Lienzos, velas y una conmoción palpable y desgarradora se comenzó a observar la tarde del pasado 13 de mayo en la Plaza de la Dignidad -ex Plaza Baquedano pero rebautizada popularmente así después del estallido social del 2019, y que se sitúa en el centro de Santiago de Chile-, cuando estudiantes de diversas escuelas universitarias de Periodismo acudieron al emblemático lugar, a poco de conocerse la noticia de la muerte de una joven y valiente colega.

El canal de televisión comunitaria Señal 3 de La Victoria, donde trabajaba como reportera Francisca Sandoval, confirmó ese jueves su fallecimiento, luego de recibir un disparo en el cráneo mientras cubría las manifestaciones en el marco de una marcha autorizada con motivo del 1° de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, en un barrio y arteria central de la capital.

La verdad es que el país entero estaba profundamente impactado luego de que la periodista recibiera un disparo en la cabeza mientras cubría el ataque a los manifestantes acontecidos ese día, y que terminó con varios reporteros con heridas de bala y con Sandoval trasladada al Hospital de Urgencia Asistencia Pública, ex Posta Central en estado extrema gravedad, para fallecer tras 12 días de agonía.

La ministra del Interior, Izkia Siches, quien ha subrayado su apoyo a las fuerzas especiales de Carabineros, lamentó lo ocurrido y señaló que los hechos mostraban la necesidad de “mayor orden”, pero sus tibias declaraciones fueron muy mal recibidas por la opinión pública –asunto que se hizo evidente en los indicadores de redes sociales-, porque una urgente promesa de campaña presidencial incumplida por el actual gobierno de Gabriel Boric, respondía a una demanda masiva y central de la ciudadanía desde el estallido social de 2019, la cual justamente espera una reforma a Carabineros que, luego del asesinato de la joven madre y reportera, se hizo aún más relevante y en disputa con la insistencia del Ejecutivo de mantener la institución sin mayores cambios y a su General Director en su lugar, pese incluso a difundirse videos de prensa comunitaria en los que podía observarse a los carros policiales escoltando a los pistoleros que dispararon contra Sandoval y contra otros dos reporteros populares.

El asesinato de Francisca y los reiterados ataques a la prensa, especialmente a la prensa libre y alternativa que cubre manifestaciones y el actuar de las fuerzas policiales acusadas por diversos organismos nacionales e internacionales de perpetrar sistemáticas violaciones a los derechos humanos, motivó al Colegio de Periodistas, junto a la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), a presentar una querella criminal dirigida no sólo contra quienes resulten responsables de los disparos de ese fatídico día, sino que además en contra del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para que se establezca su responsabilidad en los procedimientos desplegados por sus subordinados.

La entidad indicó que “se imputa a Carabineros de Chile una grave negligencia e incumplimiento de sus deberes constitucionales y legales por no intervenir para evitar las agresiones graves que cometieron determinadas personas contra las víctimas durante las manifestaciones públicas los días 25 de marzo y 1° de mayo del presente año”, agregando que “esta omisión de actuar, no sólo impidió de manera violenta el ejercicio del derecho a manifestarse libremente de manera pacífica y a informar libre y verazmente de los acontecimientos, violando de esa manera sus propios protocolos de actuación y la normativa nacional e internacional acerca de la libertad de expresión y los derechos constitucionalmente garantizados, sino que su pasividad fue causa directa del daño a la vida y a la integridad física y psíquica de las víctimas y sus familias”.

Asimismo, la CChDH puntualizó que la responsabilidad máxima de estos hechos recae en el general director de la institución, quien debía estar al tanto de la actuación de sus fuerzas de control de orden público.

CHILE Y LA COBERTURA INFORMATIVA DE PROTESTAS: UNA ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO

Un acabado estudio realizado por Observatorio del Derecho a la Comunicación, sobre las agresiones a la prensa desde octubre de 2019, concluye que la cobertura informativa de protestas en Chile, debe ser considerada como una actividad de alto riesgo.

