Lo que está en juego en Perú es algo mucho más profundo que la rabia ante la torpeza de Pedro Castillo y la reacción de la ultraderecha y las clases dominantes: es el eterno retorno de los oprimidos, de la humillación y el desprecio de siglos, es el colapso del sistema político en su conjunto, desde el Congreso poblado de corruptos y torturadores hasta el aparato de justicia cómplice de todos los atropellos imaginables.

por Aram Aharonian

Por eso la protesta en Andahuaylas, Ayacucho, Cuzco, Apurímac, Puno, pero también en Lima, repite el “que se vayan todos”, incluso sin saber que les deparará el futuro, condicionado no solo por la oligarquía en el poder real, bendecida por la OEA, el Comando Sur y Washington.

En una nación de pobres y donde el voto es obligatorio, por primera vez la gente tuvo un candidato del pueblo, un maestro de primaria de origen campesino y que decía representar sus intereses. A los que protestan por la des, la derecha, los tachan de terroristas. Y, en ese juego ha caído Dina Boluarte al sacar al ejército a las calles.

Lo que pone en evidencia otra fractura, la del centralismo capitalino que votó por Keiko Fujimori y, las provincias con alto componente campesino e indígena, que votaron por Castillo.

La aguda crisis peruana desató también un importante diferendo geopolítico. Estados Unidos y Chile apoyan a Boluarte, pero un nutrido bloque latinoamericano -México, Colombia, Argentina, Bolivia y Honduras- exige la restitución de Castillo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que la justicia peruana comete un exabrupto al mantener detenido a Castillo, que ha dañado la opción de que esa nación participe en la primera conferencia de presidentes latinoamericanos (…) para plantear una nueva política antidrogas, una reunión en la que él, junto con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, programaron.

Mientras, el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, denunció la brutal represión y uso excesivo de la fuerza contra la población en Perú y solicitó a las autoridades de ese país a cesar la violencia y abrir espacios de diálogo con los sectores movilizados.

¿Dejá vu?

La personalidad de Castillo, su falta de experiencia, su sencillez, tuvieron un rol central en los acontecimientos. Con más experiencia la reacción peruana no habría logrado los mismos resultados.

Pareciera repetirse lo de la sangrienta de la década de 1980: los Andes frente a la Costa, las comunidades y pueblos aymaras y quechuas batiéndose contra un Estado genocida, los pobres de la sierra frente a la opresión de cinco siglos. La de ahora es la más violenta y abarcativa represión desde la caída de la dictatura de Alberto Fujimori (1992-2000),

Para ahondar la crisis, el Congreso de Perú rechazó una reforma constitucional que buscaba posibilitar el adelanto de las elecciones generales programadas para 2026 a fines de 2023, con lo que cerró una de las escasas válvulas de escape disponibles para conjurar el caos en que cayó el país cuando el propio Legislativo destituyó al presidente democráticamente elegido Pedro Castillo, e instaló en su lugar a Dina Boluarte.

Con sus decisiones, esta dictadura parlamentaria deja en claro que no representa sino a la oligarquía corrupta y racista, dispuesta a todo con tal de impedir cualquier cambio que amenace su férreo control o que pretenda extender a las mayorías sociales los beneficios de la explotación de los vastos recursos naturales del país. No se puede olvidar que esta oligarquía cuenta con el apoyo irrestricto de los grandes medios de comunicación… y de los militares.

Racismo, frivolidad, cinismo, el descaro de los grupos de interés, acostumbrados a operar con impunidad, ha terminado por hacer estallar – una vez más – a la gente en todo el Perú. Hacer política desde el desprecio trae consecuencias graves.

Desde la prisión, Castillo se volvió símbolo, o una proyección: es nuestro, es por quien votamos, es el que elegimos, es uno como nosotros, es cholo, es pobre, es indio, es excluido, es campesino, es un “nadie”, señalan los que lo defienden, poniendo sus vidas en peligro, y defienden –quizá sin ser conscientes de ello- su voto, la voluntad popular, eso que llaman democracia, pese a todos los insultos, de luchar contra los grandes grupos de poder, del terruqueo y la burla.

Al no contener las crecientes manifestaciones, que ya dejaron más de dos decenas de muertos y más de 500 detenidos, el nuevo gobierno decretó el toque de queda en 15 provincias. La presión se mantuvo en las calles y con bloqueos en más un centenar de carreteras en al menos 13 de los 24 departamentos del país. En el sur se mantuvieron cerrados cinco aeropuertos de las provincias de Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho.

La actuación del Congreso no atenúa la responsabilidad de Boluarte, quien jugó un papel cómplice en el desarrollo de los acontecimientos. Sin legitimidad, manchada por su respuesta autoritaria al levantamiento popular y responsable de muertos y heridos.

El golpe de Estado “de los señores”, ejecutado en Lima, devela, una vez más, la falacia de la “democracia” made un USA. Desde que la democracia ha sido reducida al institucionalismo fetichista, la democracia misma es raptada como garantía discursiva de la defensa del orden vigente, o sea, la democracia deja de ser democracia para ser apenas una convención política de los poderes fácticos, explica Rafael Bautista.

