Amenazas y palabras que esconden intenciones de violencia, esto une a estas dos personas, muy distantes políticamente, pero que están cerca en sus intenciones de tomar la justicia en sus manos y ser una amenaza para la paz de nuestra sociedad. El Presidente ha dicho que no se puede investigar a las personas por sus dichos sino por sus acciones, así se refirió a Héctor Llaitul y sus dichos del 11 de Mayo, donde llamó Llaitul a la insurrección armada de parte de la CAM y sus organizaciones afines. Posterior a estas declaraciones de Llaitul, hubo pasos en falso de la ministra Vega, quien declaró que se presentarían querellas contra Llaitul, asunto que era de sentido común a mi modesto entender. Pero debió ella salir a desmentirse a las pocas horas, dado que el gobierno dijo que no habría demanda.
Desde Mayo a la fecha, 60 días, han ocurrido bastantes atentados en la Macrozona Sur, con destrucción de maquinaria por miles de millones de pesos en daños, al menos 4 de estos ataques han sido refrendados por la CAM. Por tanto estas amenazas de Llaitul, se han concretado en acciones, no son coincidencias, el mismo grupo que él lidera se ha adjudicado las acciones que su líder dijo se realizarían.
A mi modo de ver, ambos son un peligro para la sociedad que deben ser investigados y sancionados y los culpables castigados. La Fiscalía dice necesitar una demanda para actuar en el caso de Llaitul y el gobierno del presidente Boric ha dicho hoy que ya existe una demanda presentada por el Presidente Piñera en el año 2018 y que esa es la acción que está en marcha. Cualquiera pensaría que se requieren nuevas acciones y demandas para al menos activar a los fiscales, y luego a los jueces e investigaciones para ir al fondo del asunto.
Por otro lado y en la vereda contraria, tenemos a Pedro Pool, un empresario de Osorno que amenaza de muerte a ex convencionales y a organizar a sicarios y especialistas en matar a personas en el caso que gane la opción Apruebo, dado que para él esta opción es un atentado a Chile y que los constitucionales y personas de izquierda merecen la muerte por su traición a la Patria, y que no serán sólo 3.000 como en el obscuro período de la dictadura militar, sino que serán muchos más. El abogado de Derechos Humanos, Luis Mariano Rendón, presentó una querella por las amenazas realizadas por el empresario Pedro Pool, producto de las declaraciones previamente mencionadas. La acción legal fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Osorno, por el delito de “amenazas, previsto y sancionado por el artículo 296 N.° 3 del Código Penal”.
Entonces, su señoría, estoy confundido. En un caso por dichos y acciones que se han concretado por parte de la CAM, no se presentan querellas, o nuevas querellas, en el otro caso por dichos si se presentan, dado que existe en el código penal una expresión explícita a tal sanción y se requiere de su investigación y potencial sanción.
No me cabe duda que ambos casos son un peligro para la sociedad y no se puede vivir en un mundo donde se amenaza públicamente y no pasa nada, no puede ser. Vamos a esperar, en caso que gane el Apruebo a que empiecen a pasar “eventos extraños” y que amigos o cercanos a Pool, ¿cometan las fechorías que él indica hará?, ¿para ahí recién empezar a abrir una investigación? ¿O esperaremos a que la CAM u otras organizaciones sigan haciendo ataques incendiarios antes de detener a los instigadores de estos actos? ¿Que es lo que nos pasa como País? Nos hemos acostumbrado mucho al parecer a estar en una posición donde no se deciden acciones enérgicas, donde sin duda habrán detractores, pero para eso existen los gobiernos, para tomar riesgos y con el respaldo de las votaciones obtenidas.
Tenemos que hacer verbo las declaraciones, “basta de violencia” y con decisión castigar y detener a quien sea la instigue o la escoja como una manera de actuar, y no claudicar jamás a este sagrado “derecho de vivir en paz”. Creo que el gobierno se equivoca rotundamente en este caso, debe actuar y deben presentarse querellas en ambos casos y en todos aquellos que vengan.
Todo el país clama por seguridad, calma y paz y todos los que la instiguen deben recibir la mayor y potente señal de que eso no es tolerable. Sea esto en la Araucanía, en los liceos emblemáticos, en las calles de cualquier ciudad, en cualquier parte del territorio nacional.
Este gobierno no puede en el caso de Héctor Llaitul o en el caso de Pablo Pool tirar la pelota al corner, sino que debe apuntar directo al arco y presentar todas las querellas necesarias, aunque ya existan otras anteriores, son casos nuevos y la fiscalía y la justicia deben actuar con todo el rigor de la ley. Esto es, a mi modo de ver, de la máxima urgencia. Debemos detener la espiral de violencia ahora y esto implica invertir en abogados, fiscales, prisiones, seguridad y todo lo que traiga para detener este problema que ya se ha escapado de las manos.
Deseo que lo que se ha logrado en el Barrio Meigs de Santiago, pequeño gran avance, logrado por el gobierno en devolver tranquilidad a un sector en Santiago, se replique, se aumente y se recupere lo que nunca se debió perder, la posibilidad básica de transitar, a toda hora, por cualquier lugar, sin temor para las personas por su seguridad o la infraestructura productiva o pública. Yo digo que ya basta!