Pese a las abultadas cifras de agresiones a la prensa y atropellos a la libertad de expresión en Chile que consigna, resulta inquietante que el mismo estudio puntualice que se trate de una “subrepresentación del verdadero estado de crisis de seguridad de quienes ejercen el periodismo en Chile”, explicando que “muchas y muchos comunicadores agredidos no denuncian las situaciones de hostigamiento y según testimonios directos recabados por el Observatorio esta situación se debe principalmente a dos razones: porque la violencia policial contra comunicadores/as independientes, comunitarios/as y alternativos/as ya se encuentra de cierta manera naturalizada por parte de las víctimas, así como también por la generalizada desconfianza por parte de los y las comunicadoras independientes hacia instituciones tales como el Poder Judicial, el Ministerio Público, las Fuerzas de Orden y Seguridad y el Gobierno”, puntualizando que “las víctimas de los ataques han sido principalmente reporteros freelance y de medios independientes”.

Subraya que “el mayor agresor contra la prensa son los efectivos policiales que actúan durante las protestas, quienes muestran hostilidad contra los reporteros que realizan registros audiovisuales de su actuar”.

Y es que justamente frente al fenómeno de cerco informativo y desinformación respecto de la rebelión popular en Chile, concertada por los medios de comunicación hegemónicos y el poder, han sido los medios independientes, las agencias internacionales y los reporteros alternativos, quienes han ido cumpliendo la labor de informar y de registrar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, los montajes, abusos y crímenes cometidos por Carabineros de Chile, y muchas veces son los registros de estos medios y de estos valientes reporteros, los que se han sumado a causas judiciales en contra de la corrupta policía chilena.

Sólo a modo de ejemplo, y según los datos recopilados por este Observatorio, las agresiones a la prensa por parte de agentes del Estado en 2019 arrojó la cifra de 171 víctimas, 27 detenciones y 102 impactos de proyectil, 5 gases, 3 lanza aguas y 34 de otra índole de hostigamientos, con la lamentable cifra de 2 casos de pérdida ocular, en el marco de la peor crisis de derechos humanos desde el término de la dictadura del ex general Augusto Pinochet.

Y desde entonces, tal como concluye el informe, el fenómeno no ha hecho otra cosa que empeorar y ha ido tomando ribetes de peligrosa normalización, lo cual ha quedado consignado el último informe del 2022 de Libertad de Prensa de la ONG Reporteros sin Fronteras, en donde Chile bajó 28 lugares en el ranking mundial, así como también en todos los estudios realizados por organismos internacionales de Derechos Humanos, y las plataformas y ejes extranjeros de apoyo a las víctimas de la represión en Chile, movilizados desde el mismo octubre de 2019 para colaborar directamente con el pueblo que se manifiesta y que ha sido agredido, violentado y perseguido por el Estado de Chile.

Los periodistas de Pressenza, agencia internacional de prensa libre y no-violenta, también han sido brutalmente atacados en su ejercicio profesional en las calles de Chile en el marco de realizar las coberturas informativas del llamado “despertar social” o “estallido social” y el consecuente proceso de cambios en el país, el cual se encuentra hoy ad portas de un plebiscito para aprobar una nueva Constitución Política de la República, elaborada inéditamente por representantes populares escogidos democráticamente.

Detención de Claudia Aranda, periodista de Pressenza, por parte de Carabineros en las cercanías de Plaza Dignidad

PERIODISTAS Y VÍCTIMAS: MOVILIZADOS PARA DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS

Es por esto que como Redacción Chile decidimos conversar con el Consejero Regional del Colegio de Periodistas de Chile, Coordinador Nacional del Equipo de Veedores y Veedoras por el Derecho a la Comunicación, y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Periodistas de Chile, el periodista Vítor Pino, así como también con Geraldo Vivanco, de larga trayectoria en una emblemática radio comunitaria de Montreal constituida por migrantes y asilados de diversos países e integrante de colectivos de apoyo a Chile, así como del eje Chile Despertó Internacional, conformado desde el 2019 por chilenos y chilenas en el extranjero.

