Ante la amenaza de una eventual ratificación del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP-11, el Partido Humanista exige al gobierno, y en particular al presidente Boric, cumplir con su promesa de sacar de tramitación del Senado este proyecto.

Como primer elemento, su eventual aprobación atenta contra la soberanía de Chile, entregando derechos a las grandes empresas y transnacionales, en desmedro de todos los habitantes del país, los pueblos originarios, las comunidades agrícolas y los trabajadores.

En segundo lugar, el TPP-11 ha sido tramitado a espaldas de la ciudadanía y sin consulta a los pueblos originarios, violando el Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. A su vez, la aprobación del TPP inmoviliza al Estado de implementar leyes, medidas y acciones a favor de la población y/o del medio ambiente.

En tercer lugar, el TPP-11 entregaría a los inversionistas derechos sin precedentes, entre los cuales se encuentra el demandar a los Estados ante tribunales internacionales -principalmente ante el CIADI, institución del Banco Mundial- en caso de que sus ganancias actuales o futuras se vean afectadas por alguna acción del gobierno. Sin embargo, el Estado no puede demandar a las empresas.

En términos específicos, la ratificación del tratado tendría innumerables consecuencias negativas para el país, entre las cuales destacamos las siguientes:

– Los medicamentos prolongarán sus períodos de royalties (monopolio de los laboratorios), en consecuencia, los altos precios de ellos; cualquier registro sanitario de genéricos será demandado ante los tribunales por las farmacéuticas.

– Eliminación de los derechos de las comunidades agrícolas y los campesinos sobre las semillas, en favor de la Ley Monsanto.

– El TPP-11 hará viable la producción de cultivos transgénicos para consumo, hoy prohibidos; cabe señalar, que actualmente solo se permite la producción de semillas.

– Se liberará el uso de pesticidas y plaguicidas que actualmente se pueden prohibir por el principio precautorio, es decir cuando no se conoce sus consecuencias, dejando solo como causa de prohibición, la comprobación científica de sus efectos negativos.

– Se minimiza la capacidad de fortalecer las empresas estatales, restringiendo las inversiones en las empresas públicas. El Estado no podrá implementar políticas para favorecer la producción de nuevos productos con mayor valor agregado, ni poner impuestos como royalties a las exportaciones que permitan cambiar la matriz productiva y/o recaudar fondos para programas sociales.

– Las grandes demandas exigidas por el pueblo en la revuelta social (educación, salud, jubilación, agua, pesca, recursos naturales, etc), se harán imposibles, porque las grandes empresas podrán demandar al Estado, argumentando que constituyen expropiación.

– El TPP-11 no reconoce tratados firmados por Chile anteriormente como de Derechos Humanos, laborales, medioambientales y de cualquier índole; permitiendo a las grandes empresas, demandar al Estado si se ven perjudicadas por el cumplimiento de estos acuerdos. Se restringen al mínimo los derechos laborales fundamentales, dejando fuera derechos como jubilación, huelga, descanso y otros presionando al Estado a minimizarlos.

– El TPP-11 ni siquiera producirá crecimiento, ya que no bajará los aranceles en países destino de nuestras exportaciones, salvo para productos que no estaban totalmente desgravados, como forestales y pesqueros; favoreciendo solo a las familias más ricas del país, con inversiones en estos sectores.

En consecuencia, reconocemos que la aprobación del TPP-11 condena a Chile a perpetuarse como explotador de naturaleza, permitiendo el saqueo de los bienes comunes, a cambio de empleos de mala calidad, precarios e informales, profundizando la desigualdad social y la destrucción de los ecosistemas que permiten la perpetuación de la vida.

Por lo tanto, adherimos a la declaración de las múltiples organizaciones sociales que han rechazado y denunciado el impopular tratado, mostrando detalladamente los efectos negativos que tendría su eventual aprobación. Efectos que las políticas concertacionistas, hoy incluidas en el gabinete del gobierno, intenta desconocer, puesto que su aprobación beneficiaría al mundo del empresariado y del Capital financiero, conocidos aliados de sus gobiernos por 30 años.

 

 

Equipo de Coordinación Nacional provisorio