“A las 10:45 a.m. del 6 de octubre de 1988, mientras afuera desfilaba un mar de gente celebrando (un día después de la derrota de la dictadura en las urnas), en esa reunión se nos dijo que había que desmovilizarlos. Apenas transcurridas unas horas del triunfo del NO, se liquidó la construcción social de nuestra democracia”. Tomás Hirsch

De acuerdo al historiador Gabriel Salazar (2019), los gobiernos neoliberales de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI (de Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera), sin atender a la dirección a la que apuntaba el movimiento ciudadano, no hicieron más que completar y perfeccionar el modelo neoliberal original dándole una apariencia modernista, democrática y futurista. Todo ello bajo el apotegma de que Chile era el «jaguar» de América Latina, una analogía con los «tigres» del Sudeste asiático… De este modo, privatizaron la educación, la salud, el agua natural y potable, la previsión, el transporte, las comunicaciones, las carreteras, la pesca, los bosques y las salmoneras y permitieron gigantescos entendimientos ilegales entre las grandes empresas y multimillonarios desfalcos y evasiones tributarias.Al mismo tiempo, la clase política civil se consolidaba como «carrera profesional» altamente remunerada, mientras persuadía a la clase política militar a compartir responsabilidades y la defensa de una fluida inserción de Chile en la economía globalizada, para permitir que las grandes inversiones extranjeras continuaran dentro del país impulsando su «desarrollo». Esta política descargó un enorme peso sobre los ingresos de la clase popular y en los grupos medios.La extracción de plusvalía se incrementó rápidamente y llegó a un nivel absoluto, disimulándose detrás de una gigantesca oferta de créditos de consumo, que permitió a los pobres consumir lo que deseaban comprando a crédito las mercancías que dan «estatus» de clase media. Así, según informes difundidos en la prensa, un hogar chileno promedio carga una deuda equivalente a casi 75% de su ingreso familiar y ocho veces el total de sus ingresos en un año. Todo es mercancía y todo se paga a crédito (incluyendo la salud, la educación y los 480.000 automóviles nuevos que año tras año se importan en el país). La plusvalía absoluta se disimula detrás de un crédito inflado al máximo. Por eso, el desarrollo en Chile ya no se mide en el aumento de la «producción», sino en el aumento de las «transacciones comerciales». La explotación extrema se esconde, pues, detrás del púdico velo del hiperconsumismo.

A la crisis por ilegitimidad sistémica y a la crisis de representatividad política se suma, pues, la de la plusvalía absolutizada escondida detrás del consumismo. Y como si fuera poco, esta olla de presión ha carecido de válvulas de escape o de compensación. Primero, porquehasta el momento en Chile ya no hay izquierda, ni dentro ni fuera del Parlamento: todos los partidos respetan la Constitución de 1980 y/o promueven reformas promodelo; segundo, porque las ideologías revolucionarias (todas ellas eran importadas) fracasaron con Salvador Allende y Miguel Enríquez después de 1973 –aunque hay una nueva izquierda, los nuevos partidos son percibidos como el sector juvenil de la vieja clase política–; tercero, porque las ONG de los años 1980 y 1990, que trabajaron inmersas en la sociedad civil y para la sociedad civil, ya no existen; cuarto, porque todas las universidades actuales están impregnadas por la praxis neoliberal (individualismo, obsesión por el currículum personal, competencia entre intelectuales y entre universidades, internacionalización de sus académicos y sus papers, masas estudiantiles desconcertadas, etc.), razón por lo que ya no piensan los problemas del país y de la ciudadanía, sino sus carreras académicas individuales, y quinto, porque los políticos y los partidos, aparte de su campaña electoral (exacerbada porque se les paga una cantidad de dinero por cada voto que obtienen), no tienen contacto real ni permanente con sus bases electorales, etc. En resumen: el importante proceso de ciudadanización de la política que detectó el PNUD hace ya casi 20 años carece de apoyo teórico, de definiciones políticas y de acompañamiento orgánico, pues se trata de un proceso nuevo y de un tipo de política que, si bien se ha practicado en el pasado, está aplastada por un enorme bloque de conveniente amnesia teórica. El desconcierto político de los ciudadanos agrega, pues, por su lado, un ancho tapón que retarda la explosión «coherente» de la caldera total. El segundo gobierno de Piñera se sintió cómodo para iniciar una serie de propuestas legales tendientes a perfeccionar aún más la rentabilidad empresarial, apostando a que esa rentabilidad es la base del desarrollo excepcional de Chile, un modelo neoliberal que es ya el más perfecto del orbe.

