El ex secretariado de las Farc acudió este martes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la audiencia de reconocimiento de los casos relacionados con secuestro, toma de rehenes, privación de la libertad, crímenes de guerra y de lesa humanidad

La audiencia que se realiza durante el 21, 22 y 23 de junio, en la Biblioteca Virgilio Barco ubicada en Bogotá, reunió en la primera jornada del martes, a las víctimas de secuestro extorsivo con fines políticos, entre ellos, Sigifredo López, Ingrid Betancur, Orlando Beltrán y los familiares de los diputados del Valle del Cauca, asesinados en cautiverio, quienes estuvieron frente a los integrantes del Secretariado: Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.

En esta primera etapa, Sigifredo López rechazó el actuar de las FARC en su caso, ya que fue acusado de haber sido uno de los actores intelectuales del secuestro de sus compañeros diputados del Valle del Cauca, el 11 de abril de 2002. Además fue privado de la libertad entre mayo y agosto de 2012. Posteriormente fue liberado, dado que Santiago, un integrante de este grupo al margen de la ley declaró a favor de Sigifredo y este último fue declarado inocente.

Por su parte, Orlando Beltrán, pidió a los exfarianos decir la verdad sobre sus secuestros y posibles complicidad de terceros. Ante esta pregunta los antiguos miembros del secretariado indicaron que no hubo terceros implicados en su secuestro y este se planeó como una forma de canje por los guerrilleros que estaban detenidos, además de obtener recursos para su financiación.

Tras escuchar las preguntas y objeciones, Pablo Catatumbo, reconoció que el secuestro “constituyó uno de los hechos más dolorosos de esta guerra: la piel del dolor está reflejada en estos secuestros”. Añadió, además, que “nunca imaginé lo increíblemente duro, lo terriblemente desgarrador que sería sentarme frente a ustedes a escuchar todo el daño que les causamos”.

 

Los agentes del estado y sus familias acudieron a la audiencia

Las familias de los policías y soldados del Ejército que asistieron a la diligencia, reclamaron a los siete ex comandantes indicar dónde están los cerca de 146 ex militares secuestrados que, posteriormente, fueron desaparecidos o asesinados y no han sido regresados los cuerpos a sus familiares.

También se les pidió explicar por qué decidieron continuar con los secuestros, si los distintos gobiernos no aceptaron el canje humanitario. Igualmente, se les cuestionó por el trato dado a los rehenes, la imposición de cadenas en el cuello, la falta de atención médica, los abusos sexuales y la falta de suministro de agua suficiente.

Por ello, todos los integrantes del secretariado de las FARC pidieron perdón por el sufrimiento causado a las familias y a las víctimas. Además reconocieron que ninguna restitución podrá suplir el daño que le hicieron a cada una de las familias que tuvieron que vivir los allegados de las víctimas.

También fueron conscientes de que no dieron instrucción ni educación a los jóvenes que se sumaron a sus filas, lo que llevó a que no tuvieran conocimiento sobre los derechos humanos y el respeto hacia el otro. Este tipo de situaciones llevó a que se cometieran infracciones a los derechos humanos, no se preservara la vida e integridad de las personas secuestradas y se presentaran abusos sexuales, en su mayoría, a mujeres que estaban retenidas.

 

El secretariado no respondió todo

Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

Los siete integrantes no dieron cuenta sobre el paradero de los niños, niñas y menores de 15 años que estaban en las filas de las FARC y no todos fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para el restablecimiento de sus derechos. Este es uno de los temas que ha estado en varias ocasiones sobre la mesa y, sobre el cual, la sociedad colombiana espera respuestas.

El otro punto que quedó planteado es la entrega de la totalidad de las posesiones que tenían las FARC. Si bien, en el inventario hecho se contemplan 722 bienes inmuebles, 12 millones de pesos en efectivo, 450 mil dólares, cerca de 440.000 gramos de oro, 24 mil cabezas de ganado, 50 mil bienes muebles, vehículos y joyas.

De este registro, la antigua guerrilla entregó 450 mil dólares, 252.500 gramos de oro (de los cuales ya fueron fundidos y vendidos 197.286 gramos).

Por una parte, el restante de bienes en la lista como los bienes muebles y el ganado se encuentran en arenas movedizas, ya que en un intento por entregar uno de los terrenos, el excomandante de las Farc Mario Morales fue asesinado cuando ejecutaba labores de ubicación de predios del inventario en el sur de Bolívar. Ese homicidio se lo atribuyó luego el ELN, que además hizo una amenaza directa a los exintegrantes de las Farc en la que advirtió que, de regresar al territorio por esos bienes, deberían atenerse a las consecuencias.

Adicional a ello, el gobierno nacional pidió a los excombatientes que ellos deben ser quienes vigilen los predios hasta que la Sociedad de Activos Especiales (SEA) tome posesión de esto, lo cual fue rechazado por los antiguos guerrilleros, al indicar que ellos sin armas son civiles que ha sido amenazados por los grupos al margen de la ley, que hoy están en las distintas regiones del país.

Y las tierras que fueron de la antigua guerrilla de las FARC donde es posible acceder, el gobierno puede no vender estos lugares por encontrarse en zonas de reserva protegida, que deben ser trasladados bajo la tutela del Ministerio del Medio Ambiente y Parques Nacionales Naturales.

Por otra parte, el tema de las cabezas de ganado es otro de los dolores de cabeza de este grupo ya que en su mayoría fue robado por los demás grupos armados.

Por ello, solo han sido entregado cerca del 5% entre los bienes muebles y las cabezas de ganado, y no hay una fecha para entrega de la totalidad de los predios, dada la difícil situación de orden público en las distintas regiones del país.

 

¿Qué pasará después de los tres días de audiencias?

Después de la audiencia de tres días, los magistrados de la JEP tienen tres meses para remitir su resolución sobre los casos al Tribunal para la Paz que, a su vez, definirá la sanción para imponer a los imputados. Mientras el periodo se cumple, la Sala evaluará los reconocimientos del antiguo Secretariado, así como las propuestas de sanción que presenten los comparecientes y tendrán en cuenta el resultado de sus observaciones.

Los reconocimientos serán evaluados teniendo en cuenta tres dimensiones:

  1. Aportar a la verdad, tanto sobre su responsabilidad individual, como lo que conozcan sobre los hechos y la configuración de la política criminal en este caso.
  2. Reconocimiento de la gravedad de las conductas imputadas y que no son amnistiables (delitos de lesa humanidad).
  3. Reconocer los hechos, el daño causado y dar cuenta de la voluntad de resarcir y no repetir los graves crímenes.

Si los comparecientes cumplen con los tres puntos con los que serán evaluados por la Sala y esta concluye que reconocieron de manera satisfactoria su responsabilidad y aportaron verdad plena, exhaustiva y detallada, sus casos pasarán a la Sección de Primera Instancia en casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, que adoptará la sentencia condenatoria e impondrá las sanciones correspondientes.

De lo contrario, si no reconocen responsabilidad ni aportan la verdad o, lo hacen tarde, y son vencidos en juicio, los imputados serán condenados a las otras sanciones que impone la JEP, que son penas que van de 5 a 20 años de cárcel.

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Finalmente, en los encuentros que se desarrollarán durante estos tres días y que finalizarán hoy, la Justicia Especial para la Paz buscaba mitigar que las actuaciones judiciales acentúen el sufrimiento, promover la participación en la diligencia, empoderar a las víctimas para que ellas y los demás actores procesales las perciban como sujetos activos y poner en marcha dispositivos psicosociales que contribuyan con la restitución social y sus familias.