medida que nos aproximamos al décimo aniversario del Consenso de Montevideo, América Latina y el Caribe se encuentran ante un desafío imperativo: preservar los logros fundamentales alcanzados en materia de derechos humanos. En un contexto donde los fundamentalismos ganan terreno y la derecha extrema cobra fuerza, es crucial que tanto las personas individualmente como la sociedad en su conjunto se unan para proteger las libertades y derechos que tanto esfuerzo nos han costado conseguir.

La igualdad de género, la diversidad sexual, la erradicación de la pobreza, el acceso a la salud y la educación sexual, entre otros aspectos fundamentales, no deben ser comprometidos por ideologías extremistas que amenazan la paz y la justicia social. El 14 y 15 de noviembre, representantes de la sociedad civil y gobiernos de toda América Latina y el Caribe se reunirán en Santiago, Chile, para conmemorar la adopción del Consenso de Montevideo y ese es el momento de fortalecer nuestros lazos y resistir cualquier intento de retroceso, reafirmando nuestro compromiso con un futuro donde los derechos humanos sean inquebrantables pilares de nuestra sociedad, con un aumento en su alcance, en lugar de una disminución.

Durante este encuentro, se presentará la propuesta de segundo informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo por la Secretaría técnica, y los Gobiernos compartirán sus informes nacionales voluntarios sobre la implementación de los compromisos firmados.. En este contexto crucial, IPPF Américas y el Caribe y sus organizaciones miembro estarán presentes para demandar la garantía integral de los derechos humanos de todas las personas, especialmente de aquellos grupos en situaciones de vulnerabilidad en nuestra región, marcada por las desigualdades.

Las estadísticas son alarmantes: en América Latina y el Caribe, el 32,1% de la población total vive en situación de pobreza y el 13,1% en pobreza extrema (según datos de CEPAL, 2022). En 2023, el 50% más pobre de la población se lleva solo el 10% de los ingresos, mientras que el 10% más rico recibe el 55%. En términos de riqueza, la concentración es aún mayor: el 10% más rico acumula el 77% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre apenas cuenta con el 1% (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, 2022). Estas cifras subrayan la urgencia de nuestra labor y nos instan a redoblar nuestros esfuerzos para proteger y expandir los derechos humanos en la región, al mismo tiempo que erradicamos toda forma de discriminación y desigualdad social.

Estamos actuando para que los gobiernos eliminen cualquier tipo de discriminación en los servicios y garanticen que sean accesibles para toda la población. IPPF ha demostrado que es posible y efectivo implementar servicios que tengan en cuenta las necesidades específicas de hombres, mujeres, adolescentes, personas de la comunidad LGTBQ+, personas que viven con VIH, personas con discapacidad, indígenas y cualquier otro grupo en situación de vulnerabilidad.

Tres áreas demandan nuestra atención inmediata: los matrimonios forzados y tempranos, la participación activa de los jóvenes y el acceso garantizado a educación sexual para todas las personas, permitiéndoles acceder a los servicios que necesitan. Según la UNICEF, en América Latina y el Caribe, una de cada cinco niñas se casa antes de los 18 años y la mayoría queda embarazada antes de los 20 años. Esta cifra, preocupante por su constancia durante más de 25 años, subraya que nuestros esfuerzos como sociedad no son suficientes.

Frente a este panorama, es imperativo que aprovechemos esta reunión en Chile para fortalecer nuestra colaboración y reafirmar nuestro compromiso con los principios del Consenso de Montevideo. Solo a través de la unidad y la acción conjunta podremos proteger los derechos fundamentales de todos los habitantes de América Latina y el Caribe, asegurando un futuro donde la igualdad y la justicia sean la norma, no la excepción.

Eugenia Lopez Uribe

Directora Regional para IPPF en América Latina y el Caribe