La actitud y las declaraciones dePiñera fueron patéticamente expresivas de esa ceguera («somos un oasis en la convulsionada América Latina»). Por eso, solo faltaba la chispa que, crispando la piel de los adolescentes de Chile hizo estallar todas las calderas a propósito de una aparente nimiedad: un alza de 30 pesos en la tarifa del Metro de la capital, un sistema de transporte particularmente caro. Cuando la opresión sobre la ciudadanía total es múltiple y llega a un punto barométrico extremo, cualquier bengala puede producir el estallido de una crisis larvada y alargada por demasiado tiempo.

Chile ha tenido, desde el siglo XVI, un «bajo pueblo» demográficamente mayoritario pero majaderamente maltratado, el pueblo mestizo. Desde el siglo XVII y hasta el día de hoy, el pueblo mestizo ha constituido entre 52% y 68% de la población nacional. Nació como un pueblo sin territorio, sin acceso legal a la propiedad, sin memoria propia, sin lenguaje propio y –por decisión del rey de España y después por conveniencia de la oligarquía mercantil chilena– sin derecho escrito.No siendo «sujetos de derecho», desde 1600 hasta 1931 (año en que se sancionó el Código del Trabajo), los hombres y las mujeres del pueblo mestizo chileno pudieron ser abusados impunemente en todas las formas imaginables, incluyendo la violación, la tortura y la muerte. Debido a esta situación, vivieron, entre 1600 y 1830 aproximadamente, como vagabundos a pie y a caballo (los hombres), y en miserables rancheríos suburbanos (las mujeres abandonadas). No pudieron, pues, vivir ni en parejas, ni en pueblos. Se llenaron de niños «huachos» y no pudieron ser ciudadanos formales. Reprimidos en todas partes como «afuerinos y merodeadores», como sospechosos y «enemigo interno», intentaron convertirse en productores: campesinos, chacareros, pirquineros y artesanos.Como no tenían derechos, en esa condición fueron expoliados salvajemente por los propietarios, prestamistas, molineros, habilitadores, militares e incluso por los «diezmeros» de la Iglesia católica. Desesperados, muchos se fueron a los cerros y la cordilleras, donde se transformaron en colleras, gavillas, cuatreros y montoneros, que asaltaron y saquearon haciendas, fundos y pueblos enteros.

Esto explica el hecho que, cada vez que en Chile se desató un desorden político institucional, las masas mestizas urbanas salieron de su periferia, invadieron y saquearon el centro comercial y a veces residencial de la ciudad. Así ocurrió en Valparaíso, en 1903; en Santiago, en 1905 y 1957, y en varias ciudades del país durante la tiranía militar (entre 1983 y 1987, sobre todo). En todos los casos protagonizaron una «reventón social» que remeció a nivel de pánico la institucionalidad política y la seguridad de la clase dirigente, y abrió procesos de cambio estructural que nunca maduraron del todo.

Hasta 1989, los múltiples reventones sociales no habían logrado fraguar con éxito en Chile ninguna revolución social. El modelo neoliberal impuesto por Pinochet ha producido un gran desarrollo transaccional y consumista, pero este desarrollo solo ha disfrazado al pueblo mestizo con un barniz consumista que no ha alterado en nada su marginalidad crónica, su ausencia de identificación profunda con la cultura occidental que tanto ama la oligarquía chilena y su honda rabia por haber sido por siglos un sujeto sin integración total a la sociedad moderna. Por eso, la destrucción de la materialidad de aquella cultura (lo que ha hecho sistemáticamente desde el siglo XIX) reapareció de nuevo en octubre de 2019 como una apoteosis del consumismo (robo y saqueo de mercancías: su guerra de recursos multicentenaria) y a la vez como sabotaje violento contra el sistema que los excluye (destrucción e incendio de supermercados y shopping centers, símbolos de ese sistema). Todo indica que la ciudadanía y el pueblo mestizo le dieron al modelo neoliberal chileno un golpe letal, del cual muy difícilmente se recuperará. Y como ni el Ejército ni la Policía desencadenaron una represión sangrienta sobre el pueblo amotinado, se ha abierto una brecha inesperada por donde la ciudadanización de la política puede avanzar y desplegarse.

