El 3 de enero, un juez de Ciudad de Guatemala autorizó la puesta en libertad inmediata de Virginia Laparra, ex fiscal de la fiscalía especial de Guatemala para la lucha contra la impunidad.

Durante seis años, de 2016 a 2022, Laparra había intentado luchar contra la impunidad imperante en el Estado centroamericano, por violaciones de derechos humanos y corrupción, solo para acabar siendo una víctima.

El empecinamiento judicial contra Laparra había comenzado en 2018, cuando un juez de Quetzaltenango había denunciado al fiscal que lo había denunciado ante los órganos disciplinarios de la
justicia guatemalteca por hechos de corrupción.

El 16 de diciembre de 2022, tras nueve meses de prisión preventiva, la sección octava del tribunal contra el narcotráfico y delitos contra el medio ambiente le había condenado a cuatro años de prisión por abuso de autoridad de forma continuada.

La presión internacional, incluida la campaña por la liberación de Laparra lanzada por Amnistía Internacional a finales de 2022 y la intervención del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, han dado sus frutos.

La persecución judicial contra Laparra se produjo en un contexto de ataques contra una docena de personas implicadas en las investigaciones sobre casos de corrupción a gran escala y violaciones
de los derechos humanos.

Según datos de la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, en 2022 se produjeron 3754 ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos y al menos 73
periodistas y activistas se vieron obligados a huir al exilio.