteger los derechos del individuo, el “interdicto de libero exhibendo” que se perfeccionó en el “hábeas corpus” inglés de 1679 y que Manuel Crescencio Rejón, consagró en la constitución de Yucatán, México en 1841, para luego ser incluido en la Constitución Federal en 1847 por el jurista Mariano Otero, El Juicio de Amparo.

Andrés Manuel López Obrador, en su periodo de Presidente, sugirió en varias ocasiones al Poder Judicial, que desde dentro, realizara una profunda transformación de sus órganos de administración, una revisión de sus criterios e interpretaciones y abandonar el derroche de recursos materiales y financieros, combatir el nepotismo y la corrupción, todo con el fin de una mejor impartición de justicia, que llegará a todos los mexicanos por igual. La respuesta de los ministros fue desafiante, retórica y ubicándose por encima de los otros poderes, como una “corte celestial”.

Ante la imperiosa necesidad de cambio, el Presidente impulso un proyecto de reforma al Poder Judicial que incluía una aspiración y propuesta humanista desde los años 80´s, la elección popular de Jueces, Magistrados y Ministros. La oposición de Derecha, conservadora y fascista, se opuso y utilizó todos sus recursos mediáticos, mintiendo, desinformando y desalentando la participación de la gente. Pero el Pueblo, los medios alternativos con las “benditas redes sociales” (como las calificó AMLO), hicieron su trabajo y el 1° de junio, 13 millones de personas acudieron a las urnas a votar por sus candidatos.

Sin duda que vendrán más modificaciones a la ley y a la Constitución, y de ninguna manera se pretende que ya con este paso se solucionen todos los problemas de justicia en nuestro país porque, la dinámica de resoluciones sigue siendo por votación en la Suprema Corte y sus integrantes no necesariamente son afines a una idea o interpretación.