En un comunicado conjunto, los gobiernos de la República Argentina, la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado Plurinacional de Bolivia expresaron su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú y exhortaron a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio.

«Para el mundo no es novedad» – así el texto dado a conocer – «que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de Costa Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención.»

Los cuatro gobiernos expresaron con claridad su llamado para que se priorice la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas, es decir, que se reviertan las medidas que culminaron con la destitución del presidente electo democráticamente. La declaración finaliza con la solicitud de que se garanticen los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y su protección judicial.

RUNASUR repudia destitución y detención del presidente Castillo

Por su parte, RUNASUR, articulación de pueblos indígenas, afrodescendientes, organizaciones sociales y sindicales continentales, expresó su absoluto repudio por la destitución y posterior detención del presidente Castillo.

En clara alusión a hechos similares, la declaración señala «El Poder Legislativo destituyó a Castillo, luego el Poder Judicial ordenó su detención y en tercer lugar, el Departamento de Estado declaró en Washington que Estados Unidos considera a Castillo un “ex presidente”. Esta trilogía de poder es la continuidad, en diferentes formatos, de lo que padecen los pueblos latinoamericanos en los últimos años. Lo vivimos en Brasil con Lula y Dilma Rousseff, en Bolivia con Evo Morales y recientemente con un fallo condenatorio viciado de contenido hacia la vicepresidente de Argentina Cristina Kirchner.»

«Lo ocurrido en Perú», continúa el pronunciamiento, «es una nueva intromisión de los sectores más concentrados del poder, apadrinado por los Estados Unidos, para avanzar sobre los gobiernos populares que, con políticas inclusivas y defendiendo su soberanía, intentan hacer de Latinoamérica un continente con mayor igualdad.»

Como corolario, Runasur – la Unasur de los Pueblos – manifiesta su enérgica oposición a los golpes de estado y al acoso sistemático de las estructuras judiciales corruptas, señalando su propósito de seguir bregando por la unidad y articulación de los movimientos populares, por la soberanización y nacionalización de los recursos naturales y por las democracias participativas y populares.