También con Claudia Aranda Arellano, periodista y corresponsal de Pressenza Chile, quien debió asilarse fuera del país luego de ser brutalmente agredida por Carabineros, perseguida, torturada y finalmente amenazada de muerte con el objetivo de sacarla de las calles y que apagara su cámara, ya que sus registros muchas veces mostraban los crímenes y abusos policiales y varios fueron puestos a disposición de los organismos de derechos humanos para respaldar procesos judiciales en contra de Carabineros.

Debemos mencionar que Claudia también es testigo central del asesinato de Mauricio Fredes, muerto por inmersión luego de caer a un hoyo profundo en una esquina cercana a la Plaza de la Dignidad, como consecuencia de que los carabineros del carro lanza aguas dispararan el potente chorro directo a su cuerpo –fuera de todo protocolo-, y lo empujaran hacia dicho orificio, para luego descargarle toda el agua del estanque hasta matarlo.

En la entrevista, cuyo video está anexado a esta nota, Víctor Pino aclara que “la verdad es que el Equipo Nacional de Veedorees y Veedoras por el Derecho a la Comunicación se creó a raíz del estallido social, se creó por culpa de la represión de las fuerzas policiales hacia la prensa”, subrayando que el criterio frente a este fenómeno es no hacer distinción entre periodistas profesionales y reporteros de oficio, sumando en el criterio “a todo tipo de prensa, porque tuvimos la pérdida de ojos de colegas que trabajan en medios independientes, fotógrafos, pues recordemos que Gustavo Gatica estaba sacando fotos cuando le volaron los dos ojos, y recordemos a Daniel Labbé, quien fue detenido en la Plaza de la Dignidad para que luego un juez le ordenara un arraigo local, prohibiéndole regresar a dicho lugar, una plaza pública”, entonces, frente a esta y otras agresiones, “el Colegio de Periodistas de Chile tomó la decisión de formar un equipo de observadores”.

Frente a la pregunta, aclara que no sólo han sido agredidos los reporteros de la prensa libre, sino también de la prensa tradicional, puntualizando que basta con preguntar al “Presidente del Sindicato de Trabajadores de Chilevisión TV, quien fue detenido durante una manifestación porque lo empujaron y su cámara golpeó a un carabinero, el carabinero simplemente lo detuvo y tuvimos que hablar con CODEPU –Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, que son una reconocida y emblemática ONG de abogados expertos en derechos humanos con quienes tenemos alianza-, para poder sacarlo en libertad, porque es muy difícil lograr la libertad de los periodistas detenidos porque ahí se ejerció el silencio y el control de la libertad de prensa, ya que Carabineros, al detener a los periodistas, lograba sacarlos de las calles hasta las 2 o 3 de la madrugada, cuando ya había terminado la manifestación, cuando había terminado la represión hacia las personas, entonces no teníamos material”.

Se trató de una represión indistinta e indiscriminada entre periodistas de distintos medios, pese a que la percepción ciudadana que hay en Chile es que fundamentalmente se ataca a la prensa libre, a la prensa alternativa, más que a los grandes medios o a los periodistas que trabajan para los grandes conglomerados de medios. Recientemente el asesinato de la periodista Francisca Sandoval de Canal 3 de La Victoria corrobora esta percepción existente.

“Tenemos que ser honestos, los medios tradicionales no enviaban a periodistas titulados a los lugares de conflicto” admite, esto porque “se dieron cuenta de inmediato de la represión que estaba ejerciendo Carabineros, con bombas, con agua, con perdigones, entonces inmediatamente se tomó una actitud de preservar sus funcionarios, y algo que también es comprensible para medios que no quieren informar más que a través de comunicados (de prensa)”, pero en contraste, “los medios independientes los medios sociales, llevaron a sus colaboradores (a las calles)”.

Queda el cuestionamiento de si efectivamente a los grandes medios no les interesa cubrir las manifestaciones, especialmente luego de que Sebastián Piñera, a los pocos días del estallido social de octubre de 2019 y en medio del Estado de Excepción Constitucional que le permitió sacar a los militares a las calles de Chile y cuando muertos y heridos comenzaban a contarse con certeza, los citara a La Moneda, palacio de gobierno, a una reunión ejecutiva, luego de la cual dichos medios dejaron de informar a cabalidad .

