Diversas organizaciones feministas en Panamá han manifestado su rotundo rechazo a la propuesta del presidente José Raúl Mulino de eliminar el Ministerio de la Mujer, creado en 2023, y convertirlo en una secretaría adscrita al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). La medida, presentada por el mandatario como parte de un esfuerzo por “achicar” el aparato estatal, ha sido calificada como un retroceso institucional que pone en riesgo los avances logrados en materia de igualdad de género y derechos humanos.

Desde su creación, el Ministerio de la Mujer ha sido considerado una conquista significativa para el movimiento feminista panameño. Fue el resultado de años de demandas para que las mujeres tuvieran una representación directa en el diseño e implementación de políticas públicas. El cierre de esta entidad, según organizaciones como la Fundación para la Equidad de Género (Fundagénero) y la Convergencia Nacional de Mujeres por Panamá, representaría no solo una pérdida simbólica, sino también práctica: menos recursos, menos autonomía, y una voz debilitada en la toma de decisiones estatales.

Joyce Araujo Lasso, de Fundagénero, alertó que reducir el Ministerio a una secretaría dentro del MIDES significaría subordinar su accionar a la voluntad política del gobierno de turno, lo que podría limitar la respuesta institucional ante problemáticas como la violencia de género, la desigualdad laboral o la discriminación estructural.

El presidente Mulino argumentó que la medida responde a un plan de racionalización del gasto público. Sin embargo, para las agrupaciones feministas, este discurso no se sostiene. El Ministerio de la Mujer cuenta con un presupuesto de apenas $11 millones para 2025 —equivalente al 0.04 % del presupuesto general del Estado— y emplea a 264 personas en todo el país. “En un país donde abundan estructuras opacas, cargos clientelistas y gastos superfluos, presentar el Ministerio de la Mujer como un ‘lujo’ o una ‘duplicidad’ es profundamente deshonesto”, expresaron las organizaciones en un comunicado conjunto.

La Coalición Internacional de Mujeres y Familia también rechazó el argumento de austeridad, apuntando que existen otras instituciones públicas con historial de ineficiencia y presupuestos mucho más elevados que no han sido objeto de recorte. Para estas agrupaciones, la decisión no responde a criterios económicos, sino políticos, con un claro sesgo contra los mecanismos de defensa de los derechos de las mujeres.

Más allá de lo simbólico, las organizaciones alertan sobre el posible incumplimiento de compromisos internacionales. Panamá es signatario de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de la Plataforma de Acción de Beijing, que obligan al Estado a fortalecer, no debilitar, los mecanismos de promoción de la igualdad de género.

Mariela Arce, de la Alianza de Mujeres Organizadas de Panamá, advirtió que la eliminación del Ministerio sólo puede hacerse mediante una ley, dado que fue creado por la Ley 375 de 2023. “Sospechamos que el Ejecutivo presentará una propuesta legislativa, por lo que pedimos a los diputados no respaldar ninguna iniciativa que atente contra esta institución”, expresó.

Durante sus primeros dos años, el Ministerio de la Mujer logró implementar políticas públicas de gran impacto, como la reducción de casos de femicidio, la atención diferenciada para mujeres con discapacidad víctimas de violencia, y el desarrollo de una agenda económica para mujeres rurales. Además, creó herramientas de equidad como el sello de igualdad en instituciones financieras y una oficina de pensión alimenticia.

La exministra Juana Herrera destacó estos avances y lamentó que la propuesta de cierre no haya sido acompañada por una evaluación técnica que justifique tal decisión. “Puede que algunas acciones puedan ejecutarse desde otras carteras, pero sin liderazgo comprometido, es muy difícil”, afirmó.

Las organizaciones feministas reiteran su exigencia de que se respete y fortalezca la Ley 375, dotando al Ministerio de mayor presupuesto y cobertura nacional. En especial, resaltan que regiones como las comarcas aún están desatendidas, con personal limitado que asume múltiples funciones.

“Desaparecer esta entidad equivale a reducir a las mujeres la posibilidad de tener una voz en la mesa donde se deciden políticas públicas que afectan nuestra vida: salud, educación, justicia, trabajo y protección contra todo tipo de violencia”, concluyeron en su pronunciamiento.

El debate sobre el futuro del Ministerio de la Mujer será, sin duda, una prueba del compromiso del nuevo gobierno panameño con la equidad de género y los derechos humanos. Por ahora, la sociedad civil se mantiene alerta y movilizada para defender lo que consideran un derecho inalienable: una institucionalidad que represente y proteja a la mitad de la población.