No es una cifra simbólica. No es un gesto moral. Son más de dieciséis millones de dólares que deben devolverse al Estado chileno porque fueron robados con premeditación, alevosía y complicidad bancaria internacional. La justicia ha tardado más de dos décadas en decirlo así de claro: Pinochet se apropió de fondos públicos, y ahora su familia —sus herederos— tiene que devolver lo que nunca les perteneció. Esta vez no hay excusas, no hay banderas, no hay patria que lo justifique. Hay dinero. Dinero del pueblo chileno.

Este 23 de julio de 2025, el Séptimo Juzgado Civil de Santiago falló en contra de los 16 herederos de Augusto Pinochet, ordenándoles restituir US $16,2 millones al fisco chileno. No se trata de una persecución política ni de una revisión tardía de la historia. Se trata de una sentencia en derecho que confirma lo que ya sabíamos: la fortuna de Pinochet fue construida sobre el saqueo de los recursos de todos los chilenos. Esa plata que hoy falta en pensiones, en salud pública, en infraestructura, en la protección de nuestros glaciares y cuencas. Esa plata que se convirtió en relojes, cuentas secretas, armas de lujo, terrenos, estatuas, y herencia para quienes se beneficiaron del botín.

EL CASO RIGGS: EL DESCUBRIMIENTO DEL ROBO
Fue en 2004, gracias a una investigación del Senado de Estados Unidos, que se descubrió lo que en Chile se sospechaba pero no se había probado: Pinochet tenía más de US $21 millones escondidos en el banco Riggs, en Washington D.C., bajo nombres falsos como “Daniel López”, “Lucía Hiriart” o “José Ugarte”. El Riggs Bank no solo conocía el origen del dinero: lo ocultó activamente, violando todas las normas internacionales contra el lavado de activos. La dictadura chilena había extendido sus tentáculos hasta los bancos del sistema financiero global, y lo había hecho usando los recursos del Estado: gastos reservados del Ejército, aportes internacionales malversados, cuentas institucionales, presupuestos camuflados, triangulaciones con empresas de papel y paraísos fiscales.

Pinochet no actuó solo. Su círculo íntimo, asesores financieros, militares leales, testaferros y familiares directos participaron en una red de más de 125 cuentas bancarias distribuidas entre Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Panamá y las Islas Vírgenes. Cada cuenta era un escondite. Cada transferencia, una fuga de dinero público. Cada pasaporte falso, una bofetada a la ley. La suma total, según el fallo de la Corte Suprema de Chile en 2018, asciende a US $17.893.995 de origen ilícito comprobado.

UNA HERENCIA ENSANGRENTADA
Tras su muerte en 2006, Pinochet legó no solo sus propiedades y su imagen mitificada entre algunos sectores, sino también una fortuna robada que el Estado no alcanzó a recuperar. En 2018, la justicia penal chilena ordenó el comiso de bienes por un monto ínfimo (US $1,6 millones), pero dejó impune el grueso de los fondos. Fue entonces cuando el Consejo de Defensa del Estado (CDE) inició una acción civil inédita contra los herederos del dictador, exigiendo que respondieran con su patrimonio por los fondos usurpados.

El fallo de este 23 de julio es el resultado directo de esa acción. En sus fundamentos, la jueza Carolina Gajardo descartó el argumento de prescripción que esgrimían los defensores de la familia Pinochet, recordando que el plazo comenzó a correr en 2018, cuando se cerró la vía penal. Y más importante aún: reconoció que los herederos deben responder proporcionalmente por lo recibido, desbaratando la narrativa de que no sabían o no se beneficiaron de los fondos ilícitos.

Entre los 16 herederos demandados se encuentran los cinco hijos directos de Pinochet —Inés Lucía, Augusto Osvaldo, María Verónica, Marco Antonio y Jacqueline Marie— así como la fallecida Lucía Hiriart. Pero lo más escandaloso es que, a más de veinte años del descubrimiento del fraude, el Estado chileno no ha hecho pública la lista completa de los beneficiarios de esta herencia ilícita. Los otros diez herederos, presumiblemente nietos u otros parientes colaterales, permanecen sin identificación ante la ciudadanía. El CDE tampoco ha transparentado hasta ahora el detalle nominal de los responsables patrimoniales, lo que evidencia una persistente opacidad institucional. Es decir: durante dos décadas se ha protegido el anonimato de quienes heredaron, junto con bienes, la complicidad del delito.

¿POR QUÉ ES NUESTRO DINERO?
Porque fue robado desde las arcas fiscales, es decir, del tesoro público chileno, alimentado con los impuestos, los recursos naturales, el trabajo y la riqueza colectiva de este país. No se trata de dinero abstracto: es plata que faltó en hospitales, en escuelas, en jubilaciones, en obras públicas, en agua potable rural, en protección medioambiental, en derechos humanos. Cada dólar que Pinochet escondió en el extranjero fue un dólar sustraído de los pueblos que hoy exigen agua limpia, justicia climática, reparación histórica.

Cuando se dice que Pinochet «tenía una fortuna personal», lo que en realidad significa es que privatizó, para sí mismo y su familia, una parte del Estado. Y eso es lo más parecido a la definición de corrupción estructural con impunidad. Que esa fortuna haya sido tolerada durante décadas es una afrenta. Que recién ahora se esté ordenando su devolución, es tardío. Pero no es simbólico. Es reparación concreta.

¿QUÉ SIGUE AHORA?
Los herederos pueden apelar. La batalla judicial continuará. Pero este fallo marca un hito legal, histórico y moral. Porque en él se reconoce algo que Chile necesitaba escuchar: que el dinero robado no desaparece por el paso del tiempo, ni se lava con apellidos, ni se purifica con homenajes militares. El dinero robado se debe devolver. Y si no lo devuelven quienes lo robaron, entonces que lo devuelvan sus herederos, como corresponde en cualquier Estado de derecho que se respete.

EPÍLOGO: LA DEUDA SIGUE ABIERTA
El fallo no repara el dolor de los torturados, ni devuelve a los desaparecidos, ni redime la traición a la democracia. Pero devuelve algo material a quienes sostuvieron este país mientras eran saqueados desde las alturas. Este dinero es del pueblo. Es de todos nosotros. Y tiene que volver.

No se trata de venganza. Se trata de justicia.
No se trata de memoria. Se trata de restitución.
No se trata del pasado. Se trata del presente y del futuro.

Y sobre todo, se trata de no permitir jamás que el robo del Estado vuelva a camuflarse bajo la bandera, la patria o la autoridad.

Pinochet, además de asesino y criminal de lesa humanidad, fue ladrón. Y la justicia, una vez más, lo sigue demostrando.
Aquí no hay lecturas ni interpretaciones. Fue un ladrón, un delincuente, un criminal.

Publíquese, comuníquese, cúmplase.