Frente a esta disyuntiva, el periodista Pino prefiere no pronunciarse, pero coincidió en que posteriormente la información desde las calles y la presencia en ellas de medios de prensa tradicionales y formales, se redujo básicamente a las agencias internacionales de noticias. “Yo mismo el 2019 fui baleado en la pierna por Carabineros, estando en Chile por una agencia internacional, que es la agencia Carta Mayor, de Brasil”, relata.

Manifiesta, a modo de ejemplo, que estando presente en calidad de periodista y de dirigente del Colegio de Periodistas de Chile, debidamente identificado, con vestuario y credenciales que demostraban su calidad de profesional de la prensa, en una manifestación “fui controlado ocho veces en Plaza de la Dignidad, y, por su parte, el colega de Reuters que trabajaba como fotógrafo, fue controlado doce veces. Eso es presión a los medios de comunicación. Y en este caso estamos hablando de un dirigente y de una agencia de prensa internacional reconocida mundialmente”.

Pressenza, en el marco de medio de prensa asociado a la Asociación de Corresponsales Extranjeros, está generando mecanismos de protección recíproca, explica su directora, Pía Figueroa, agregando que “nosotros supimos lo de Francisca Sandoval en el minuto en que le dispararon, esto a través de Paola Dragnic de Telesur, es decir, son los medios extranjeros, las agencias y también los medios alternativos, los únicos que estamos finalmente en las calles”.

CRISIS DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, INFORMACIÓN Y PRENSA: ARRIESGAR LA VIDA PARA ROMPER UN CERCO INFORMATIVO

Claudia Aranda, coincide en este criterio y subraya que “hubo un antes y un después en el momento en que Piñera llamó a una reunión al palacio de La Moneda a los grandes conglomerados de los medios de comunicación del stablishment. Ahí, de una día para el otro en Chile se dejó de informar cabalmente acerca de lo que estaba ocurriendo en las calles, en una situación en la cual estábamos enfrentando la crisis más grande de derechos humanos desde el término de la dictadura militar, por lo cual era un tema de interés para reportear para cualquiera, por eso los medios de prensa extranjeros estábamos ahí, pero desaparecieron los medios nacionales, los cuales, en su mayor parte, responden a un duopolio, todos lo sabemos, es un hecho de la causa, puesto que más allá de que los colegas quisieran reportear, los medios hegemónicos, en sí mismos, como empresas, como corporaciones siguieron el discurso y la orden del palacio de La Moneda. Eso fue evidente, porque un día estábamos todos y al día siguiente sólo los de siempre, es decir, las agencia internacionales de prensa y la prensa libre”.

Puntualiza que “mucha prensa libre comenzó a nacer ahí, y no me refiero a medios libres como Señal 3 de La Victoria que tiene una gran trayectoria. Me refiero a otros que nacieron de grupos que se organizaban para hacer registros para defender a los manifestantes de acusaciones falsas o de montajes y de violaciones a los derechos humanos y que funcionaban en esa lógica, quienes armaron medios de prensa sobre el mismo estallido social porque había que informar, porque había que romper un cerco informativo, y cumplir una función social que se enmarcaba en ese contexto”, coincidiendo en que aquello exigía un enorme coraje.

“No sé cuántas veces me habrán hecho los famosos controles de identidad Carabineros, pero era para que no reporteara y no para saber quién era, sino para que no registrara nada, porque era cuando una estaba con la cámara encendida cuando se iban encima de uno, ni siquiera para pedirte la credencial que estaba siempre colgando en el pecho, sino que te pedían el carnet de identidad, de tal forma de obligarte a ocupar tus manos, de sacarte de lo que estabas haciendo”, explica, agregando que “si era de noche, los carabineros llevaban unos enormes focos de luz, de manera que si encendías una cámara de prensa ellos te ponían la luz encima para encandilarte para que no pudieras grabar, entonces, ¿Qué estaban ocultando?”, menciona más bien a modo de respuesta que como pregunta.

