Allá por 2020 habíamos hecho un intento de introducir en el contexto latinoamericano al Uruguay, pequeña nación creada contra la voluntad de su máximo prócer, el General José Artigas, quién siempre predicó un único país que incluyera esos territorios, la actual Argentina, y un sector del Sur del Brasil. Claro que los imperios del siglo XIX y los traidores locales (porteños, caudillos litoraleños del río Uruguay vendidos a Buenos Aires, y oligarcas uruguayos) inventaron un territorio que alejase un enfrentamiento brasileño-argentino, por si acaso las mentes abarcatistas de uno u otro lado estuviesen cavilando alguna movida espacial.

En una segunda nota que publicásemos, contamos de los riesgos que se venían para ese País, al haber sido desplazada la izquierda después de 15 años de gobierno. Como todo compañero habitante de este subcontinente sabe, esos desplazamientos se deben a la instalación de un fuerte relato de derecha, acompañado del visto bueno del Imperio del Norte, y sus financiamientos ad-hoc. En el caso concreto del Uruguay, todas las promesas de campaña de la derecha fueron sólo aplicadas en beneficio de los grandes empresarios, en el terreno de las comunicaciones, en los efectos de alterar los mecanismos democráticos de la enseñanza, en el empleo de la tierra y en la escalada de violencia policial. Los resultados son idénticos a los producidos por el Macrismo en Argentina: miseria creciente en un marco de violencia mediática, donde lo único que escucha el común de las gentes es la palabra hegemónica.

Ya señalamos, de modo premonitorio, que un sistema parlamentario donde las mayorías son automáticamente alteradas por una simple elección, sin gradualismo de cambio de correlación de fuerzas, iba a conducir a una unidad en bloque de la derecha con la ultraderecha militarista e iba a desembocar en un dislate legal. Y así fue. Una “ley ómnibus” de casi 500 artículos fue sancionada por el parlamento apenas asumido el gobierno fascista de Lacalle Pou y sus adláteres. En el paquete, ilegible para los ciudadanos comunes, aún más para aquellos pobres y vulnerables, portadores del Síndrome de Estocolmo dependiente del capitalismo (con neto predominio en lo rural) se mezclaron de modo artero infinidad de daños a la vida y al bolsillo de los menos pudientes.

Para ser sencillo y breve, digamos que un inquilino buen pagador, por el mero hecho de incurrir en mora en un pago, se transforma en un deudor que debe pagar hasta un 60% de punitorio, y pasa a ser pasible de un desalojo inmediato. La excusa: “que puede alquilar sin presentar garantía”. Excusa absurda pues el riesgo es inmensamente superior a la supuesta ventaja. El Estado ya tenía instrumentados mecanismos de ayuda para inquilinos, que ahora son vulnerados a nivel catastrófico.

Otro grave daño a la conducta ciudadana es en los derechos sindicales. La policía puede desalojar cualquier toma del lugar de trabajo, no importa la causa de la medida de fuerza. La pésima situación salarial de los agentes antes de 2005, momento en que la izquierda toma el poder, fue resuelta; su equipamiento mejorado y hasta autorizada su sindicalización. Sin embargo ahora la misma policía reprime sin ton ni son, yendo sobre los militantes políticos y sobre todo aquel cuya cara exprese no pertenecer al “círculo de los buenos”, o sea cualquier pobre que circule.

En la enseñanza, aparte de los ya conocidos recortes presupuestarios que ocurren siempre de la mano de la derecha, se persigue a los docentes con sanciones por expresar su opinión. Pero en lo estructural, el Uruguay tiene un sistema de cogobierno en cada nivel de enseñanza donde los docentes (y en la Universidad los egresados y los estudiantes) participan de las resoluciones que hacen al funcionamiento de dichos niveles. Ahora, crecido el número de participantes de los concejos que pertenecen al gobierno, la caída de horas cátedra afecta el salario de los docentes y el número de educandos en instituciones públicas.

Un párrafo especial para la tenencia de la tierra. Se define como colono a quien trabaja su campo. Por ejemplo el líder militar Guido Manini Ríos y su mujer, explotan campos que deben ser trabajados por sus dueños, desde su cómoda casa en la capital. La explicación, poco y nada creíble, es que fue su suegro el que compró los campos al Instituto Nacional de Colonización. Este organismo, regulador de la distribución de la tierra, es atacado permanentemente por la derecha en su búsqueda de beneficiar a los sojeros y ganaderos. Los latifundistas son, desde la época colonial, los mayores traidores al principio artiguista de la repartición de la tierra.

Así seguiríamos contando atrocidades fascistas, como la organización de los militares en un partido y un par de organizaciones operadoras de venganza clasista. Intentan, entre otras cosas, sacar de prisión a los asesinos y torturadores procesados con pena en cumplimiento efectivo, argumentando que “es gente de edad avanzada”. Olvido visible de la corta edad que tuvieron las personas cuya sangre todavía tienen estos monstruos en sus manos.

El pueblo organizado, luego del dolor de perder el gobierno a manos de quien todos adivinaban lo que iba a hacer, asimiló el golpe y se rehízo. ¿Cómo? Porque la gente militante de base enseña el camino. No conozco casi uruguayos que, en el fragor de la batalla contra la oligarquía, se paren a preguntar al que tienen al lado de qué partido del conjunto de organizaciones que dan vida al Frente Amplio viene. Desde la creación de ese engendro llamado LUC (ley de urgente consideración), los compañeros decidieron ir por su derogación. La propia amplitud de la ley, llevó a los estudiosos a señalar que 135 de los artículos eran los más retrógrados en materia de derechos adquiridos por la población. Entonces decidieron solicitar, por recuento de firmas, un REFERENDUM para anular los 135 artículos. Aún quienes piensan que debería derogarse en su totalidad, se han plegado al voto ciudadano por la derogación. En plena pandemia, había que juntar algo menos de 700 mil firmas (en un país de menos de 3 millones y medio de habitantes) y la derecha especulaba que, entre los problemas internos que se desatasen en el Frente Amplio por la derrota electoral y el aislamiento pandémico, las mismas no se juntarían. Craso error. Se juntaron casi 800 mil. Porque de a uno, con una mesita en la feria del barrio, yendo en moto a buscar firmas de gente que llamaba pero no podía romper el aislamiento, convenciendo al vecino, o al primo ese que “no le interesa la política” y con la ayuda de los uruguayos en el extranjero que mandaron las firmas en planillas aéreas y fluviales, el pueblo uruguayo mostró que le planta cara al fascismo. Mostró que está a la altura de los compañeros chilenos, peruanos, bolivianos, hondureños. Que sabe de la lucha en Colombia, Brasil, la vigencia de Cuba y el cerco perverso a Venezuela.

Queda un paso más. El domingo 27 de marzo, van a las urnas en medio de una pelea desigual con los fascistas enquistados en los medios de comunicación pero con el temple del que sabe que en las plazas y calles está la verdad. En medio de un sistema de voto perverso donde el voto en blanco cuenta para la no derogación. Causa gracia tanto gorila iletrado y borracho encaramado al poder hablando de Artiguismo. Artigas, desde otra dimensión, los mira y repite su sabia prosa: “el despotismo cívico militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren inviolable la soberanía de los pueblos”. De esa inviolabilidad surge esta consulta. ¡Suerte gente maravillosa!