Siguiendo a María Olivia Monckeberg, la Constitución de 1980, aprobada en fraudulento plebiscito sin discusión abierta, logró en buena medida su objetivo de prolongar por casi 40 años un estado de cosas antidemocrático y adverso a las grandes mayorías. Esa Constitución exalta la propiedad privada como el máximo valor de una sociedad en la cual los ciudadanos se han convertido en consumidores. Todo en ella está impregnado de la concepción de “Estado subsidiario” y acarrea la visión economicista y privatista, además de concebir un poderoso Tribunal Constitucional que oficia de «cuarta cámara» dispuesta a atajar todo lo que no se avenga con ese modelo.Además, están las leyes orgánicas constitucionales pensadas y redactadas para que en las diferentes áreas complementen a la Constitución. Y con sus elevados quórums para modificarlas han mostrado cuán rígidas pueden ser las amarras que dejaron puestas quienes ejercieron el poder dictatorial. El Código de Aguas, el de Minería y otras creaciones de ese tiempo han sido complementos importantes para favorecer a una pequeña minoría que se adueñó de lo que debiera ser de todos. Con esos instrumentos lograron debilitar el Estado al que le quitaron su rol en la producción —salvo el caso de Codelco y otras pocas excepciones— y suministrador de servicios públicos básicos, y le dejaron sin posibilidad de ejercer su papel regulador, mientras la concentración se hacía cada vez más presente.

Algunas consecuencias del sistema implantado en Chile a punta de terror, fusil y Constitución Política son:

-Consecuencias sociopolíticas

La consecuencia sociopolítica más evidente, constitutiva y reconocida del modelo es la despolitización de la sociedad civil. La desigualdad económica es producto de la desigualdad política. En palabras de David Harvey (2014): “El declive constante de la parte del trabajo en la renta nacional desde los años 70 se ha derivado del poder económico y político desfalleciente del trabajo a medida que el capital movilizaba tecnologías, desempleo, deslocalización y medidas políticas antisindicales (como las de Thatcher y Reagan) a fin de aplastar toda oposición”. Y esto, en el sentido de que una sociedad es más igualitaria mientras más capacidades de negociación (poder) haya entre los grupos sociales más desposeídos. Es decir, mientras más poder corporativo de organización y de negociación política tengan las clases dependientes o subalternas (dentro de la empresa o fuera de ella), más democrática será la sociedad. Ejemplo de esto puede ser la estructura sindical o la posibilidad de negociar colectivamente de parte de los sindicatos. Mientras más sindicatos haya, y mejor aún, si estos pueden negociar colectivamente con el capital mediante diálogo social tripartito (ejecutivo, patronales y sindicatos), más horizontal e integrada sería la sociedad objeto de análisis.

El diseño neoliberal implantado fue despolitizar la sociedad, despolitizar la sociedad dentro y fuera de la empresa capitalista. En el caso chileno, la empresa capitalista extractiva (rentista) y de servicios, fundamentalmente, fue el objetivo prioritario de parte de las elites emergidas en la década de 1980. Había que conseguir una sociedad sin política, una sociedad en donde los agrupamientos sociales tuvieran un tipo de vínculo de tipo gremial o social no político (los grupos intermedios de Guzmán, lo social no político). De dicha despolitización marcaremos en general algunos indicadores o aspectos concretos que organizaremos en dos dimensiones: la despolitización dentro de la empresa y fuera de ella. El indicador dentro de la empresa es fundamentalmente la despolitización laboral (desafiliación intraempresa); fuera de ella, la despolitización electoral (apoliticidad y abstención), la social (desmovilización y desconfianza horizontal y vertical) y la ideológica (vaciamiento subjetivo de las capacidades para explicar causalmente los problemas de la vida en común). Dentro de la empresa podemos mencionar claramente un sindicalismo y una negociación colectiva deterioradas, cuestiones que se pueden traducir en el bloqueo de la organización política de los trabajadores y la consecuente desmovilización sindicaly la destrucción de la negociación colectiva por rama.