Pero la necesidad y las ansias por saber lo que estaba y está sucediendo en Chile no sólo ha sido una necesidad informativa dentro del país, sino que lógicamente para los chilenos y chilenas en el extranjero. Geraldo Vivanco junto con aclarar que él es “uno de los miles que salimos del país, y ahora llevo 34 años en Montreal y voy a cumplir la mitad de mi vida en el exterior”, cuenta que “la gente aquí está bordeando los 70 u 80 años y nunca pensó ni soñó que se podía producir esto (estallido social), generado en mucho por la juventud, por estudiantes, y luego creciendo a todo nivel, pero todo lo que en principio supimos fue a través de familiares y de redes sociales y medios sociales (alternativos), los cuales nos han salvado la situación de la necesidad de informarnos, en contraste con lo que nos ocurrió en la dictadura, ya que entonces ni siquiera sabíamos lo que estaba pasando a dos cuadras de nuestras casas”.

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Geraldo cuenta que desde Montreal, Canadá, “al día siguiente del estallido, los medios sociales comenzaron a actuar para buscar la información”, expresa, y puntualiza que “no había información, o más bien someramente se pasaba una información”. Relata que “para ir a buscar la verdad o para tratar de complementarnos respecto de lo que estaba pasando en Chile, de entender lo que estaba pasando en Chile, que para nosotros fue un grito de alegría una rebelión de esa manera (el estallido social), se hizo complejo”, puntualizando que la respuesta de apoyo desde el extranjero fue algo “instantáneo, fue como ir a tomarse el Consulado dos días después, hubo manifestaciones, empezaron las peñas folclóricas”.

Las agrupaciones y organizaciones de chilenos en el extranjero, y particularmente en Canadá, han logrado proteger “no sólo a periodistas, sino que también ha llegado gente militante de alguna organización medio ambiental, por ejemplo. Yo he sabido que en este último tiempo han llegado más de cincuenta personas”, ya sea buscando un tiempo y espacio de protección o solicitando asilo “solamente en Montreal”.

Frente a esta impactante cifra, Víctor Pino aclara que no tiene un consolidado de datos actualizado sobre estos casos de protección internacional. Enfatiza que “no, porque mi trabajo de primera línea durante la protección de los medios independientes me exige estar en las calles, pero también me exige no preguntar”, en la lógica de la seguridad de las personas que han debido salir de Chile para resguardar su seguridad e integridad personal, subrayando que “cuando yo no pregunto, significa que yo no puedo responder y en ningún momento estoy mintiendo”.

Agrega que “yo agradezco todo el trabajo que hacen Geraldo, o que realizó Claudia en las calles de Chile con quien nos apoyamos y nos ayudamos muchísimo en cuanto a contactos y abogados, pues nosotros estábamos preparados para poder seguir trabajando hasta cuando Claudia pudo, pero la verdad es que yo tuve que seguir en las calles y yo no pregunto este tipo de cosas”.

UN DÉBIL ESTADO DE DERECHO QUE POSIBILITA CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

Claudia explica que a veces, para los procesos de asilo, “es complejo decir dónde estás, porque hay mucho temor, también porque vayan a aportillar de alguna manera tu proceso de asilo. Yo me siento muy protegida aquí, gracias a Geraldo Vivanco y todo su equipo de compañeros que trabajan desde distintas áreas e incluso de distintas nacionalidades y países para apoyar la causa en Chile, la protección de los derechos humanos, para ayudar a romper el cerco informativo e informar lo que pasa realmente en Chile. Pero me siento muy segura aquí porque también tengo un caso muy sólido que me respalda, mi caso es muy público y muy sólido, pero muchas personas no lo tienen así, pues si no eres periodista profesional, respaldada por el Colegio de Periodistas de Chile, o por la Asociación de Corresponsales Extranjeros, por el mismo CODEPU, etc., y con un historial jurídico sobre mi proceso de apremios y persecución policial, digamos, de alguna manera eso me protege, pero por ejemplo los dirigentes medioambientales de Puchuncaví-Quinteros, que por ahí hay alguien también, el compañero arrancó prácticamente con lo puesto porque le atacaron la casa desconocidos con armas, entonces, hasta dónde puede llegar esa gente es la pregunta, y tenemos el recuerdo de la dictadura o información de la dictadura, que cuando alguien quiere salvar su pellejo (criminales del Estado), estos pueden llegar muy lejos, uno no sabe”.

