«La historia la escriben los vencedores. De esta manera, la abominable masacre de Hiroshima se nos ha presentado como un acto de guerra perfectamente justificado… Es evidente que el uso de armas nucleares, las causantes de asesinatos masivos indiscriminados, las que dejan a los supervivientes sufriendo durante décadas, constituyen una violación del derecho internacional», dijo el alcalde de Hiroshima, Takashi Hiraoka, ante la Corte Internacional de Justicia el 7 de noviembre de 1995.

Punto de vista según Jacqueline Cabasso*.

El 8 de julio de 2021 se cumple el 25º aniversario de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el estatus legal de las armas nucleares.

El Tribunal declaró por unanimidad que: «Existe la obligación de proseguir de buena fe y llevar a término las negociaciones que conduzcan al desarme nuclear en todos sus aspectos, bajo un control internacional estricto y eficaz».

El Tribunal también determinó que la amenaza o el uso de armas nucleares «en general» contradicen al derecho internacional que prohíbe infligir daños indiscriminados y desproporcionados a la población civil y al medio ambiente. No era la primera vez que las armas nucleares se someten al escrutinio del derecho internacional.

La primera resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada por consenso el 24 de enero de 1946, estableció una comisión del Consejo de Seguridad de la ONU para garantizar «la eliminación de los armamentos nacionales de las armas atómicas y también de otras armas masivas que están adaptadas para la destrucción en masa».

La histórica «Declaración sobre la prohibición del uso de armas nucleares y termonucleares» de 1961, adoptada por más de dos tercios de la Asamblea General de las Naciones Unidas, incluyendo la URSS, pero con la oposición de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y China; afirmaba que el uso de armamento nuclear «incluso sobrepasaría el alcance de la guerra. Causaría destrucción y sufrimiento de forma indiscriminada a la humanidad y sus civilizaciones. De hecho, contradice las normas del derecho internacional y a las leyes de la humanidad».

El Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) de 1970 contiene una obligación legal de desarme nuclear que vincula a los cinco Estados originales con armamento nuclear: Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Francia y China. Este tratado establece que: «Cada una de las Partes en el Tratado se compromete a entablar negociaciones de buena fe sobre las medidas efectivas que estén relacionadas a: la cesación de la carrera de armamentos nucleares en una fecha cercana y el desarme nuclear….»

Las obligaciones de desarme del TNP han sido reiteradas y reforzadas por los acuerdos realizados en relación con la Decisión de Prórroga del TNP de 1995 y las Conferencias de Examen del TNP de 2000 y 2010, así como por la Opinión Consultiva de la CIJ de 1996.

En 1984, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció: «Es evidente que el diseño, los ensayos, la fabricación, la posesión y el despliegue de armas nucleares se encuentran entre las mayores amenazas al derecho a la vida a las que se enfrenta la humanidad en la actualidad». El derecho a la vida está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que está conformado por los nueve Estados con armas nucleares, excepto China. (China lo ha firmado pero no lo ha ratificado).

En 2018, el Comité de Derechos Humanos retomó la cuestión y declaró: «La amenaza o el uso de armas de destrucción masiva y particularmente las armas nucleares que cumplen con su objetivo indiscriminadamente y que, dada su naturaleza, ocasionan la destrucción de vidas humanas a escala catastrófica, no son compatibles con el respeto del derecho a la vida, y puede constituir un delito en virtud del derecho internacional».

Citando el dictamen de la CIJ, el Comité consideró además que los Estados parte del PIDCP deben «respetar sus obligaciones internacionales de entablar negociaciones de buena fe para lograr el objetivo del desarme nuclear bajo un control internacional estricto y eficaz».

