La figura del fiscal Patricio Cooper se ha convertido en una sombra incómoda para el Ministerio Público. Su intervención en el caso ProCultura (donde interceptó conversaciones telefónicas que incluían al Presidente Boric) ha desbordado todos los límites institucionales. Lo que comenzó como una investigación judicial terminó revelando una ligereza temeraria, una falta de profesionalismo y, lo que es peor, una total indiferencia ante la investidura presidencial.

Ningún fiscal, por muy autónomo que sea, está autorizado a vulnerar la arquitectura republicana. Nadie le ha dado licencia para sobrepasar el límite más sensible. La captura del Ejecutivo. Y sin embargo, eso ocurrió. Y ocurrió en silencio, sin protocolos, sin advertencias, sin asombro público. ¿Dónde está el Ministerio Público pidiendo disculpas al país? ¿Dónde está el fiscal Cooper explicando por qué una operación que él dirigía terminó violando el principio de separación de poderes?

No fue un accidente técnico. Fue una acción con consecuencias institucionales graves. La Fiscalía no puede actuar como un poder paralelo que espía sin control. Si eso no se detiene, estaremos normalizando una forma sutil de golpismo judicial.

La ilegalidad ya fue declarada y es contra el Presidente

La Corte de Apelaciones de Antofagasta fue clara. La intervención al teléfono de Josefina Huneeus fue ilegal. No hay ambigüedad en esa palabra. No es “dudosa”, no es “excesiva”, no es “imprudente”. Es ilegal. Y esa ilegalidad alcanzó al Presidente de la República. ¿De verdad no sabían a quién estaban escuchando? ¿O creyeron que todo se podía justificar con el frágil escudo de “lo que arroje la investigación”?

No se trató de un error técnico, sino de una acción jurídica sin fundamento. Y cuando una fiscalía incurre en una ilegalidad, debe rendir cuentas. No es aceptable que se naturalice la intervención de las comunicaciones presidenciales como si fuera un daño colateral más. ¿O acaso ya nos acostumbramos a que los controles legales valgan menos que los intereses institucionales?

El país tiene derecho a saber quién autorizó esa operación, bajo qué argumentos y con qué mecanismos. Y tiene derecho también a exigir sanciones. Sin rendición de cuentas, lo que queda es impunidad vestida de tecnicismo.

La remoción del caso no basta. Hay que investigar a fondo

El fiscal nacional Ángel Valencia tomó una decisión contundente. Remover a Cooper del caso. Pero eso no basta. Lo que está en juego no es solo una causa judicial. Es la credibilidad completa de una institución que ya viene muy golpeada. Si no se actúa con firmeza, si no se ordena una investigación interna que deslinde responsabilidades reales, entonces la Fiscalía pasará a ser percibida como un poder autónomo… pero sin control.

Y un poder autónomo sin control no es autonomía. Es soberbia institucional. ¿Dónde están los sumarios internos, las auditorías, las explicaciones técnicas o jurídicas? ¿Dónde están las garantías para que esto no vuelva a ocurrir? Hasta hoy, nadie ha dicho siquiera la frase mínima: “Esto no debe volver a pasar”. Y esa omisión ya es escandalosa.

Un sistema que permite que el mismo fiscal que vulneró los derechos del Presidente siga operando sin reproche es un sistema que necesita reparación urgente. De lo contrario, se vuelve cómplice por omisión.

El silencio de los que se decían guardianes de la República

Y lo que más sorprende es el silencio de quienes suelen defender la transparencia y la probidad como banderas. ¿Dónde están ahora los que gritaban contra la “impunidad presidencial”? ¿Por qué no levantan la voz ante una fiscalía que ha cruzado límites que en cualquier democracia madura serían motivo de renuncia inmediata?

La derecha, que tantas veces se disfraza de custodio institucional, guarda silencio cuando la ilegalidad golpea a su adversario. La prensa hegemónica, que amplifica escándalos menores, parece olvidar que el fiscal Cooper intervino conversaciones privadas de un jefe de Estado. Hay silencios que no solo duelen. Delatan. Y este es uno de ellos.

Chile necesita una ética pública que no varíe según a quién se afecta. Si se permite escuchar al Presidente en la impunidad del silencio, mañana será cualquier ciudadano. Hoy es Boric. Mañana, cualquiera.

No fue un error. Fue una transgresión institucional grave

Lo que escuchamos en esas llamadas no es solo un error técnico. Es un atentado institucional. Es un golpe sutil pero profundo a la confianza pública. El fiscal Cooper actuó como si la ley fuera suya. Como si no existiera un límite claro entre investigar un hecho y vulnerar derechos fundamentales. Y eso, en cualquier país serio, tiene consecuencias.

Y si no las tiene, entonces no somos un país serio. No hay otro fiscal en el mundo que haya cruzado esta línea y haya seguido en su puesto sin ofrecer una palabra al pueblo. ¿Dónde está el “acto republicano” de asumir culpas? ¿O nos vamos a resignar a que un fiscal que violó la ley siga como si nada hubiera pasado?

