La comunidad de Santa Marta denunció que esta madrugada fueron detenidos tres líderes sociales, injustamente vinculados con un caso ocurrido durante “el conflicto armado”.

La fiscalía añadió a esta acusación la de pertenencia a asociaciones ilícitas, con toda la carga que reviste el término en el contexto salvadoreño actual.

El mencionado contexto alude al Régimen de Excepción instaurado por el gobierno para combatir el accionar de las pandillas (“maras”), pero que sin embargo, según movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, está siendo usado contra el activismo social disidente de las políticas de Nayib Bukele.

Con la anuencia de la Asamblea Legislativa, controlada mayoritariamente por el partido del presidente, la norma suspende las libertades constitucionales de reunión, asociación, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, además del derecho a la defensa.

“Nos parece indignante y sospechoso – señala el comunicado dado a conocer- que a casi 31 años del fin de la guerra civil salvadoreña y a más de 40 años de las atrocidades cometidas contra la población civil de Santa Marta, donde fueron cometidas incontables violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, el estado salvadoreño no fue capaz de judicializar un solo caso.”

Entre 1979 y 1992, El Salvador vivió un doloroso conflicto armado que dejó un saldo luctuoso de más de 75 mil víctimas, 15000 desaparecidos y una cifra superior al medio millón de personas desplazadas.

“Hoy, cuando dicen actuar, lo hacen para revictimizar a la misma comunidad en algo que parece a todas luces una venganza política.”, ilustra el texto.

La comunidad informó que además de Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas Laínez, otros dos compañeros, Teodoro Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega, fueron detenidos en las oficinas de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) en el municipio de Guacotecti.

“Todo este entramado” – indicaron – “pone en evidencia la construcción de un caso en forma exprés cuya finalidad real es atacar a la comunidad Santa Marta y a la Asociación ADES atacando a sus liderazgos.”

La Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES) es una institución sin fines de lucro creada el 7 de marzo de 1993 en el Cantón Santa Marta, Municipio de Victoria, Departamento de Cabañas, El Salvador.

Ésta nació a partir de un Comité de Repobladores de Cabañas (CRC) para responder a las necesidades de las comunidades repatriadas y repobladas del Cantón Santa Marta, población que debido a la represión del ejército se refugió en Honduras durante el conflicto Armado de 1980.

A partir de las condiciones creadas con el primer retorno de repobladores a Santa Marta desde Mesa Grande, Honduras, en octubre de 1987 y las condiciones tras la firma de los Acuerdos de Paz (México, 1992) se abrió la posibilidad de extender el modelo de trabajo educativo y organizativo a nuevas comunidades de Cabañas y otros Departamentos.

Su trabajo está dedicado al acompañamiento en procesos de formación y comunicación popular, la promoción de agricultura orgánica y sostenible, el respeto al medio ambiente, y la reivindicación de los derechos humanos como la base fundamental para el desarrollo humano.

Los voceros de la fiscalía presentes en la comunidad aseguraron que el caso no tiene nada que ver con el régimen de excepción, por lo que la comunidad exige que antes de las 72 horas se realice la audiencia inicial y se siga el debido proceso con apego a la ley sin que medien los procedimientos propios del régimen de excepción y donde prime el respeto a los derechos humanos y a la justicia.

Al mismo tiempo, los habitantes de Santa Marta y los integrantes de la asociación ADES, exigen el respeto a la integridad física y moral de los compañeros privados de su libertad esta madrugada bajo circunstancias sospechosas.

El comunicado finaliza alertando a la opinión pública y organizaciones de la sociedad civil, “sobre el riesgo de que continúe este tipo de capturas en las circunstancias antes descritas.”