El canciller de la República, Javier Bú, informó que las Naciones Unidas han aprobado la ampliación por seis meses del Memorándum de Entendimiento firmado con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, un paso clave hacia la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
La prórroga, confirmada por el Subsecretario General de la ONU para Europa, Asia Central y América Latina, estará vigente hasta el 15 de diciembre de 2025. Según explicó Bú en sus redes sociales, este periodo busca dar tiempo al Congreso Nacional para aprobar reformas legales pendientes, como la eliminación del fuero especial de los diputados y la responsabilidad penal de los alcaldes, condiciones que Naciones Unidas considera esenciales para avanzar con el mecanismo anticorrupción.
En una entrevista transmitida por el noticiero Zona Informativa de Radio Progreso, los diputados Jari Dixon Herrera y Fátima Mena, miembros del Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH, se pronunciaron sobre el anuncio y el camino que queda por recorrer.
El diputado oficialista Dixon Herrera destacó la relevancia del mensaje del canciller, al considerar que por primera vez se reconoce públicamente que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria es un requisito para la llegada de la CICIH. “Ese dictamen ya está presentado ante la Secretaría del Congreso. Solo falta someterlo a votación”, puntualizó. También reveló que eliminar el fuero de los alcaldes es una nueva condición no mencionada anteriormente.
Por su parte, la diputada Fátima Mena recordó que la exigencia de un organismo internacional de lucha contra la corrupción viene desde 2015, tras las protestas del movimiento de los indignados. “El sistema de justicia hondureño ha sido incapaz de enfrentar el problema estructural de la corrupción. La CICIH es una demanda ciudadana, no solo una promesa de campaña”, subrayó.Mena también criticó la falta de cambios reales en el sector justicia.
Ambos legisladores coincidieron en que la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, actualmente en su tercer debate, es crucial. Esta normativa permitiría a la CICIH actuar como parte acusadora autónoma en casos de corrupción y crimen organizado, lo que fortalecería su capacidad operativa en el país.
La discusión en torno a la instalación de la CICIH continúa generando divisiones políticas. Mientras sectores del oficialismo piden avanzar con las reformas, desde la oposición se acusa al gobierno de falta de voluntad real para cumplir con sus compromisos. En medio de este escenario, la atención se centra ahora en el Congreso Nacional, donde recaen las decisiones clave para avanzar hacia un acuerdo definitivo con las Naciones Unidas.
