Ante la fría luz de las cámaras que registraban en vivo un acto de rescate en el hospital Nasser, en Jan Yunis, Gaza, se desató una tragedia inolvidable: la muerte de periodistas, rescatistas y personal sanitario víctima de bombardeos consecutivos.
Al iluminar las oscuras sombras jurídicas que rodean dichos hechos, y conectarlos con el entramado del Derecho Penal Internacional, se constata que estos actos violan con claridad el Estatuto de Roma, permitiendo su calificación como crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Frente a esto, cabe destacar que el ejercicio legítimo de la denuncia ante la Corte Penal Internacional es un derecho abierto a cualquier persona o entidad, con un formato práctico para hacerla efectiva.
El caso evidencia que la documentación reunida cubre todos los requisitos jurídicos para formalizar una denuncia robusta y válida.
El Estatuto de Roma y la justicia internacional
El Estatuto de Roma no es solo un texto legal; es una luz en la oscuridad de los horrores de la guerra y la represión sistemática. Desde su vigencia en 2002, la Corte Penal Internacional ha permitido juzgar a quienes cometen genocidio, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y crímenes de agresión.
Sus puntos esenciales incluyen:
– La creación de un tribunal permanente —la CPI— para juzgar a individuos que cometen crímenes internacionales cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren hacerlo.
– Su competencia para juzgar cuatro grandes crímenes: genocidio, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y crimen de agresión.
– Principios como la responsabilidad penal individual, sin importar rango o cargo; la complementariedad con la justicia nacional; y las garantías procesales para un juicio justo.
Estos principios jurídicos internacionales aseguran que violaciones graves en conflictos armados no queden impunes.
La tragedia humana del hospital Nasser
No son solo números o estadísticas: eran médicos, periodistas y rescatistas que arriesgaban sus vidas para salvar a otros o informar al mundo. El 25 de agosto de 2025, dos bombardeos israelíes atacaron el hospital Nasser, causando al menos 20 muertes, cinco de ellas periodistas reconocidos internacionalmente. Las víctimas estaban claramente identificadas con credenciales y chalecos humanitarios.
Las imágenes transmitidas en vivo mostraron sin ambigüedades la vulnerabilidad y el carácter protegido de estas personas, convirtiendo el ataque en una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario y los artículos específicos del Estatuto de Roma sobre crímenes de guerra y lesa humanidad.
El derecho y deber de denunciar ante la Corte Penal Internacional
La CPI ha abierto sus puertas a la sociedad global: cada persona, colectivo, ONG o medio puede presentar denuncias basadas en pruebas rigurosas. Este acceso sin intermediarios complejos refleja un avance democrático de la justicia internacional frente a la impunidad.
Presentar una denuncia implica relatar con detalle los hechos, aportar pruebas y fundamentar jurídicamente la violación al Estatuto de Roma. La Fiscalía evalúa estas denuncias para decidir investigaciones preliminares o formales.
No denunciar frente a un crimen visible y documentado no solo es un silencio complicidad, sino una evasión ética y jurídica que perpetúa el ciclo de impunidad y sufrimiento.
Cómo formalizar la denuncia
El proceso es accesible. Debe incluir:
– Datos del denunciante: identificación y contacto
– Descripción clara y detallada del ataque, con fechas y víctimas
– Pruebas: videos, testimonios y documentos públicos
– Explicación jurídica: relación con el Estatuto de Roma y Derecho Internacional Humanitario
– Petición expresa para abrir investigación y sancionar responsables
Este formato simple, riguroso y transparente permite que cualquier conciencia inquieta pueda impulsar la justicia internacional.
Por qué importa denunciar y actuar
Este ataque no es solo un episodio trágico; es una amenaza a la humanidad y a la memoria colectiva. Denunciar es un acto de resistencia contra la impunidad y un llamado a fortalecer la justicia global.
Negarse a denunciar crímenes presenciados en vivo no solo es una omisión moral, sino puede constituir una forma de complicidad. La justicia internacional reconoce este deber ético, promoviendo la participación activa de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos y la dignidad.
El ataque al hospital Nasser en Gaza ejemplifica la necesidad urgente de justicia y del ejercicio activo del derecho y deber a denunciar, como garantía para proteger a los más vulnerables y construir un mundo más justo.