El dirigente gremial Víctor Pino enfatiza que “desde el estallido social, desde el avance de los chicos de la ACES (organización de estudiantes secundarios), en contra del aumento tarifario del metro, la represión en contra de los medios de comunicación, de los periodistas, de los comunicadores, fue constante, sistemática, y continúa, reiterada, hasta hoy en día”.

“El 29 de octubre del 2019 yo me gané una bala en la pierna. Yo no sabía qué eran perdigones hasta que miré al lado y había un joven pero con el perdigón clavado en el pecho”, y aun así Carabineros continuó con la represión y siguieron las detenciones. Recordemos que hace menos de un año, durante la retirada de la estatua del General Baquedano de la Plaza de la Dignidad, detuvieron a Paulina Acevedo, detuvieron a una periodista credenciada, colegiada, trabajando. Detuvieron a Daniel Labbé, y te puedo decir que hace dos semanas yo estaba en las calles de Santiago cuando, hablando con oficiales, hablando con Carabineros como dirigente, con un peto azul que me cubre todo el pecho y la espada y que dice Colegio de Periodistas, y además con la credencial colgando del cuello, con todo eso, yo vi a dos camiones (blindados) lanza aguas, encerrando a los gráficos, fotógrafos, a los reporteros sociales, y eso fue hace tan sólo 15 días”, dice este dirigente y periodista.

Frente a esto, Víctor relata que enfrentó a Carabineros (ver vídeo), y los emplazó a seguir el protocolo que los rige respecto de la prensa. “Carabineros tiene, a través de su Ley Orgánica, un Protocolo de relación con los medios (de prensa), el cual no lo ha cumplido desde el día uno del estallido social, y eso lo puedo decir con propiedad, porque cuando yo salgo a las calles a defender a los medios de comunicación, tengo que más tarde pedirle a mi pareja que me ponga pomada analgésica calmantes anti-inflamatorios en la espalda debido a tantos combos que me llevo, de tantos golpes que me llevo, pues al empujarme, ellos (carabineros) golpean para que avances”, aclara.

Es lícito entontes preguntarse cómo es posible que en este nuevo gobierno en Chile, estas violaciones a los derechos humanos y estas agresiones a la prensa y esta represión policial no hayan terminado, que las cosas no hayan cambiado, que no se le haya puesto atajo o rayado la cancha efectivamente a quienes uniformados y armados aplastan el movimiento social.

PODER, DESINFORMACIÓN, CONTROL SOCIAL E IMPUNIDAD

Víctor responde que “el nuevo presidente y su nuevo gobierno no cambió los poderes fácticos en el país. Seamos sinceros, las madereras, las mineras, los grandes conglomerados empresariales y sus medios, siguen con el mismo poder desde el día 10 de marzo (cambio de mando presidencial), no ha cambiado nada, y la represión ha sido tanta que lograron callar la voz de los medios tradicionales”, los cuales incluso en un principio cuestionaron a Francisca Sandoval en su rol de periodista ya que no poseía el título, pero Víctor Pino aclara que “eso no importa, porque la Ley de Medios dice que ella puede ejercer como periodista”.

Agrega que “también lograron culpabilizar la delincuencia en Chile en razón a los extranjeros, los narcos, la importación de la violencia y no la presencia de Carabineros inocua, que no actuó para defender a los medios de comunicación que estaban en la cobertura de una marcha autorizada por el gobierno”.

“La marcha del 1° de Mayo fue autorizada por el gobierno, por las autoridades. Carabineros estaba en la contención de la marcha porque esa era su labor, y no realizó ninguna medida de protección”, pues incluso aquel día no sólo resultó en la muerte de Francisca Sandoval, sino que otros reporteros y reporteras fueron agredidos y baleados, “como a Aby, que fue baleada en el hombro al mismo tiempo en el que estaba siendo atacada por un chorro de agua de un camión de Carabineros”, subraya.

