La crisis que vive hoy en día la educación pública es la consecuencia lógica del plan que implementó Jaime Guzmán, es decir, desarticulación de la educación pública como posible motor de cambio social y limitarla a un rol de cobertura y alfabetización técnica, en función del precario mercado laboral.

Este maquiavélico plan de desmantelamiento, en particular de los colegios públicos, tuvo su primer paso en el proceso de desmunicipalización, que además de generar la deuda histórica de los profesores, segregó a la sociedad en comunas pobres y ricas, generando una estratificación social de los establecimientos educativos de acuerdo a su ubicación geográfica, lo cual determinaría grandes brechas en cuanto al rendimiento académico y de financiamiento entre un colegio ubicado en el centro de las ciudades a otro, ubicado en la periferia.

La segunda parte de este proyecto consistió en poner a competir a los colegios municipales con los colegios particulares subvencionados, entregando muchas más ventajas a los sostenedores de los primeros para que pudieran crear un nuevo negocio con el sistema de subvenciones, invitando a todos los sectores políticos (desde la derecha a la centroizquierda) a ser parte de este carnaval de lucro con el conocimiento. Estas ventajas comparativas comenzaron a hacerse evidentes, sobre todo cuando se comienza a producir un éxodo de estudiantes desde los establecimientos municipales a los particulares subvencionados, con la esperanza de lograr cierta movilidad social ascendente.

Sin embargo, todo el discurso meritocrático que le vendieron a la clase media con la existencia de los denominados colegios emblemáticos, cuya ubicación geográfica y supuestos mejores recursos ayudarían a sus hijos a ingresar a la universidad, comenzó a desmoronarse de manera intensa desde el terremoto del año 2010, ya que el gobierno de Piñera cerró una cantidad importante de escuelas municipales (más de 50), sumado a las 818 escuelas rurales de la misma dependencia cerradas entre el 2000 y el 2012 por baja de matrícula.

Como la primera justificación para comenzar a cerrar colegios municipales fue la baja matrícula y el bajo puntaje SIMCE, el Estado comenzó a clausurar a los colegios municipales más vulnerables y afectados por la crisis de la educación, luego buscó la justificación para atacar a los colegios emblemáticos al considerarlos como focos de formación subversiva. A esto se agrega el abandono intencional de los colegios públicos que han hecho muchos municipios, esperando que se concrete la desmunicipalización para librarse de esta molesta carga, incluyendo la deuda histórica de los docentes.

La realidad propia del Instituto Nacional no tiene mucha diferencia con el resto de los colegios municipales. No obstante, como tiene un papel simbólico en nuestra historia, el gobierno local y central se han esmerado en recrudecer su política represiva en este colegio, lo cual ha afectado a todos los actores de la comunidad educativa.

Durante la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet se realizó la municipalización de la enseñanza. La medida contó con el fuerte rechazo del Centro de Alumnos del Instituto Nacional (CAIN) y de los diferentes grupos políticos existentes, como Partido Institutano de Oposición (PIO) o el Frente Institutano Nacionalista (FIN). Pese al rechazo, en 1986 se concretó el traspaso de la administración del Instituto a la Municipalidad de Santiago. El hecho gatilló la renuncia del rector Luis Molina Palacios, quien había manifestando su oposición a la reforma educacional.

Los más afectados por estas políticas de jibarización de la educación pública son los propios alumnos, lo que se ve reflejado en forma palmaria en las condiciones en que deben estudiar: con pupitres antiquísimos, donde es casi imposible sentarse, pisos de hormigón en mal estado al interior de las aulas, salas sin pintar, baños insalubres, hacinamiento de estudiantes, falta de dotación de personal docente y no docente, salas con mala iluminación, sin calefacción, entre muchas otras carencias.

Desde el año 2016 el estudiantado ha demostrado estar más preocupado de demandas políticas que de temáticas particulares y puntuales, tales como la desmunicipalización, así como también se han mostrado más críticos con el modelo de evaluación estandarizada, expresado políticamente en el boicot al SIMCE y la exigencia de un sistema mixto de enseñanza. Y en este proceso interno, podemos ver que emergen algunas posturas más radicalizadas, pero minoritarias como los llamados “encapuchados” o “insurrectos”, que lamentablemente, por lo general actúan por iniciativas individuales y muchas veces desconocen los acuerdos tomados por la mayoría en la asamblea, transformándose finalmente en grupos aislados de la mayoría de los estudiantes, quienes sí acatan los acuerdos democráticos de la asamblea. Las motivaciones ideológicas de estos grupos por lo general poseen un gran sentido de justicia social, realizando una crítica profunda al modelo educativo mercantilizado y al Estado como garante de las clases dominantes; sin embargo, estos grupos además de facilitar la infiltración de agentes de inteligencia, cumplen el rol (para el poder) de justificar toda la represión, generando un sentimiento en las masas, no deseado por ellos, de restablecimiento del orden.

