Frente a la crisis habitacional humana existente en el país, que provoca un nivel de indignidad y dolor cotidiano en millones de personas, el Estado fallido, en manos de la élite política, toma una línea coincidente con su permanente tendencia al “castigo”, en un afán por controlar la posible desobediencia popular frente a las situaciones de abandono que estas capas sociales padecen. En este contexto, se comunica la iniciativa de Ley de Usurpaciones en donde la comisión de la Cámara la aprueba en general, con penas de cárcel por ocupaciones ilegales.

Esta criminalización se emparenta, en la práctica, con lo sucedido en la dictadura de Pinochet con su decreto de Estado de Sitio de noviembre de 1984 para controlar a la población; donde la situación de zonas populares en los ochenta fue tema del Ministerio del Interior, pues se caracterizó como un problema de seguridad nacional.

Existe vasta literatura, estudios e informes que dan cuenta de que este flagelo de hacinamiento comienza en los primeros años del 1900, dadas las migraciones desde la ruralidad hacia la periferia de las grandes ciudades, en particular Santiago y Valparaíso, generando cordones de asentamientos en condiciones inhumanas, que en décadas posteriores, y en base a la organización de las personas de aquellos territorios, fijan una dirección hacia la toma de terrenos que en palabras del historiador Gabriel Salazar “persiguieron dos objetivos estratégicos: a) la toma ilegal de un sitio urbano y, b) la integración a la sociedad urbana mediante una transgresión autointegradora  promovida por los marginales (…); la ‘toma’, en ese sentido, no estaba pensada como una acción de ‘guerra a muerte’ (donde la ‘guerra’ tenía y tuvo sentido por sí misma) pues aquí la violencia estaba calculada como medio para producir un resultado final pacífico: la ‘legalización’.”

La instalación de poblaciones emblemáticas con este origen, en diversos territorios, se dio partiendo en los años 50 con lo que hoy conocemos como población La Victoria y así fueron siguiendo hasta nuestros días. En este sentido, se puede hablar de una “herramienta” que utiliza el mundo popular marginado, y que hoy se criminaliza, justo en un momento de contexto de empobrecimiento de las capas asalariadas y de nuevas olas migrantes; está vez de personas provenientes de algunos países del continente.

Hoy “el sueño de la casa propia” se aleja cada vez más. Al término del año 2022 un estudio de la Fundación Techo con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, señala un déficit de más de 641 mil hogares a lo largo de todo el país, cifra similar a la que reconoce el gobierno, aproximadamente 650 mil; cifras que contemplan los 1.290 campamentos existentes en Chile actualmente (Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023 de Fundación Techo). El estudio muestra que la crisis habitacional tiene su cara visible en la toma de terrenos realizadas mayoritariamente por familias que se declaran afectadas por: el alto costo de los arriendos (74,8%), la necesidad de romper con la situación de allegados (73,6%) y los bajos ingresos percibidos (72,5%).

Es en este contexto, que hace casi una semana la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, con cuatro votos en contra , aprobó el avance de la iniciativa de la Ley de Usurpaciones comentada, iniciativa presentada por un grupo de senadores principalmente de derecha (supuestamente motivados por el asesinato de un empresario involucrado en un litigio de un terreno ocupado ilegalmente). Tal iniciativa de ley se incorpora urgentemente a la “vía rápida” de 31 proyectos priorizados -en acuerdo- por el Gobierno y el Congreso (de las derechas), convirtiéndose en una más de las medidas fuertemente punitivas y represivas, que se presentan como propuestas para solucionar problemáticas sociales de larga data, y que deja en un pie forzado al conglomerado oficialista, sin mayoría en las salas parlamentarias, al aprobarse la modificación al Código Penal que permite la legítima defensa contra las personas que ocupen ilegalmente (incitando el enfrentamiento armado entre civiles) y el nivel de penalización con cárcel para la usurpación con y sin violencia.

Para el cura jesuita Héctor Guarda, capellán de TECHO-Chile, está ley “criminaliza la pobreza ”por cuanto no distingue entre aprovechamiento y necesidad señalando que “No es lo mismo una ocupación abusiva de un terreno que la toma realizada por personas en situación de precariedad socioeconómica».

Por otro lado, para Santiago Castillo, Vocero de la Agrupación por la Vivienda Luchadores de Lo Hermida “El problema de la vivienda está indudablemente enlazado con la crisis económica que atraviesan cientos de miles de estas familias. La inflación galopante, las alzas de precios, el deterioro de los sueldos reales y la ausencia de medidas que defiendan el bolsillo de los pobladores evidentemente están arrasando con la posibilidad de acceso a la vivienda” … “La inflación se traduce rápidamente en aumento del hacinamiento, ya que es cada vez más difícil pagar arriendo”.

Obviamente no será está ley la respuesta adecuada para las personas que sufren los efectos de la crisis habitacional existente en nuestro país. Más bien, agudizará aún más el panorama al no tener una solución concreta después del desalojo para un importante número de familias que volverán a deambular por lugares en busca de un espacio donde vivir (además, sin desconocer su posible uso en el conflicto de tierras en disputa de comunidades mapuches frente a Empresas y “colonos”).

La “oferta estatal” es que se construirán 60 mil casas o departamentos anualmente, la media de incremento de requerimientos anual bordea las 25 mil unidades (los últimos 6 años); esto da un avance real sobre el déficit (650 mil) de un aproximado de 35 mil viviendas al año, dinámica que posterga el cierre de la brecha en casi 2 décadas (si todo va bien). Esto asegura al menos que los próximos 5 años habrá medio millón de familias sin vivienda, a las que se busca controlar con esta nueva ley del garrote.

Esta realidad actual, promovida desde la élite política del país, desconoce totalmente el peso que tienen en la historia de Chile los movimientos surgidos desde estas personas con necesidad de viviendas, que vía tomas “ilegales” de terrenos, públicos o privados, ejercen presión sobre las autoridades locales o nacionales para alcanzar la titularidad de la tierra, la incorporación de servicios básicos, ayudas sociales y crediticias para alcanzar como objetivo final el llamado “barrio autoconstruido”. Esta base organizada que dio respuestas también en temas de alimentación, salud, educación y que fue la fuerza real de poder social político movilizado para superar la dictadura, y que generalmente, los gobiernos de todos los signos (excepto la UP), respondieron sus demandas con represión, para esconder, sin asumir, su incapacidad y desidia frente a la priorización del tema.

Opuestamente, creemos firmemente que esa incidencia histórica de la organización territorial popular, resurgirá una y otra vez en el futuro mediato e inmediato, superando la actual infamia de los poderosos, construyendo desde esos espacios la sociedad digna, para todes, sin privilegios y sin exclusiones.

Redacción colaborativa de M. Angélica Alvear Montecinos; Sandra Arriola Oporto; Ricardo Lisboa Henríquez; Guillermo Garcés Parada y César Anguita Sanhueza. Comisión de Opinión Pública.