El pueblo ya no interesa, el sujeto de la democracia es desplazado y el poder se vacía de legitimidad, dejando a la política como un mercado cautivo a merced de los especuladores. A la señoría le molesta la presencia de pueblo, porque eso retrasa los negocios, porque los tiempos del capital no admiten dilaciones ni vacilaciones.

Desde hace medio siglo, para Washington la democracia entra en crisis cuando el pueblo se hace protagonista; por eso la gobernabilidad, desde entonces, se impone como el único dilema democrático.

El análisis de Béjar

“Tenemos una dictadura en Perú, es una dictadura militar y policial, ellos son quienes gobiernan, no la presidenta: estamos en un momento revolucionario pero sin revolucionarios”, dice Héctor Béjar, quien fuera canciller de su país durante 19 días, entre el 29 de julio y 17 de agosto de 2021, cuando asumió la presidencia el ahora destituido Pedro Castillo.

Lo triste es que aquellos que hoy están en el gobierno, con una ingenuidad parecida a la de Castillo, creen que dejando pasar el tiempo la gente se va a calmar y pasará el huracán. Se trata de una revancha de las élites corruptas, de las tecnoburocracias que dominan también el Congreso y el Poder Judicial, contra el Perú todo. “Estamos en manos de una señora que es una especie de Lenin Moreno (el expresidente ecuatoriano) con faldas, porque en vez de responder a la justa protesta popular con diálogo, les ha mandado el Ejército”, añadió.

El gobierno aseguró que las protestas son organizadas y dirigidas por profesionales, y extremistas vinculados a los grupos terroristas y/o insurgentes Sendero Luminoso y Túpac Amaru. A pesar de los esfuerzos de la derecha, el poder y los medios hegemónicos de calificar de subversivos de izquierda a quienes protestan, la realidad muestra que quienes salen a las calles son parte del pueblo harto de tanta corrupción y hambre. Los “nadies”.

No es la izquierda, aun cuando haya mucha gente de izquierda en las organizaciones sociales populares, porque esta rebelión la está haciendo una parte del pueblo espontáneamente, por su propia decisión. La izquierda tradicional peruana sigue más interesada en permanecer en el sistema político, que es repudiado por todo Perú.

“Castillo es un hombre humilde, procede de los departamentos más lejanos al norte, es un maestro rural; no es un hombre de izquierda, es un ciudadano evangelista con toda su familia, no es un marxista leninista ni un terrorista; su comportamiento es inexplicable porque él es un dirigente sindical de nivel nacional y lideró dos huelgas del magisterio importantísimas, entonces tampoco es que no haya tenido nada de experiencia», dice Béjar.

Lo cierto es que la derecha nunca lo dejó gobernar:  «No lo dejaron respirar, la Fiscalía se metió hasta en su dormitorio y ha vivido ´golpes de estado legales´, si es que cabe esa expresión durante su corto mandato”.

¿Cómo se sale?

Para poder salir de esta crisis se requieren elecciones realmente democráticas, que el actual aparato legal no lo permite. Si se mantiene el conjunto de disposiciones vigentes, se volverá a repetir la misma historia.  Dentro de la situación legal actual no hay salida, se requiere hacer una renovación de todo, pero eso lleva tiempo.

La única salida visible a una crisis que se agrava conforme transcurren las horas pasa por la convocatoria a elecciones generales inmediatas y a una Asamblea Constituyente capaz de redactar una carta magna que dote a la nación de un diseño político-institucional funcional, viable y sensible a los reclamos sociales.

La realización de la Asamblea no es un capricho ni una ocurrencia: se encuentra entre las promesas de campaña del destituido presidente Castillo y, por tanto, forma parte de la plataforma política elegida por los peruanos en las urnas.

Para los analistas políticos, el voto de los 33 congresistas que se pronunciaron en contra y los 25 que se abstuvieron resulta de una irresponsabilidad criminal en momentos en que los muertos y heridos se cuentan por decenas y cientos, a causa de la represión desatada por el régimen títere de Boluarte para acabar con la oposición popular a su gobierno.

Asimismo, este gobierno impuso la continuidad del estado de emergencia y la suspensión de garantías que suprimió por 30 días la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito. El Parlamento peruano se erige en el mayor enemigo de la vida democrática.

Primero impidió de manera sistemática el ejercicio gubernamental de Castillo mediante un golpeteo incesante y la amenaza permanente de despojarlo de su cargo. El primer intento de removerlo del cargo se remonta a diciembre de 2021, cuando apenas llevaba cuatro meses en el poder. Luego, consumó –como se sabe ahora, con conocimiento y respaldo de Washington– el golpe del 7 de este mes, y ese mismo Congreso ahora niega un arreglo pacífico a la trágica situación creada por su propia insensatez.

No es casualidad: la embajadora de Estados Unidos en Lima, Lisa Kenna, trabajó con la central estadounidense de espionaje CIA y el Pentágono, el Departamento de Defensa de su país. No fue por casualidad que un día antes del golpe de estado contra Castillo, Kenna se reunió con el ministro de defensa del Perú, un general de brigada retirado del ejército que luego ordenó a los militares que se volvieran contra Castillo.

 

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