No importa quién asuma la Presidencia el 1º de enero de 2023. Una vez más, la burguesía brasileña habrá ganado las elecciones. No me refiero sólo a los resultados que logró en cuanto a composición del Congreso Nacional, ni siquiera a las victorias de la derecha (y la extrema derecha) en relación a los estados de la federación. Me refiero a que, sea Lula o Bolsonaro, Brasil volverá a tener un gobierno central al servicio de los intereses del capital, en detrimento de la mayoría de la población trabajadora.

Aunque la mayoría de las encuestas haya apuntado a una victoria del candidato del PT ya en la 1ª vuelta de las elecciones, los resultados mostraron que no fue así. Con una diferencia de poco más de 6 millones de votos, Lula aún necesitará “transpirar mucho la camiseta” para tratar de ganarle a la ultraderecha bolsonarista. Sin embargo, a pesar del resultado mencionado, hubo un ganador en esta primera vuelta y, ciertamente, lo habrá en la segunda: la burguesía brasileña. Y todo esto porque, cada vez más a la derecha, los llamados partidos progresistas como el PT convencieron cada vez menos a la población trabajadora de que merecen su voto.

La alianza Lula-Alckmin reveló, una vez más, que el PT no representa los intereses de la clase obrera –de hecho, ya lo demostró en 2002 cuando presentó como su vice a José Alencar, uno de los mayores empresarios nacionales y, por tanto, representante de los intereses del capital. Los gobiernos del PT, tanto el de Lula como el de Dilma Rousseff, estuvieron no un poco sino muy alineados con los principios neoliberales.

«Gobierno democrático y popular»

Por ejemplo, en el primer mandato del PT, el entonces Ministro del Trabajo Jacques Wagner, quien luego fue electo gobernador de Bahía (2007/2014), retiró la multa rescisoria del 40% sobre los despidos (colocada en la Constitución de 1988 como contraparte de la libertad de despido instituido en Brasil por la dictadura cívico-militar), demostrando que estuvo atento a las demandas del capital, realizando su primera reforma laboral.

Pero el neoliberalismo del PT no se quedó ahí. El presidente Lula, que tanto habló de proteger a los pobres, fue el primero en “tirarlos a los leones” cuando, por ejemplo, instituyó programas de microcréditos con descuentos directamente sobre los salarios de los trabajadores. Se jactó de la reducción de los intereses de estos préstamos, pero de hecho, fueron los banqueros los que ganaron, pues tenían la garantía de pago de estos préstamos ya sea directamente a través de deducciones de nómina, o incluso (sorprendentemente) a través de la indemnización en caso de que quien tomó el préstamo fuera despedido.

El gobierno de Lula, también conocido como el «gobierno democrático y popular», en 2003 siguió las indicaciones del FMI y del Banco Mundial exactamente cuando cambió las expectativas sobre la posibilidad de revertir los cambios en los derechos de seguridad social implementados durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC).

La reforma de la Seguridad Social, aprobada a partir del Proyecto de Reforma a la Constitución 400/2003 (PEC 40/2003), redujo en un 30% el pago de pensiones por muerte. En caso de fallecimiento del servidor público, la pensión pagada no podrá exceder del valor máximo del 70% de los ingresos percibidos. Entre otras cuestiones, esta PEC también estableció que el Poder Ejecutivo (a nivel federal, estatal y municipal) podría instituir y definir el formato de su sistema de seguridad social. Es lo que sucedió en el Estado de Bahía, por ejemplo, donde el gobierno del PT aumentó la contribución a la seguridad social del servicio público, que hoy es del 14%.

Privatizaciones y endeudamiento de jóvenes pobres

Fue Lula quien también instituyó el Fondo de Financiamiento Estudiantil (FIES), un préstamo educativo que endeudaba a jóvenes pobres que, en su afán por obtener una educación universitaria, cayeron en esta “trampa” neoliberal que solo sirvió para transformar pequeñas (y muchas veces mediocres) facultades en grandes empresas educativas, gracias al dinero público que garantizaba el pago de las cuotas mensuales a estas instituciones.

