Un paso adelante y dos pasos atrás

por Molly Pimm*

El mes pasado, el Senado de Florida aprobó un proyecto de ley que apunta a prohibir la enseñanza sobre orientación sexual e identidad de género desde el jardín de infancia hasta tercero básico. Oficialmente llamado proyecto de «Derechos de los Padres en la Educación», esencialmente busca eliminar la presencia de la comunidad LGBTQ+ en la educación, obligando así a los estudiantes a suprimir su orientación sexual e identidad de género.

No solo eso, sino que, si el proyecto de ley entra en vigor el 1 de julio de este año, como está previsto, permitirá a los padres demandar a las escuelas o a los profesores individuales que traten temas LGBTQ+, supuestamente en aras de «proteger» a sus hijos.

En realidad, el proyecto de ley no pretende simplemente evitar que los niños reciban educación sobre el género y la orientación sexual antes de que sean lo suficientemente «maduros» para entenderlo, sino que está demonizando a la comunidad LGBTQ+ al implicar que su propia existencia es un tema tabú que debe ser regulado.

De hecho, en su intento de borrar la existencia de las personas LGBTQ+ de la educación, el proyecto de ley de «Derechos de los Padres en la Educación» tiene un extraño parecido con la Sección 28, una serie de leyes introducidas por el gobierno conservador de Margaret Thatcher que prohibía la «promoción de la homosexualidad» por parte de las autoridades locales en toda Gran Bretaña, sobre todo en las escuelas e instituciones educativas. Aunque la Sección 28 fue finalmente eliminada del código legal inglés en 2003, la aprobación del proyecto de ley de Florida, casi 20 años después, sirve como un duro recordatorio de la persistencia de las actitudes homofóbicas y transfóbicas, incluso en el siglo XXI.

Aunque algunos señalan la vaguedad del lenguaje del proyecto de ley para sugerir que se ha malinterpretado, y que su contenido no es sino un intento de aumentar la participación de los padres en la educación, ha enfrentado una fuerte oposición, en particular dentro de la propia Casa Blanca, con la Secretaria de Prensa Jen Psaki calificándolo de «discriminatorio», el Secretario de Transporte, Pete Buttigieg, ha afirmado que aumentará los suicidios entre los jóvenes LGBTQ+, e Hillary Clinton se ha referido a ella como «el último ejemplo de la crueldad performativa que define la marca del Partido Republicano hoy en día». Sin embargo, preocupa el escaso éxito legal que los políticos, y otros, han tenido en la lucha contra este proyecto de ley, a pesar de las críticas generalizadas que ha suscitado. Aunque Disney ha decidido denunciarlo públicamente y a pesar de que ha habido paros escolares y manifestaciones públicas, estas han sido en gran medida ineficaces, lo que habla de la inutilidad de intentar resistir lo que es a fin de cuentas un arraigado sistema de represión.

Sin embargo, la marginación de las personas LGBTQ+ en Estados Unidos no se limita a Florida. No sólo hay otros estados que están a punto de seguir el mismo camino, como Kansas, Tennessee e Indiana, que ya están considerando medidas similares, sino que se han presentado más de 150 proyectos de ley anti-LGBT a nivel estatal en lo que va de sesión legislativa, la mayoría de los cuales se centran en el acceso a la asistencia sanitaria y la participación de los transexuales en el deporte. Por ejemplo, Iowa prohibió recientemente que las mujeres y las niñas transgénero participen en los deportes femeninos en las escuelas públicas y, en Texas, el gobernador Greg Abbott emitió una nueva orden ejecutiva para poner en marcha investigaciones sobre maltrato infantil a los padres que soliciten tratamiento médico de afirmación de género para niños y niñas transgénero.

