Estado fallido en los temas de fondo para resolver la seguridad pública
El actual Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito (2022-2024), financiado con dineros públicos, sólo evalúa un porcentaje mínimo de las acciones puestas en marcha, y del efecto de sus políticas públicas, desatendiendo una abundante producción académica al respecto con estudios de procesos antes que de impacto.

Todo ello en el marco de policías cuestionadas, en el caso de carabineros con la inminente formalización del General Director Ricardo Yañez en casos de Derechos Humanos y su responsabilidad de mando, y con la formalización del ya renunciado Director de la Policía Civil Sergio Muñoz, por caso de corrupción, concretamente con la filtración de información de procesos en curso. (y con, además, la sumergida situación del desfalco de 28.000 millones de pesos en carabineros). Por otra parte, con explícito sobrepase de casos, sin posibilidad de atención de un sin número de víctimas por parte del ministerio público, lo que explica como conjunto, el Estado fallido que sufre la ciudadanía, y el uso permanente y recurrente de las fuerzas militares en situaciones de seguridad pública, desde el ejecutivo como la gran panacea.

Los políticos con ambiciones de poder, hoy están tomando este desastroso discurso de “Estado de Excepción Constitucional o Ley de Infraestructura Crítica”, sin atender que es una irresponsabilidad poner en marcha un camino de violencia extrema de difícil retorno.

Política militarizada, experiencia comparada
Revisando la situación de otros países y, tomando específicamente, el estudio publicado por la revista Espiral (Universidad de Guadalajara) de las autoras Martha Elisa Nateras González, Doctora en Ciencias Sociales en el Área de Relaciones de Poder y Cultura Política (UAM-Xochimilco) y Paula Andrea Valencia Londoño, Doctora en Ciencias Sociales en la línea de Cultura de Paz (Universidad de Granada), se puede rescatar la incapacidad, en los hechos, de los gobiernos mexicano y colombiano para cumplir con sus responsabilidades básicas hacia la población, lo que ha llevado a una crisis de soberanía.

Las profesionales señalan que esta falta de responsabilidad se manifiesta en la restricción de derechos bajo el pretexto de la seguridad, lo que aumenta el poder de las élites y disminuye el control democrático. También destacan cómo el discurso de securitización (Buzan, Wæver & de Wilde, 1999) centrado en la guerra contra las drogas y el terrorismo, permite la intervención militar, que se justifica mediante la creación de amenazas internas que supuestamente ponen en peligro la soberanía del Estado en asuntos de seguridad ciudadana, difuminando la línea entre la policía y el ejército. De igual modo, critican la inclusión de las fuerzas militares en labores de seguridad pública, ya que esto perpetúa un estado de excepción y vulnera los derechos humanos.

En esa línea, organismos de Derechos Humanos han instado a fortalecer las fuerzas policiales en lugar de recurrir al ejército como solución a la problemática social.

En resumen, el estudio argumenta que tanto en México como en Colombia, el Estado justifica la militarización de la seguridad pública en nombre de la seguridad nacional, lo que conlleva una reconfiguración de las relaciones de poder y una limitación de los derechos individuales en favor de la disciplina y la obediencia.

En cuanto a cifras, en Colombia, rescatamos desde el Centro de Memoria Histórica una cantidad documentada de 360.220 eventos, en contra de la población, que han dejado un total de 269.367 personas muertas durante el conflicto armado en Colombia. De ese total, 219.672 fueron civiles, 49.265 combatientes y 430 de los cuales no se tiene información.

Por su parte, en el caso de México, la ONG “México unido contra la delincuencia” declara que la estrategia de militarización de la seguridad ciudadana, a partir de las dinámicas de violencia que generó y sigue generando, ha producido miles de desapariciones. En relación a cifras, señalan que entre 2006 a 2020, “en México se han encontrado 4,092 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado 6,900 cuerpos”. En el periodo que va del 15 de marzo de 1964 al 25 de febrero de 2021, se tiene un registro de que la cifra de personas desaparecidas en el país rebasa las 83 mil personas y que a pesar de las limitantes de los datos oficiales, es posible visualizar cómo aumentan abruptamente las desapariciones a partir del 2007, año que coincide con el reforzamiento de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública relacionadas con el combate frontal a las organizaciones del tráfico de drogas.

En definitiva, los estudios y las cifras ratifican, en la práctica, que esta militarización no sólo no resuelve, sino que agudiza la problemática.

La manipulación y morbosidad de la prensa de las derechas en una editorial única
En tiempos de tensiones político-sociales, la violencia se convierte en un tema central en los medios de comunicación, tanto audiovisuales como escritos, desempeñando un papel crucial en la percepción de inseguridad y aumento de la delincuencia, sin reconocer el poder y la responsabilidad de esta flagrante y peligrosa manipulación, al seleccionar y privilegiar noticias delictivas sobre otro tipo, que va construyendo una realidad peculiar y que genera consecuencias sociales y políticas negativas, de incierto alcance en la convivencia futura de nuestra sociedad.

En la parrilla televisiva y de la prensa, los actos violentos se presentan como espectáculo, nutridos por el morbo, y como primarios en desmedro de otras realidades sociales igualmente importantes. Esta forma de exponer los hechos distorsiona la percepción de la realidad social y promueve una visión específica de la violencia. En este contexto, se refuerza la idea de seguridad pública mediante la defensa del orden, lo que puede llevar a políticas de los “enemigos internos” en la sociedad, escenario perfecto para que surjan las acciones y llamados al uso de las fuerzas militares en los temas de seguridad pública, perpetuando un ciclo de violencia y criminalización, como lo han realizado algunas autoridades en las últimas semanas en nuestro país.

Seguridad versus la libertad ciudadana (las salidas comunitarias). Unidos diversos y convergentes, una propuesta humanista para superar la crisis
Frente a esta crisis, recogemos la propuesta de salida expresada en artículo reciente, de Javier Tolcachier (investigador en el Centro Mundial de Estudios Humanistas y comunicador en la agencia internacional de noticias Pressenza), en que expresa que la salida a la compleja situación actual, requiere la necesidad de reconstruir la unidad perdida de las fuerzas populares para evitar catástrofes mayores. Nos propone la convergencia de diversidades bajo propósitos compartidos, sin buscar uniformidad ni hegemonías internas. Esta unidad en la diversidad, nos dice, es crucial para combatir la disgregación y la crueldad social promovida por el fundamentalismo de las derechas. Además, nos insta a una tarea de acumulación política junto con la revisión y modificación personal para desterrar la violencia social. Nos plantea que el ser humano no tiene una naturaleza determinada y que desarraigar la violencia individual y colectiva podría ser una gran conquista cultural y un paso hacia el futuro. En síntesis, nos propone una salida al callejón actual a través de la unidad en la diversidad y la transformación personal y política.

 

Redacción colaborativa de Ricardo Lisboa Henríquez; M. Angélica Alvear Montecinos; Guillermo Garcés Parada; César Anguita Sanhueza y Sandra Arriola Oporto. Comisión de Opinión Pública