El «pase» viola los principios fundamentales de nuestra República

Por Barbara Stiegler (*)

Desde hace quince años, enseño ética y salud pública al personal sanitario que acude a la universidad para formarse. Juntos, intentamos comprender por qué el «consentimiento libre e informado» se ha convertido en la piedra angular de la ética biomédica.

Por qué el «consentimiento libre e informado» compensa la asimetría potencialmente peligrosa entre los pacientes (o sujetos sanos de un experimento) y el poder médico. Por qué sólo puede ser libre si se obtiene sin chantajes, amenazas o presiones psicológicas de ningún tipo, condición indispensable para que no sea «extorsionado». Por qué el acceso a la atención sanitaria nunca puede condicionarse a la aceptación del tratamiento propuesto y por qué un paciente que se niega a dar su consentimiento no puede ser excluido del sistema de atención médica con este pretexto. Por qué, de manera más general, y en contra de las últimas alegaciones de Emmanuel Macron, que violan todos los principios de nuestro contrato social, los derechos de los ciudadanos no pueden, en ningún caso, estar condicionados por la invocación de deberes previos. Por qué, finalmente, la obtención del consentimiento prohíbe cualquier recurso al argumento de autoridad del tipo: «¡Obedece, porque soy yo, o más bien las autoridades sanitarias, quienes saben lo que es bueno para usted!»

La libertad en el sentido entendido por la Ilustración (N.d.T. Siglo de las Luces), pero también por la llamada ley «Kouchner» del 4 de marzo de 2002 sobre los derechos de los pacientes y la democracia sanitaria (heredada a su vez de otra epidemia, la del virus del sida), se basa en la capacidad de razonar por sí mismo que debe atribuirse a todos los ciudadanos adultos (o en vías de serlo), sean cuales sean sus creencias o su nivel de educación. Todos los sujetos llamados a consentir deben ser considerados por principio, y nos guste o no, como sujetos racionales, capaces de deliberar juntos y de forma contradictoria sobre la verdad y el bien común (respublica), sin que ningún tutor de la humanidad pueda dictar el bien común por ellos (1).

La defensa de un sistema sanitario colectivo

Precisamente esta libertad fue invocada en las marchas contra el pase sanitario por miles de trabajadores sanitarios, vacunados o no, que expresaron que se negaban a violar estos principios fundamentales. Y es esta herencia del pensamiento de la Ilustración la que yo misma defendí marchando junto a ellos en las calles. Contrariamente a lo que han insinuado algunos comentarios difamatorios, esta libertad es exactamente lo contrario de la de los libertarios y partidarios de Donald Trump, para quienes cualquier consideración del bien común amenaza al individuo soberano en la ilimitación de sus deseos. Reducir las enormes manifestaciones de este verano a multitudes odiosas, irracionales e indiferentes al bien común ha sido una de las operaciones mediático-políticas más deshonestas de esta crisis sanitaria.

Pero también es una cierta idea de la salud pública la que me ha determinado a movilizarme con los parlamentarios y los actores e investigadores del sector (2). Como estamos comprometidos con la defensa de un sistema sanitario colectivo, sabemos que a veces las autoridades sanitarias deben imponer medidas preventivas haciéndolas obligatorias. Sin embargo, en el caso de un producto sanitario, esto sólo es aceptable si la relación riesgo-beneficio es indiscutible y si no existe otro medio de protección. En este caso, la vacunación se impone a todo el mundo sobre la base de una apuesta cuádruple: se supone que la vacunación masiva va à :

1) crear una inmunidad colectiva y erradicar las variantes;
2) proteger la vida de los demás evitando la contaminación;
3) como la de todos los individuos vacunados, como si fueran igualmente vulnerables al virus e idénticamente protegidos por la vacuna;
4) sin tener efectos perjudiciales graves para su salud. Podemos entender que una comunidad de ciudadanos agotados y gobernados por el miedo al reconfinamiento quiera creer en esta retórica de la promesa, aunque nosotros mismos seamos muy escépticos desde el principio.