Entonces ¿qué sucede? ¿Actúan por su cuenta o responden al mando gubernamental? ¿Son estos niveles de represión y las sistemáticas violaciones de los derechos humanos una política de Estado frente a un pueblo que se manifiesta? Acaso ¿no existe poder en Chile capaz de controlar lo que hace Carabineros y sus Fuerzas Especiales que jamás respetan los protocolos? Es una pregunta válida.

Para Víctor Pino, quien realizó recientemente una exhaustiva revisión del tema junto a Mariela Santana, abogada Jefa Jurídica del CODEPU y experta en Derechos Humanos, el análisis arroja, sin más preámbulos, que “en Chile no hay interés de seguir ninguna línea o tratado internacional de protección a los medios de comunicación”, destacando que “cuando el INDH decide no querellarse contra el Estado por crímenes de lesa humanidad, se muestra que en Chile no hay ningún interés de respetar los tratados internacionales. Entonces es obvio, y el problema de esto es que se hace común. Nos estamos acostumbrando a esto. Lo está viviendo el pueblo Mapuche hace tanto tiempo ya. A ellos no se les respetan los tratados, como el 189 de la OIT”.

Al respecto concluye que “estamos hablando de cuántos tratados que Chile deja de respetar y que nosotros tenemos que asumir como si fuera una normalidad”.

Pero frente a esta suerte de “costumbre” o normalización de los abusos, ¿Cómo se puede hacer cumplir la ley? Para Geraldo Vivanco es central observar el “nulo compromiso del Estado chileno con los pactos internacionales, civiles y políticos, eso es claro. Incluso nosotros, aquí en Canadá, conversamos con miembros de Abogados sin Fronteras acerca de la estrategia de sacar militares a las calles en plena pandemia, porque no se trataba de proteger a la gente del virus, sino que ocupar la situación para acallar el movimiento social”.

A modo de contexto, Geraldo explica que se encuentra “en la provincia de Quebec, una provincia muy solidaria, que el año 1973 y 1974 luchó mucho para que se reconociera el estatus de refugiado político a los primeros chilenos que llegaron después del golpe de Estado”, y, por lo tanto, frente a los acontecimientos recientes en Chile, “cualquier actividad que hemos querido hacer y, sobre todo, declaraciones, que efectivamente hemos hecho acerca de Chile y que hemos enviado, han contado con el apoyo de más de cincuenta organizaciones quebequenses, incluidas las más fuertes que son los sindicatos que, en sólo dos de ellos, hay más de un millón de personas, y claramente una conclusión ha sido poner en tela de juicio el estado de derecho en Chile, porque aquí todos comprenden que lo mínimo es el derecho a la vida, tema sensible ya que aquí hay una amplia consciencia de la historia reciente de Chile, de lo que fue el golpe de Estado y sus consecuencias”, añadiendo que desde el extranjero, y particularmente desde Canadá, viajaron “dos comisiones de observadores de derechos humanos, desde noviembre del 2019 hasta enero del 2020” para constatar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Chile y los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado.

Nos aclara que “diputados de Canadá han presentado ya cinco veces mociones por la situación de la crisis de derechos humanos en Chile” a raíz del estallido social, pero además “incluyendo el hecho que en plena pandemia, Piñera comenzó a liberar de la cárcel a militares que cumplían penas por crímenes de lesa humanidad perpetrados en la dictadura”, aprovechando el estado de excepción constitucional que el ex presidente declaró con la excusa de la pandemia y sus restricciones de circulación para la población civil. En suma, explica, también sobre la impunidad para violadores a los derechos humanos en Chile, hay claro conocimiento en Canadá.

Añade que “la próxima semana hay un congreso de los sindicatos en donde entre otras cosas, abordarán la situación de los derechos humanos en Chile”.

