Senegal ha dado un nuevo paso en su ofensiva contra la corrupción con la imputación de Amadou Mansour Faye, ex ministro de Desarrollo Comunitario y cuñado del expresidente Macky Sall. El Tribunal Especial Anticorrupción lo acusa de malversar más de 4,6 millones de dólares en fondos públicos, convirtiéndolo en el quinto alto funcionario del gobierno anterior procesado por presuntos delitos cometidos durante su mandato.
Faye fue arrestado tras la decisión del tribunal de negarle la libertad bajo fianza. Según su abogado, Amadou Sall, el ex ministro permanecerá detenido mientras se desarrollan las investigaciones.
Esta imputación se enmarca en una campaña de transparencia y rendición de cuentas promovida por el nuevo presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, quien asumió el poder con la promesa de sanear las instituciones públicas. La lucha contra la corrupción se ha convertido en uno de los ejes centrales de su gobierno, que busca recuperar la confianza ciudadana y garantizar un uso responsable de los recursos del Estado.
La semana pasada, el mismo tribunal ordenó la detención de otros dos ex ministros: Moustapha Diop, ex titular de Desarrollo Industrial, acusado de desviar cerca de 4 millones de dólares del fondo nacional de ayuda para el Covid-19; y Aissatou Sophie Gladima, ex ministra de Minas, quien enfrenta cargos por la apropiación indebida de 330.000 dólares destinados a apoyar a mineros afectados por la pandemia.
Estos casos tienen su origen en una investigación parlamentaria que puso al descubierto una malversación sistemática de fondos durante la administración de Sall. El informe parlamentario, ampliamente difundido en medios nacionales, reveló irregularidades en el manejo de recursos destinados a programas sociales y de emergencia.
El gobierno actual ha reafirmado su compromiso con la justicia, subrayando que “nadie está por encima de la ley” y que la protección del erario público es esencial para el desarrollo económico y social del país. No obstante, algunos sectores opositores han expresado su preocupación por una posible motivación política detrás de las detenciones, argumentando que podrían ser parte de una estrategia para debilitar a los aliados del expresidente.
Pese a estas críticas, la administración de Bassirou Diomaye Faye insiste en que sus acciones están guiadas por principios de legalidad y justicia. La ciudadanía, por su parte, observa con atención el rumbo de esta cruzada anticorrupción, que podría marcar un antes y un después en la política senegalesa.
Con este nuevo capítulo judicial, Senegal continúa enfrentando uno de sus mayores desafíos institucionales: garantizar que el poder público sea ejercido con transparencia y al servicio del bienestar colectivo.