Por las salas de clases del Instituto han pasado 18 expresidentes de la República y 34 premios nacionales. Pero en los últimos años ha sufrido una baja consistente en las cifras que miden el rendimiento en el examen de admisión universitaria, como ocurrió con la Prueba de Transición Universitaria (PTU), en 2020, y la Prueba de Transición (PDT), en 2021.

La caída en los puntajes del “primer foco de luz de la nación”, como reza su himno, comenzó al menos en 2010. A continuación los resultados de los últimos once años:

2010:

-Promedio: 690 puntos

-54 puntajes nacionales

2011:

-Promedio: 669 puntos

-17 puntajes nacionales

2012:

-Promedio: 677 puntos

-12 puntajes nacionales

2013:

-Promedio: 671 puntos

-17 puntajes nacionales

2014:

-Promedio: 666 puntos

-22 puntajes nacionales

2015:

-Promedio: 658 puntos

-6 puntajes nacionales

2016:

-Promedio: 642 puntos

-9 puntajes nacionales

2017:

-Promedio: 647,4 puntos

-15 puntajes nacionales

2018:

-Promedio: 647, 1 puntos

-6 puntajes nacionales

2019:

-Promedio: 636 puntos

-8 puntajes nacionales

2020:

-Promedio: 621 puntos

-5 puntajes nacionales

2021

-Promedio: 620 puntos

-3 puntajes nacionales

De acuerdo al economista e investigador de Clapes-UC Sergio Urzúa, “Esta crisis es una pésima noticia para un país que reclama diversidad de las elites”.

Según este economista, existen al menos cinco factores que arrastra la institución que podrían explicar los resultados académicos que viene obteniendo en los últimos años:

1.Liceo en pandemia: afectó al sistema en general, y en particular a la educación pública, a partir de 2020. Bajo la administración de Irací Hassler, el establecimiento estuvo con sus puertas cerradas durante buena parte del año.

2.Imágenes de violencia y cupos disponibles: “hemos visto que dentro de las postulaciones al establecimiento quedaron cupos disponibles. Entonces, hay problemas a la salida y a la entrada. ¿Qué padre con un niño de 10 u 11 años que quiere apostar por una educación pública de calidad mira estas imágenes y dice: ‘este es el colegio para mis hijos’?”, ha dicho Urzúa. Otros, como el exrector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, han planteado el peso de las situaciones de violencia en el establecimiento -que se ha traducido en continuos paros- en los años anteriores.

3.Frialdad de la clase política: a todo el sistema de educación pública le ha faltado dinero en general, es parte del problema macro. Pero aquí el problema es que hay una falta de conciencia política de la importancia que tuvieron estas instituciones republicanas. Su fin le saldrá caro a Chile… Esto choca con una demanda ciudadana de una clase dirigente con mayor diversidad, con los pies mejor puestos en la tierra.

4.La debacle de los liceos emblemáticos: acumulan una caída de hasta 60 puntos en la prueba de admisión universitaria desde 2018. En 2021 promediaron 527 puntos en la misma. Los Liceos Bicentenario, en tanto, llegaron a 520. En el gobierno señalan que estos últimos van al alza por la cantidad de Liceos Bicentenario que se han ido creando.

5.Reforma educacional del segundo gobierno de Bachelet: “aquellos que apostaron por todas estas reformas años atrás es tiempo que empiecen a dar explicaciones. Porque en un comienzo se blindaban con la dificultad de poder identificar los impactos de los cambios, pero lo que sabemos es que, en términos relativos, el Instituto Nacional y otros colegios emblemáticos están peor de lo que estaban hace cinco años atrás. Aquí hubo un trabajo que fue vestido de técnico, pero que tenía un componente político-ideológico”, ha señalado Urzúa.

Finalmente, siguiendo a Silva (2016), muchos se alegran de un fin eventual del Instituto Nacional. A la derecha conservadora y neoliberal ello le permite consolidar el modelo: ya nada le hace contrapeso a los colegios particulares pagados y confesionales. Las élites se cierran aún más.

Para una centroderecha más republicana y liberal no es tan terrible la eventual desaparición del Instituto. De hecho, han empezado a reemplazar, con mediano éxito, a los liceos “emblemáticos” con liceos bicentenario. Repiten la fórmula educacional de las décadas de 1990 y 2000, y se llevan el crédito y el agradecimiento de las comunidades educativas.

Mientras que para una centroizquierda educada durante la postdictadura en la educación particular “alternativa”, que ignora o desconoce el aporte de la educación pública, el Instituto Nacional no es más que un espacio de discriminación y valores neoliberales.

 

Por Jorge Molina y Patricio Mery Bell