Cada día que Cooper guarda silencio es una reafirmación de su falta de responsabilidad institucional. El Estado de Derecho no se sostiene con tecnicismos jurídicos. Se sostiene con actos públicos de contrición cuando se rompe la ley.

Si fuera otro Presidente, estarían pidiendo cabezas

Si lo hubieran hecho contra Sebastián Piñera, la derecha ya habría pedido la cabeza del fiscal. Habrían inundado los matinales, los noticieros, los grupos de WhatsApp. Pero como es Boric, el silencio se vuelve cómplice y los medios bajan el volumen. Esto no es doble estándar. Es abuso de poder selectivo.

En cualquier democracia saludable, el espionaje institucionalizado contra un Presidente es una crisis nacional. En Chile, parece ser una anécdota de prensa. ¿Dónde están los comunicados del Consejo para la Transparencia? ¿Dónde está el Colegio de Abogados? ¿Dónde está el Congreso llamando al fiscal Valencia a dar explicaciones en sala?

La culpabilidad aquí no se mide solo por la acción. También por la omisión institucional. Quien calla ante esta barbaridad no solo tolera el abuso. Lo valida.

Cooper no ha dicho una palabra. Y eso también es culpa

¿Y qué dice el propio Cooper? Hasta ahora, nada. Ni una disculpa. Ni una explicación técnica. Solo una torpe defensa legal de lo indefendible. El problema ya no es solo jurídico. Es ético, es institucional, es político. Porque quien toca al Presidente, incluso por error, debe responder con valentía. No con evasivas.

Cooper le debe una explicación al país. No a sus colegas. No a sus jefes. Al país entero. Y si no tiene nada que decir, entonces lo que corresponde es renunciar. Porque hay errores que no se tapan con silencio. Se enfrentan con integridad. Esa integridad, hasta ahora, brilla por su ausencia.

Hasta hoy, nadie en el Ministerio Público ha dicho la frase más obvia de todas: “Esto no debe volver a pasar”. Que esa frase no haya sido pronunciada es, en sí misma, una falta institucional.

¿Espionaje de Estado o negligencia?

¿Estamos frente a un caso de espionaje institucional? ¿O simplemente frente a una irresponsabilidad tan grave que ya roza el sabotaje político? En ambos casos, la pregunta es la misma. ¿Qué hacemos ahora con el fiscal Cooper?

Lo peor de esta historia es la banalización del hecho. Se ha tratado como una anécdota técnica, cuando en realidad es una fractura a la democracia. ¿O vamos a esperar a que un fiscal escuche al Presidente en plena reunión de Estado para recién alarmarnos?

El país no puede seguir minimizando hechos que comprometen la estructura del poder civil. Cuando se vulneran las bases, cada institución que calla también se vuelve parte del colapso.

Si no actúa la Fiscalía, tendrá que actuar el Gobierno

La democracia no se defiende con palabras grandilocuentes en las ceremonias. Se defiende con actos concretos cuando las instituciones fallan. Que Cooper siga en su cargo, sin sanción ni reproche, sería una burla. Y si la Fiscalía no actúa, entonces el Congreso tendrá que hacerlo.

La pregunta no es si Cooper debe irse. La pregunta es por qué aún no se ha ido. Y cada día que pasa sin una sanción, sin un sumario, sin una condena pública, la democracia se desangra un poco más en silencio.

La justicia no puede operar como si nada. Cuando la democracia es herida desde dentro, el silencio no es neutral. Es traición a la ciudadanía.

Escuchar al Presidente ilegalmente es una crisis de Estado

Porque cuando el Estado escucha ilegalmente al Presidente de la República, no estamos ante una simple irregularidad. Estamos ante una crisis. Y si el sistema no responde, entonces el sistema está fallando.

Chile no necesita más excusas. Necesita actos de justicia. No hacia el presidente Boric. Hacia el pueblo de Chile, que delegó su soberanía en una autoridad democrática. Si ese principio se rompe, lo que viene después ya no es justicia. Es caos.

No basta con apartar a Cooper del caso. Hay que apartarlo del cargo, con todas las implicancias institucionales que ello exige. Por el bien del país. Por el bien del futuro.

Chile sí cree en la justicia. Pero exige respuestas

A pesar del agravio, Chile sigue creyendo en la justicia. No en la justicia que se esconde. En aquella que responde con firmeza. Este episodio ha sido una advertencia clara. Los fiscales no están por sobre la ley. Nadie debe tocar impunemente el corazón institucional de la República.

Creemos en un país donde la autonomía del Ministerio Público no sea sinónimo de impunidad, sino de compromiso. Creemos en un país donde los errores no se tapan. Se enfrentan. Y creemos, sobre todo, en una democracia donde ningún poder (ni político, ni judicial) pueda espiar al pueblo soberano y quedar impune sin enfrentar a la justicia.

Y si la justicia no actúa con coraje, entonces será la ciudadanía con sus voces la que deba recordarle su deber.