Veinte países de las Américas se comprometieron a expandir las oportunidades de migrar legalmente, reforzando la cooperación regional para contener la creciente llegada de indocumentados a las fronteras de países como Estados Unidos, Colombia, Ecuador o Costa Rica.

La llamada “Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección”, una suerte de código de conducta continental en temas migratorios, se firmó en la última jornada de la IX Cumbre de las Américas, celebrada en la ciudad de Los Angeles, California.

Firmaron el texto veinte países, entre ellos Estados Unidos, México y cuatro países de los que proceden muchos de los migrantes indocumentados que intentan llegar a territorio estadounidense: Guatemala, Honduras, El Salvador y Haití.

También lo suscribieron la mayoría de los países de tránsito y destino de muchos migrantes venezolanos, nicaragüenses y haitianos que han recorrido en los últimos años el Continente: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Costa Rica, Belice, Panamá, Canadá, Jamaica y Barbados.

No lo suscribieron en cambio tres países de origen de muchos de los migrantes indocumentados: Cuba, Venezuela y Nicaragua, a los que el gobierno estadounidense decidió -unilateralmente- no invitar a la Cumbre de las Américas.

El discurso de Joe Biden al suscribir el acuerdo fue categórico: su prioridad es “detener las formas peligrosas e ilegales en las que está migrando la gente” en la región. “La migración ilegal no es aceptable, y vamos a asegurar nuestras fronteras”, advirtió un presidente que ha recibido críticas por mantener en pie el llamado Título 42, una medida amparada en la pandemia por la que EE.UU. deporta automáticamente a la mayoría de los indocumentados que llegan a su frontera sur.

Aunque Biden anunció este año su intención de levantar esa medida, un juez federal ha obligado a mantenerla en vigor, y aunque esa norma impide solicitar asilo a la mayoría de quienes llegan, el flujo ha seguido aumentando, con una caravana de 15.000 personas que avanza esta semana por el sur de México.

Los países firmantes se comprometieron a “fortalecer y expandir las vías de migración mediante programas de trabajo temporal”, además de los programas de reunificación familiar y la regularización de migrantes, con algunos compromisos concretos.

México pondrá en marcha un nuevo programa de trabajo temporal para dar oportunidades a entre “15.000 y 20.000 trabajadores de Guatemala” anualmente, con la intención de ampliarlo a mediano plazo para incluir también a quienes provienes de Honduras y El Salvador.

Además, México integrará 20.000 refugiados en el mercado laboral formal dentro de los tres próximos años, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Canadá por su parte, reafirmó que planea recibir este año más de 50.000 trabajadores agrícolas provenientes de México, Guatemala y el Caribe; mientras que España -país observador durante la Cumbre- ha accedido a “duplicar” el número de vías legales para que los trabajadores hondureños participen en los programas circulares de migración españoles.

Estados Unidos se comprometió además a ampliar hasta 20.000 su cuota de refugiados de las Américas para 2023 y 2024, con especial prioridad para los haitianos; y anunció 314 millones de dólares en ayuda humanitaria para venezolanos dentro y fuera de su país.