En Chile la negociación colectiva por rama, el mecanismo universal conseguido por el movimiento obrero industrial para dar a los trabajadores la existencia política que reequilibre el peso del capital en las relaciones laborales y de constitución de lo social democrático, prácticamente no existe, constituyéndose como una de las vigas maestras del modelo. En efecto, el Plan Laboral de José Piñera de 1979 la elimina catalogándola como una amenaza al crecimiento de la economía. Recordemos que los pilares fundamentales del plan son: 1) “huelga que no paraliza, permitiendo el reemplazo de trabajadores y encerrándola en el espacio de la negociación colectiva reglada”; 2) “negociación colectiva que no distribuye ingresos restringiendo las libertades de los trabajadores para poder negociar más allá del espacio de la empresa”; 3) “paralelismo organizacional que permite la presencia de grupos negociadores que puedan restar fuerza o inhibir la formación de sindicatos”; y 4) “producción y reproducción de una cultura individualista, que sostiene que los sindicatos (si existen como mal necesario) sólo deben tener como preocupación lo que sucede en su lugar de trabajo y de ninguna manera atender los grandes problemas del país” (Fundación SOL, 2015).

En segundo término, si la despolitización general guarda relación con algunos indicadores más o menos conocidos por todos como la despolitización electoral (medida en la caída en la intención de voto), la caída en la participación social barrial, la destrucción del tejido social funcional y territorial, la destrucción de la confianza horizontal y vertical, todo es consecuencia de lo mismo, es decir,de los múltiples y sistemáticos intentos de parte de las élites por destruir los mecanismos de cooperación horizontal de las clases populares y los mecanismos de alianza política entre las clases medias y las clases trabajadoras. Es decir, son consecuencia de los múltiples y sistemáticos intentos por destruir la esfera de la política como conjunto de mecanismos de defensa, de participación (entre sí y para presionar por el reparto o distribución del producto social) y de representación colectivo fraternal de la población frente a las élites; en otras palabras, la destrucción de lo que el populismo nacional desarrollista había dado en llamar “el pueblo”. De esta manera, se erigió a la esfera económica como la principal dimensión de la vida y se suplantó la idea de la política, de la acción colectiva y de lo asociativo, por la idea de la sociedad como agregado de preferencias individuales orientadas a la obtención de resultados directos no mediados por ningún tipo de representación o regulación institucional. Se remodeló por completo lo social, despolitizándolo; es decir, destruyendo la idea de la participación y de interés de clase. Cómo señala un diputado: “A las 10:45 a.m. del 6 de octubre de 1988, mientras afuera desfilaba un mar de gente celebrando (un día después de la derrota de la dictadura en las urnas), en esa reunión se nos dijo que había que desmovilizarlos. Apenas transcurridas unas horas del triunfo del NO, se liquidó la construcción social de nuestra democracia” (Tomás Hirsch, 2016).

Si a esto le sumamos el monopolio de la gestión de lo público-estatal por parte de los partidos políticos social-reformistas después de 1988, y al monopolio ideológico conservador en la representación política (liberales de derecha e izquierda), tenemos un escenario en el que se deshizo toda orientación colectiva y toda imagen de lo público político. Se destruyó la idea republicana de ciudadanía, y se terminó por imponer el horizonte y la hegemonía político cultural propia del gremialismo, de la postpolítica y la postdemocracia: lo social no político. Es decir, la idea de que la democracia y la política como fundamentos son elementos contrarios al conjunto de intereses que se tomaron la gestión y el gerenciamiento de la producción social post 1973; elementos que, promoviendo la distribución centralizada y los derechos colectivos, se oponen de lleno a una economía centrada en el crecimiento y en las libertades individuales. Recordemos que para el propio Guzmán, la democracia atentaba contra el crecimiento; de hecho, hasta el día de hoy, para la UDI, los derechos económicos y sociales atentan contra el PIB per cápita.

-Consecuencias socioeconómicas

En términos generales, la consecuencia socioeconómica más clara y genérica es el desmoronamiento de la disposición universalista de los bienes producidos por el Estado, situación que trae consigo una serie de corolarios que han ido en detrimento de las condiciones de vida de la población. Si bien es cierto, América Latina, en general, y Chile, en particular, nunca tuvieron un Estado de benefactor en regla como las economías centrales, en algún sentido el desarrollismo representó un esquema institucional centrado en los derechos sociales y económicos de la población trabajadora industrial, y ello fuedesmantelado en la línea de instalar un esquema de instituciones de reemplazo orientado hacia la cultura de los deberes y no de los derechos. El capital requería recortar derechos y demandas sociales, y así encauzarse en la senda del crecimiento y la modificación completa de la vida social. Ahora bien, ya en los aspectos socioeconómicos más concretos, podemos citar la idea de la fragmentación de la matriz productiva y de los mercados de trabajo.