Sin duda la situación de la libertad de expresión, el derecho a la información, el ejercicio de la labor informativa y periodística en las calles de Chile enfrenta una crisis sin precedentes en el marco de una democracia y ha arrojado consecuencias irrecuperables para quienes han asumido la responsabilidad de informar la verdad y de defender estos derechos humanos. Perseguidos, heridos, apremiados, torturados, encarcelados, muertos. De todo ha habido entre los reporteros sociales víctimas de la represión policial.

EL CRIMEN DE UNA CÁMARA ENCENDIDA PARA MIRAR LA VERDAD DE FRENTE

Claudia Aranda expresa que “más que nada estoy agradecida de estar viva, quiero decirlo. Cuesta asimilar el hecho del nivel de riesgo al que llegué. Yo estaba realmente amenazada de muerte, literalmente perseguida. Tuve que arrancar primero en Chile y por meses estuve encerrada en un altillo, y luego Geraldo Vivanco junto con su equipo de apoyo me ayudaron a salir de Chile”.

Sin embargo, ella pone el énfasis en responderse cuál ha sido su crimen, y concluye que “mi crimen fue la verdad, fue una cámara encendida, fue estar donde hay que estar, fue mirar la verdad de frente y exponerla. Ese fue el crimen. Y esa es la reflexión a la que los quiero llevar en esta entrevista a modo de conclusión”, enfatizando que “es justamente la verdad la que está siendo perseguida en el mundo, no solamente en Chile, que sin duda se ha situado como un lugar icónico para muchas cosas, entre ellas esta, hoy en día, pero es un problema mundial, desde lo que pasa con Julian Assange hacia abajo, porque se trata de una crisis internacional y la agresión es hacia la verdad, y los y las periodistas y los reporteros y reporteras que en alguna esquina del mundo, en alguna esquina de la historia nos hemos encargado de reportear, buscar y exponer esa verdad y romper los cercos informativos del stablishment, somos agredidos y perseguidos por esto, hasta el punto de arriesgar nuestras vidas, integridad, o ser asesinados”.

Los periodistas presentes en esta entrevista coincidimos con Claudia cuando reflexiona en que cuando asesinaron a Francisca Sandoval en Santiago hace tres semanas, “perfectamente podría haber sido yo”, y relata que apenas se supo que periodistas habían sido baleados “mucha gente que no sabe que yo estoy fuera del país me escribió inmediatamente preguntando si yo estaba bien”, entonces –dice-, es cuando vuelves a comprender “que si me quedo en Chile efectivamente podría estar muerta y la verdad es que yo sé que ya estaría muerta, y asimilar eso es muy impactante para mí”.

Frente a ello, Víctor Pino subraya que fueron cuatro los medios de prensa baleados el pasado 1° de Mayo, cuatro trabajadores de la comunicación -con el resultado de muerte de la periodista Francisca Sandoval-, y enfatiza que “seamos sinceros, y fue con la conveniencia y complicidad de Carabineros”, ya que abundan las claras imágenes de esta fuerza policial militarizada interactuando tranquilamente con los asesinos y agresores a los manifestantes.

Insiste en que “es incomprensible que tengas a Carabineros, personas armadas, con vehículos, resguardando una marcha, y que reporteros que fueron a cubrirla sean baleados, porque es la policía la que está armada legalmente”.

También explica que se suma a esto el fenómeno de la desinformación, “pues ahora en Chile se vive una campaña del terror en contra de los extranjeros, porque la primera noticia que salió el 1° de Mayo fue ‘detuvimos a dos extranjeros que estaban involucrados’, pero estaban ¡a dos cuadras! Y no tenían nada que ver con la historia del baleo a Francisca Sandoval, seamos sinceros”, y concluye que esta campaña del terror “lo único que va a lograr es dividir aún más a un país que quiere votar por el Apruebo” en el plebiscito de salida de la nueva Constitución de la República, el cual es rechazado por la derecha neoliberal y las fuerzas del poder económico y policía uniformada, pues esta cambiará por fin las reglas del juego, posibilitando de en Chile termine un largo y horroroso historial de impunidad.