Parece que fue ayer cuando Cissy, de 25 años, fue engañada por un hombre que decía ser agente de viajes y le prometió la oportunidad de un trabajo con un buen sueldo. “Como soy una joven que proviene de una familia normal y que realmente necesita ayuda, caí en sus mentiras», resume sobre una situación que se repite en Ghana.

Cissy, como pide que IPS la mencione, reconoce que era un poco escéptica sobre la oferta y tenía miedo del país de destino, pero el supuesto agente de viajes terminó por persuadirla de que no tenía nada de qué preocuparse.

“Dijo que tenía una madre de acogida que me recibiría en el aeropuerto. De hecho, ella era la que patrocinaba mi viaje y se suponía que iba a trabajar para ella, y afirmó que el trabajo era legítimo”, añade.

Sin embargo, la historia cambió cuando llegó al aeropuerto del país de destino: Irak.

“Un hombre vino a recogerme y recogió mi pasaporte. Me llevaron a una casa donde vi a otras jóvenes africanas encerradas en la habitación, algunas con etiquetas de precio. En ese momento me di cuenta de en qué me había metido”, relata Cissy.

Ella y las demás mujeres fueron introducidas ilegalmente en Irak para trabajar como empleadas domésticas.

“Vi cómo mis propias hermanas africanas sufrían abusos físicos y mentales. A algunas las acosaban sexualmente y las sometían a trabajos forzados con el estómago vacío”, dice la joven rescatada.

Trataba de volver a Ghana, pero no pudo hacerlo hasta varios meses después.

Tras innumerables intentos fallidos de fuga, que la dejaron al borde de perder la vida, finalmente logró escapar y pudo volver a casa con la ayuda de un buen samaritano y de las autoridades.

Desde que regresó a este país de África occidental en noviembre pasado, Cissy dedica su tiempo y energía a actividades de defensa de los migrantes en situación irregular.

“Me alegro de estar viva hoy para contar mi historia, pero no todas las jóvenes que viajan fuera tienen la oportunidad que yo tuve de volver a casa con sus familias”, dice.

El subcomisario de policía William Ayaregah afirma a IPS que la trata de seres humanos tiene muchas aristas y abarca varias situaciones, desde la servidumbre por deudas hasta la explotación de todo tipo, incluida la sexual, y el crimen organizado.

“Los problemas de la trata de personas siguen siendo una violación de los derechos humanos y un cáncer en la sociedad ghanesa porque es un país de origen, tránsito y destino de las víctimas de la trata de personas”, dice Ayaregah, subdirector de la Unidad de Lucha contra la Trata de Personas del Departamento de Investigación Criminal.

Asimismo, el golfo de Guinea, en que se asienta este país de 32,2 millones de habitantes, se caracteriza por la migración transfronteriza e irregular, la trata de personas y la explotación infantil.

Ayaregah detalla que recientemente, su unidad junto con la organización no gubernamental End Modern Slaver (Acabar con la Esclavitud Moderna) y el Departamento de Bienestar Social, rescató a cuatro niños, dos chicos y dos chicas, de un traficante y los reunió con sus familias.

Revela que los dos niños, de 10 y 13 años, fueron traficados por una amiga de la familia identificada como Rose, una comerciante de Berekum-Senase, en la región oriental de Bono East. La traficante dijo a las familias que los niños irían a la escuela en Accra, donde ella los acogería.

Pero en lugar de eso, los envió a la calle a vender.

Ayaregah dice que la sospechosa, al ser detenida e investigada, afirmó en su defensa que había estado enviando mensualmente el equivalente a unos cuatro dólares a los padres de los niños en Berekum.

En otro caso, dos chicas de 13 y 17 años fueron llevadas de la localidad rural de Akim-Aboabo, en el municipio central de Birim, hasta Amanse, una localidad del distrito de Ayensuano, en el este del país, para dedicarlas en condiciones de esclavitud moderna al “garri”, el secado de la yuca o mandioca para su transformación en un polvo similar a la harina, propio de la gastronomía africana.

El director de Operaciones de End Modern Slavery, Afasi Komla, explica a IPS que muchas víctimas de la trata de personas han tenido experiencias traumáticas después de ser rescatadas, cuando son entrevistadas y participan en procesos judiciales contra los delincuentes de los que fueron víctimas.

“En sus intentos por obtener ayuda, han experimentado la ignorancia, la incomprensión, la victimización y el castigo por los delitos que sus traficantes les hicieron cometer”, dice.

Añade que su organización ha podido ayudar a identificar y salvar a cientos de víctimas y apoyar su rehabilitación.

La viceministra de Género, Infancia y Protección Social, Hajia Lariba Abudu, asegura que el país ha respondido en forma creciente a los problemas de la trata de personas, con diversas iniciativas.

Aprobó la Ley de Trata de Seres Humanos, en 2005, para prevenir, reducir y castigar los delitos de trata de seres humanos y para la rehabilitación y reintegración de las víctimas de la trata y asuntos relacionados.

“El Ministerio, junto con nuestros socios, nos embarcamos en la promoción y el compromiso de la comunidad para educar al público sobre los peligros de la trata de personas”, afirma a IPS.

Abudu indica que gracias a ello, el gobierno junto con los agentes de la ley, los trabajadores sociales y las organizaciones no gubernamentales, en 2021 se rescataron a 842 víctimas de la trata de personas, se les proporcionó una atención integral para ayudarlas a superar el trauma y se reintegró a 812 de ellas a sus localidades y familias.

Además, el 1 de febrero de 2019 se inauguró un refugio para víctimas adultas, donde se ha atendido a 178 mujeres víctimas de la trata, “y seguimos recibiendo y atendiendo a las víctimas en el refugio”, dice.

Otro refugio para víctimas infantiles de la trata entró en funcionamiento en agosto de 2020 y ha atendido hasta ahora a 98 niñas y niños rescatados.

La viceministra añade que su departamento recibió e investigó 108 casos, 42 de los cuales eran de tráfico sexual, 60 de tráfico laboral y seis casos relacionados que comenzaron como delitos de tráfico de personas.

“Treinta y cuatro casos fueron enviados a los tribunales para su enjuiciamiento. De ellos, se procesaron 22 casos con 37 acusados, y hemos conseguido 17 condenas para el país”, detalla.

Abudu afirma que, aunque se ha conseguido mucho, está lejos de ser suficiente, y pide que se fortalezcan las asociaciones para reducir la incidencia de la trata de personas, reforzar las instituciones gubernamentales y aumentar el conocimiento público.

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