El modelo económico chileno, como el resto de la economía capitalista mundial, mutó desde una matriz protoindustrial y agraria a una matriz extractivista y de servicios financiero-comerciales que llevó al fenómeno de la actual segmentación y fraccionamiento de los mercados de trabajo. Actualmente las empresas son mucho más pequeñas y ágiles que en el mundo industrial pre 1973, y se constituyen con grupos reducidos de trabajadores. Y si a ello, le sumamos los efectos antisindicales del mecanismo denominado Multirut tenemos una estructura laboral absolutamente fragmentada y descompuesta políticamente, lo que redunda en una baja capacidad de negociación al interior de la empresa y, por tanto, en una población con menores salarios. Según la evidencia internacional comparada, un esquema laboral basado en algún grado de negociación colectiva ramal redunda en una mayor productividad (Fundación SOL, 2015).

Otro de los aspectos centrales de la revolución neoliberal a escala global fue la reducción de la estructura tributaria de primera categoría (impuestos directos). Así, se pasó de una estructura teóricamente progresiva, en donde los que ganan más pagan más, a una regresiva, en donde los que ganan más pagan menos, puesto que –de acuerdo con el canon neoclásico–, el capital debe alimentar el crecimiento y, por ello, se le debe excluir del financiamiento de la sociedad. Sumado a ello, tanto en Chile como en el resto de la región el tema de la elusión y la evasión tributaria son dos preocupaciones permanentes. Sobre todo, pensando en la falta de regulación general del sistema económico.

La consecuencia socioeconómica más clara es la excesiva desigualdad y la excesiva concentración económica y territorial de la riqueza generada.Respecto de la desigualdad económica, por ejemplo, en cifras de2010, cerca del 1% de la población chilena más rica concentraba cerca del 32% del producto interno bruto (Fazio, 2014), lo que ubica a la economía nacional como una de las economías más socialmente regresivas, concentradas y desiguales de los países, tanto de la órbita liberal global (OCDE, 2018), como de la economía mundial en general.

-Consecuencias socioculturales

Se va alimentando un efecto perverso en que las clases acomodadas se van convenciendo de que sus ventajas han sido obtenidas por medio del mérito individual propio (obviando ventajas obtenidas mediante la perpetuación de privilegios de educación, de herencia y clase emanados de diseños institucionales oligarcas y elitistas); y a su vez, las clases subordinadas se van convenciendo de que su condición de precariedad y vulnerabilidad se relaciona directamente con sus incapacidades y cierta escasez de destrezas, situación que va justificando fracasos individuales, va deteriorando la autoestima y va legitimando la culpa como recurso psicológico desesperanzador.

Así, el diseño institucional neoliberal produce un sujeto de nuevo tipo –una nueva subjetividad– que siente que no tiene responsabilidades con la comunidad económica o política a la cual original e invisiblemente adscribe. Como si gozara de la posibilidad de elegir individualmente su identidad, fantasea con la idea de ser libre para elegir quién se es y hacia dónde se quiere llegar. La nueva clase media aspiracional, construida en entornos mercantiles (fue integrada mercantilmente a la sociedad después de 1990), y que ha creído en el mito liberal de la movilidad social ascendente, entiende que la esfera de la política no es una esfera relevante para conseguir sus propios fines. Esto es, ya no cree en la necesidad de la política o de la acción colectiva de carácter político para intentar la promoción social o el mejoramiento de las condiciones de vida (la participación electoral es bajísima y la participación en organizaciones sociales o en movilizaciones de protesta, también lo es); sólo confía en sus propios recursos de acción (personales o familiares). Tampoco cree que requiere de sindicatos o de la coordinación de los intereses de los de su misma condición al interior de la empresa para el mejoramiento tanto de la propia calidad de vida como de la de los demás. Desconfía del Estado, de los partidos y de las organizaciones barriales; navega solitariamente en la esfera económica.De esta manera, la consecuencia sociocultural más apremiante, y que funciona como conjunto de mecanismos legitimadores y de sustentabilidad subjetiva al diseño neoliberal, es la cultura liberal exacerbada; esto es, individualismo, inacción colectiva e identidad de consumidor (sobre todo, dentro de las nuevas clases medias aspiracionales). Es decir, el desprestigio generalizado de la actividad colectiva (por tanto, política) como forma relevante de acción social para la consecución de bienes relevantes.

No obstante, a partir del 18 de octubre de 2019, la población que durante años creyó en las bondades de dicho esquema comienza a reflexionar y a actuar críticamente sobre sus nefastas consecuencias.