Confiar en la visión de los profesionales de salud

Pero en un momento en que la propia comunidad científica cree cada vez menos

1) en la posibilidad de erradicar el virus y en la conquista de la inmunidad colectiva mediante estas vacunas;
2) en el argumento «cívico» de proteger la vida de los demás;
3) en la fantasma de la omnipotencia de las llamadas dosis de «refuerzo» que supuestamente «estimulan» a los jóvenes sanos (mientras que el público de riesgo es abandonado a su suerte frente a Doctolib, con una vacunación de los mayores de 60 años entre las más bajas de Europa Occidental) (3), y aunque los profesionales de la salud están obligados a constatar la realidad de ciertos incidentes post-vacunación (4), la información que se supone que debe esclarecer el consentimiento ya no es «justa» (como se especifica en el artículo 35 del código deontológico médico). La imposición universal de un pase sanitario y luego vacunal viola los principios fundamentales de nuestra ética, de nuestra salud pública y de nuestro derecho, al tiempo que obstaculiza la vida de comunidades enteras de pacientes, que se ven obligadas a elegir entre el temor a los efectos secundarios graves y su propia libertad.

Sin embargo, la gestión sanitaria de esta crisis es posible. Implica devolver el poder de prescripción a los propios profesionales de la salud y confiar en su sentido clínico, que implica la relación directa entre el personal médico y los pacientes, en el respeto de la ética y la salud pública. Dado que la vacuna no es una panacea, esta gestión sanitaria implica también el despliegue de un arsenal de medidas complementarias y variadas: una vacunación dirigida al público con riesgo de padecer formas graves de la enfermedad, combinada con un tratamiento, el tratamiento precoz de los síntomas, la distribución masiva de mascarillas FFP2 para las personas o eventos de riesgo y el equipamiento de todos los edificios públicos con sistemas de ventilación eficaces. ¿Por qué entonces los nuevos liberales que han tomado el poder en nuestro país persisten en esta gestión ineficiente y autoritaria? Porque el nuevo liberalismo que defienden se ha topado con un muro. La crisis ecológica y sanitaria obliga al neoliberalismo a reinventarse con urgencia, desmintiendo con dureza las promesas de una «globalización feliz».

Destierro de la sociedad

El pase sanitario y desde ahora pase vacunal permite que esta ideología del nuevo liberalismo, que ha sido hegemónica hasta ahora y que está empezando a entrar en crisis, vuelva a caer discretamente sobre sus pies, combinando:

1) la continua destrucción de los servicios públicos de salud, educación e investigación a través de la austeridad y la gestión administrativa de su personal;
2) El «solucionismo tecnológico» con su mantra de la innovación, que sirve tanto al capitalismo financiero de la Gran Farmacia como al cambio digital universal, al crear los enormes mercados de la sanidad electrónica (e-salud), el aprendizaje electrónico (e-aprendizaje) y el comercio electrónico (e-comercio);
3) el cuestionamiento de nuestro contrato social, con el destierro de la sociedad de millones de individuos privados de su ciudadanía (hoy los no vacunados, y pronto todos los demás ciudadanos no observantes o juzgados como no merecedores).

Al declarar con orgullo que «tiene muchas ganas de cabrear» a todos los que no puede «meter en la cárcel él mismo», Emmanuel Macron defiende una concepción de la política como la que se puede encontrar en el jurista alemán Carl Schmitt: que se basa en la partición amigos-enemigos, por un lado el caudillo y su manada («nosotros») y por el otro los enemigos internos («ellos») que deben ser «reducidos», es decir, sometidos o aniquilados. Invocar la salud y la protección del hospital público para imponer esta espantosa visión de la política ha sido una de las operaciones más perversas de estos cinco años.

Esperemos que esto tenga la virtud de despertar a todos los ciudadanos de este país, vacunados o no, preocupados o confiados por esta innovación, pero que siguen vinculados a una concepción republicana y democrática de nuestra comunidad política.