¿Quién responde por  los comportamientos violentos de cargos de elección popular?

La forma de relacionarse de los diputados y las diputadas en el Congreso no está alejada de la violencia que se está dando en lo cotidiano; siendo la gota que rebalsó el vaso el hecho que ha dejado a la opinión pública en estado de shock, donde el diputado Gonzalo de la Carrera agrede físicamente al vicepresidente de la Cámara Alexis Sepúlveda,

El señor De la Carrera mantiene un historial de violencia verbal hacia colegas, lo que se constata en una reciente sanción desde la comisión de ética de la Cámara. Este último no es un caso aislado. En el Congreso existe un historial de violencia verbal entre parlamentarios para validar su posición política; como cuando el diputado Ignacio Urrutia se refiere a las víctimas de  violación de derechos humanos como terroristas con aguinaldo;  la doctora Cordero afirma que Antonia no se suicidó por ser violada, sino por un cuadro depresivo y así, interminables  ejemplos de intervenciones donde no solo se violenta a integrantes de la Cámara, sino también a la ciudadanía.

El Congreso ha estado integrado por personas con diversos antecedentes de falta a la moral, y que no están reguladas por ninguna ley que impida que seres humanos  violentos/as, abusadores/as, misóginos e inconsecuentes obtengan cargos públicos de elección popular.

La diputada Laura Rodríguez propuso la  Ley de responsabilidad política, que permanece lamentablemente por más de 30 años durmiendo en el Congreso; dicha ley propone que si no se cumple con las promesas de campaña, se debería renunciar al cargo, como también cuando se falta a la ética y probidad. En ese contexto, con dicha ley ante un consejo de ética el señor De la Carrera y otros que cometen faltas graves deberían dejar sus cargos, evitando que  se den situaciones vergonzosas. Recién hoy, 31 de agosto, se propone una ley que subsane este tipo de situaciones,  esperando hechos extremos para legislar.

Entendemos que coincidimos con la ciudadanía si exigimos que se valore la prevención de la violencia y la inconsecuencia en el actuar de la política representativa, considerando la gran responsabilidad que tienen las y los congresistas, no solo como redactores de leyes que nos afectan, sino como modelos de conducta para la sociedad; al menos es algo que debieran tener a la vista.

En este escenario desquiciado, no resulta inoficioso plantear que es necesario conocer los antecedentes psicológicos de cada candidato o candidata, refrendados desde un organismo autónomo estatal, validado por profesionales de la salud mental. Teniendo en cuenta que ya se aplican este tipo de medidas para varias profesiones, en las que es necesario pasar un examen médico que indique que se tiene salud compatible con el servicio al que aspiran prestar.

Aquí aplica el que no se puede tener dobles estándares. En cualquier otro ámbito laboral, este tipo de conductas tienen consecuencias de despido, y no resulta razonable a los ojos de la ciudadanía que quienes tienen la responsabilidad de legislar no se les exija tener una salud emocional y mental compatible a sus funciones, y que sus actos violentos queden en la impunidad, ya que no basta en estos casos con resoluciones administrativas de multas o clases de ética.

 

Redacción colaborativa de Rubén Marcos, Sandra Arriola Oporto, Ariel Herrera, Luz Soto y Sylvia Hidalgo. Comisión política.