Otro acontecimiento reciente y ampliamente anunciado fue la negociación en 2017 del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW), que entró en vigor el 22 de enero de 2021. El TPNW prohíbe específicamente el desarrollo, la adquisición, la posesión, el uso o la amenaza de uso de armas nucleares para los países que lo han ratificado. Por tanto, refuerza la ilegalidad existente de la amenaza o el uso de armas nucleares aplicable a todos los Estados y añade otra capa a las prohibiciones de desarrollo y posesión aplicables a la mayoría de los Estados, establecidas en el TNP y en los tratados regionales de zonas libres de armas nucleares.

Aunque la TPNW representa el repudio total hacia las armas nucleares por parte de la mayoría de los estados que no las poseen, países como Estados Unidos, los otros ocho estados que poseen armas nucleares, y casi todos los países bajo el paraguas nuclear estadounidense fueron los que boicotearon las negociaciones. En una declaración conjunta tras la votación del 7 de julio de 2017 en las Naciones Unidas para adoptar el Tratado, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido declararon: «Nunca tendremos intención de firmar, ratificar ni formar parte [del Tratado]».

¿En qué punto se encuentra el mundo, veinticinco años después de que la Corte Internacional de Justicia declarara la obligación de conseguir el desarme nuclear mediante una negociación de buena fe? El Boletín de los Científicos Atómicos anunció el 27 de enero de 2021 que mantiene las manecillas de su Reloj del Juicio Final a 100 segundos antes de la medianoche. Esto es lo más cerca que hemos estado del abandono global, y declaran que: «Según nuestra estimación, la posibilidad de que el mundo estalle en una guerra nuclear, un peligro que ha estado latente en los últimos 75 años, aumentó en el 2020».

De hecho, las tensiones entre Estados Unidos y Rusia y entre Estados Unidos y China han aumentado peligrosamente, con focos de tensión en Ucrania y Taiwán que podrían dar lugar a enfrentamientos nucleares.

A pesar de las esperanzas de la nueva administración estadounidense, la solicitud presupuestaria del presidente Biden para el 2022 amplía la financiación de todas las actualizaciones de ojivas nucleares y sistemas vectores del presupuesto de Trump. También implementó una inversión masiva en la infraestructura de armas nucleares, destinada a proyectar la investigación, el desarrollo, la producción y el despliegue de armas nucleares hasta un poco más de la segunda mitad de este siglo.

Todos los estados con armas nucleares se están modernizando cualitativamente, y en algunos casos aumentando sus arsenales nucleares de forma cuantitativa. Según un informe reciente de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), los nueve estados con armamento nuclear gastaron 72 600 millones de dólares en armas nucleares en el 2020. A la cabeza se encuentra Estados Unidos, con el gasto de 37 400 millones de dólares, o 70 881 dólares por minuto.

La declaración conjunta del 21 de junio de 2021, con el presidente estadounidense Biden y el presidente ruso Putin, en la que «reafirman el principio de que no es posible ganar una guerra nuclear, y que nunca se debe librar», debe señalar el inicio de una nueva era de intensos esfuerzos diplomáticos que involucren centralmente a Estados Unidos, Rusia y China. Las drásticas reducciones de los arsenales nucleares de Estados Unidos y Rusia podrían dar lugar a amplias negociaciones de desarme con los demás estados que posean armas nucleares.

El reloj del Juicio Final está en marcha. Los Estados que tienen armamento nuclear y sus aliados deberían invertir su oposición al TPNW y acoger el Tratado como un paso positivo hacia la negociación del tan esperado acuerdo global sobre la consecución y el mantenimiento permanente de un mundo libre de armas nucleares. Un mundo en conformidad con el dictamen de la CIJ y otros requisitos del derecho internacional que preceden en décadas al TPNW. [IDN-InDepthNews – 05 julio 2021]

* Jacqueline Cabasso es Directora Ejecutiva de la Western States Legal Foundation, afiliada a la Asociación Internacional de Abogados contra las Armas Nucleares.

Foto: Las secuelas de una prueba nuclear realizada en Licorne, en la Polinesia Francesa, en 1971. Crédito: Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCEN).


Traducido del inglés por: Alanissis Flores

El artículo original se puede leer aquí