En definitiva, aunque el año pasado la nueva Administración de Biden revocó la prohibición de Donald Trump de que las personas transgénero sirvieran en el ejército, los avances a nivel nacional se ven socavados por diversas iniciativas a nivel estatal para impulsar una legislación que podría ser perjudicial para los estudiantes LGBTQ+. La actitud de Biden puede ser prometedora, pero en el sistema político de Estados Unidos cada estado es una entidad soberana por derecho propio y, como tal, puede crear, hacer cumplir y aplicar sus propias leyes. Por lo tanto, poco se puede hacer para impedir que el discriminatorio proyecto «Derechos de los padres en la educación» se convierta en ley a pesar de la oposición pública.

Además, este proyecto de ley se podría ver como un reflejo de las medidas adoptadas en otros países para prohibir la «propaganda gay». En Rusia, por ejemplo, donde las personas LGBTQ+ siempre se han enfrentado a retos legales y sociales, se aprobaron en 2013 leyes federales que prohíben la distribución de «propaganda» a menores en que se promuevan «relaciones sexuales no tradicionales». Del mismo modo, Hungría ha aprobado una nueva ley que prohíbe «promover» la homosexualidad entre los menores y, aunque ya ha sido revocado, el Parlamento ucraniano aprobó con anterioridad un proyecto de ley que prohibía cualquier tipo de debate público sobre la orientación sexual y la identidad de género. Por tanto, el proyecto de ley sobre los derechos de los padres en la educación no es una ley aislada, sino que forma parte de un movimiento creciente en todo el mundo que pretende marginar y excluir a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y de género diverso de todos los aspectos de la sociedad mediante la aprobación de leyes y políticas discriminatorias.

Sin embargo, la preocupante regresión de los derechos LGBTQ+ va mucho más allá de estas leyes anti «propaganda» gay. Sólo en el último mes, el Congreso de Guatemala votó a favor de prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo y la enseñanza de la diversidad sexual, y el máximo tribunal de Singapur se ha negado a anular una prohibición del sexo gay. Y no sólo eso, sino que, a pesar de que los derechos LGBTQ+ en el Reino Unido son de los más avanzados de Europa, un tribunal británico bloqueó la semana pasada la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en las Islas Caimán y Bermudas, lo que se ha visto como un enorme golpe a la igualdad LGBTQ+. En general, ser LGBTQ+ sigue siendo ilegal en 71 países de todo el mundo, muchos de los cuales no reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, prohíben que parejas del mismo sexo adopten niños e impiden que las personas cambien legalmente de género. De hecho, los sentimientos anti-LGBTQ+ están tan arraigados hoy en día que un líder eclesiástico ruso llegó a culpar de la reciente invasión de Ucrania a los desfiles «pecaminosos» del Orgullo, a pesar de que no hay ninguna relación discernible entre ambos. Esencialmente, aunque se está avanzando en algunos países, parece haber una relación entre el aumento de los derechos en algunos países, y su empeoramiento o la eliminación en otros.

Para los miembros de la comunidad LGBTQ+, como yo, estos son momentos de gran incertidumbre. La lucha por la liberación del colectivo LGBTQ+ está lejos de haber terminado y, aunque existe una amplia red de activistas y organizaciones que hacen campaña sin descanso para garantizar los derechos de las personas LGBTQ+ en todo el mundo, la cruda realidad es que, en este momento de la historia, los derechos humanos no son una realidad para todos. En un mundo en el que cada avance va acompañado de una reacción violenta, la discriminación se está convirtiendo en una parte inevitable de la vida cotidiana de cada vez más personas. Por lo tanto, los responsables políticos de todo el mundo harían bien en recordar que los derechos LGBTQ+ son derechos humanos y que, al negar estos derechos a sus ciudadanos, están violando la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), un acto que sin duda suscitará una condena generalizada.

Molly Pimm es estudiante de segundo año de la Universidad de St Andrews, en Escocia, y está estudiando la carrera de Relaciones Internacionales. Molly escribe para la revista St Andrews Foreign Affairs Review y es miembro de la Red Universitaria de la Organización del Tratado de Oriente Medio. Este artículo se ha vuelto a publicar con el permiso de la autora.

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Traducido del inglés por David Meléndez Tormen

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