Además, el presidente del PT fue el principal impulsor de la penetración de instituciones educativas privadas internacionales en territorio brasilero, que hoy dominan el mercado de la educación superior privada. Entre los años 2010 y 2015 (ahí entran los dos gobernantes, Lula y Dilma) las instituciones educativas que cotizan en bolsa “hicieron una fiesta”. Según un informe de la revista Exame, en 2015 las empresas de educación privada obtuvieron una ganancia de 35 mil millones de reales, cinco veces más de lo que obtuvieron en 2010. El destacado fue el grupo Kroton, que se convirtió en la mayor empresa del sector. Durante este período, según Exame, el gobierno federal desembolsó más de 30 mil millones para pagar la matrícula de 1,5 millones de estudiantes, “dinero que se destinó íntegramente a los fondos de las facultades”.

Hay más evidencias del giro a la derecha que hizo el PT desde que tomó el poder en Brasil, como la “fiesta” que el sector automotriz hizo con dinero público, a cuenta de exenciones de impuestos y otros beneficios; por no hablar del hecho de que Lula ignoró por completo la necesidad de una regulación democrática en el sector de las comunicaciones, además de haber promovido una verdadera “fiesta de la privatización” de sectores estratégicos, como puertos y aeropuertos, carreteras…

Fue este formato de gobernabilidad el que, indirectamente, sacó a Bolsonaro del fondo de la “cloaca” y lo colocó en la Presidencia de la República. Porque Lula (y el PT, por cierto) en lugar de crear medidas para reducir o acabar con la pobreza, solo prefirió “poner a los pobres en el Presupuesto” sin combatir, con medidas estructurales, las situaciones extremas de desigualdad.

Aunque el discurso de odio, la truculencia y la violencia explícita son peculiares de Bolsonaro, fueron los gobiernos del PT los que duplicaron la población carcelaria brasileña. Según el Centro de Estudios de la Violencia de la Universidad de São Paulo (USP), entre 2001 y 2010, Brasil registró un aumento del 112% en el número de detenidos, pasando de 233.000 a 496.000, respectivamente. Recordemos que Lula asumió su primer mandato el 1 de enero de 2003, habiendo sido reelegido en 2006 y finalizado su segundo mandato el 31 de diciembre de 2010. Según datos del Ministerio de Justicia, en 2010 la población carcelaria brasileña era de 496,3 mil personas. En 2016, cuando terminó el mandato de Dilma Rousseff, a través de un juicio político, ese número era de 726.700. También es bueno recordar que, en su mayoría, la población carcelaria en Brasil está compuesta por hombres negros y mujeres negras.

Alckmin es Temer del 2016

Si bien Lula y Dilma jamás hicieron discursos homofóbicos, transfóbicos, misóginos o racistas como los hace a menudo Bolsonaro, sus gobiernos no generaron políticas públicas consistentes para integrar socialmente a estos grupos de manera digna. Algunos citarán la introducción de cuotas raciales en las universidades, pero cabe señalar que el mayor desafío para los jóvenes negros, así como para los indígenas, no es ingresar a las universidades, sino permanecer allí y completar sus estudios. Como docente universitaria veo a diario el abandono de estudiantes pertenecientes a esos grupos, por falta de condiciones de permanencia (otra frustración para estas poblaciones históricamente excluidas).

Por todo ello, reitero: sea con Lula o con Bolsonaro, la burguesía vuelve a ganar. Y para aquellos que piensan que Brasil será diferente con la victoria del candidato del PT, basta responder a la siguiente pregunta: ¿De verdad creen que si Lula presentara algún indicio de que trabajaría para reducir las desigualdades en este país, los banqueros y la Federación de Industrias, por ejemplo, lo apoyarían?

Además, no debemos olvidar otro factor importante. Imaginemos que Lula gana en la 2ª vuelta y asume la Presidencia del país y, buscando cambiar un poco su imagen ante la fracción crítica de la sociedad, decide poner en práctica algunas medidas que van en contra de los intereses del capital. Si eso sucede, Alckmin estará a su sombra, recordándole a Michel Temer (un aliado de Lula y el PT) y el año 2016. De hecho, no tengo dudas de que la burguesía brasileña pensó exactamente en eso cuando apoyó a Lula condicionando su apoyo a la presencia de Alckmin en la boleta; el mismo Alckmin, que al igual que Temer, intentó ser presidente, pero nunca logró ser electo.